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Aragón Raises Housing Price Ceiling

12h

Aragón’s government raised protected-home price caps nearly 25% in 16 months, while Valencia’s city government had yet to pay rental aid to 550 eligible families.

elDiario.es
Ignacio González se sienta en el banquillo por el amaño del campo de golf que el PP construyó en el centro de Madrid

El expresidente regional afronta peticiones de hasta 16 años de cárcel en el primero de los tres juicios que tiene pendiente por la corrupción en el Canal de Isabel II, que se remonta a hace más de veinte años El PP de Madrid se erige en látigo contra la corrupción. . . con decenas de condenados y varios juicios pendientes “Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en el extranjero” . La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre asumió en 2018 en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas.   Casi una década después de aquellas palabras, esa infraestructura deportiva está demolida después que fuera declarada ilegal tras la oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120. 000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Y quien fuera su delfín Ignacio González se sienta en el banquillo acusado de urdir un sistema para que las adjudicaciones de ese proyecto “recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares”.   La Audiencia Nacional acoge a partir de este martes el primero de los tres juicios pendientes que tiene Ignacio González por el llamado caso Lezo , el macrosumario que durante casi siete meses de 2017 le hizo cambiar su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real. En esos procedimientos se le acusa de haber cobrado mordidas millonarias y de haber amañado contratos durante la época en la que estuvo al frente del Canal de Isabel II . Presidió esa empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo a Esperanza Aguirre.   La vista oral que se inicia este martes deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del citado campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II . El auto de apertura de juicio oral recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer a su hermano y su cuñado, a los que la empresa pública adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto.   La Fiscalía solicita en esta pieza para González seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, ya que suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1, 5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años.   Los hechos que se van a enjuiciar se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.    Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos.   TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266. 972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.   Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504. 780 euros, según recoge la resolución judicial. Ocho sesiones y medio centenar de testigos  Según el calendario fijado por el tribunal, la vista se extenderá durante ocho sesiones. Acabará previsiblemente días antes de que se inicie la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Está previsto que declaren casi medio centenar de testigos. Entre ellos, más de una decena de exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y altos cargos autonómicos y municipales durante el periodo investigado. Figuran en este listado la expresidenta Esperanza Aguirre o los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Mariano Zabía, Engracia Hidalgo, Elvira Rodríguez o Fernando Merry que, a su vez, formaban parte en esa época del consejo de la empresa pública.   También están citados hasta 22 técnicos, entre ingenieros, directores de proyecto y personal técnico que intervinieron en la tramitación, supervisión, informes y seguimiento de las obras. Algunos de ellos llegaron a estar imputados durante la investigación. Entre los citados como testigos figuran también casi una decena de directivos de las sociedades adjudicatarias de las obras (Dragados/ACS, UTE gestora Green Canal Golf, Soto Once e Iridium), así como de las mercantiles subcontratadas para la ejecución de los trabajos.   Deberá comparecer, asimismo, Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, a quien se le cita en relación con los presuntos beneficios económicos y comisiones derivadas del desvío de fondos a favor de los familiares del expresidente.   La compra “inflada” de Emissão El reparto de comisiones también sobrevuela otra de las piezas del caso Lezo que llevarán a González al banquillo en 2027. Se trata de la que indagó en la compra “inflada” de la sociedad brasileña Emissão por parte del Canal entre 2012 y 2014. La adquisición del 75% de esa compañía, que se supone que abría las puertas de la empresa pública al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. Los investigadores calculan que esta operación generó un perjuicio de entre 6, 4 y 9, 6 millones de euros para las arcas públicas “debido al sobreprecio pagado”.   En ese “sobreprecio” estaban incluidas las “ilícitas comisiones” que fueron a parar al bolsillo de los investigados, según detalla el auto de apertura de juicio oral, de marzo de 2020. Aquí González sí habría sido beneficiario directo de esa mordida. Y además habría sacado más tajada que sus colaboradores en un reparto de comisiones que supuestamente él mismo se encargó de hacer: mientras fijó para sí mismo una mordida de 1, 8 millones de dólares, reservó para los otros cuatro imputados 900. 000 dólares por cabeza. Entre los que supuestamente recibieron mordidas está Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro confeso de González en esta operación y su hombre fuerte en Latinoamérica. La Fiscalía atribuye en esta causa al expresidente madrileño delitos de fraude a la Administración en concurso con malversación y solicita para él ocho años de cárcel. La Comunidad de Madrid eleva la petición a once años.   Otra supuesta comisión —en este caso, 1, 8 millones de euros a repartir con su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel— está detrás de la tercera pieza del ‘caso Lezo’ que sentará en el banquillo al expresidente madrileño . Es el dinero que supuestamente ambos habrían cobrado a cambio de la adjudicación en 2007 a OHL por 360 millones de euros del fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Según el auto de apertura de juicio oral, del 4 de junio, la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir obtuvo dicho contrato a través de un concierto criminal entre su consejero Javier López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás con González y De Miguel.   La Fiscalía solicita que se condene a cuatro años de cárcel a González por delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil. Según la resolución judicial, los directivos de OHL idearon un “plan” para hacerse con la licitación que consistía en presentar la oferta más baja en costes y asegurarse la concesión y también la posterior modificación del proyecto. La idea era que compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja por medio de la citada mordida de 2, 5 millones de dólares (1, 8 millones de euros al cambio de entonces). En el otro lado de la trama estaban González y De Miguel. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación.   Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de la constructora, y Adrián de la Joya, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza . De la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba el dinero de la mordida, que acabó en las manos de De Miguel para su reparto.  

Ignacio González se sienta en el banquillo por el amaño del campo de golf que el PP construyó en el centro de Madrid
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El juicio a las parejas que llevan años juntas y quieren vivir separadas: "La gente piensa que no es una relación de verdad"

Cada vez más personas mantienen relaciones sexoafectivas sin convivencia, un fenómeno que tiene nombre ('living apart together', LAT por sus siglas en inglés) y que aún desafía el férreo estándar social que asocia la estabilidad y el compromiso a dar este paso que se presupone como "lógico" Moncloa imagina la España de 2050: más diversidad, casas más pequeñas y la “familia elegida” gana peso Keka Puchades y Chema Ricart se conocen al dedillo los horarios de los trenes de alta velocidad que hacen el trayecto Madrid-Barcelona. Son pareja desde hace más de 12 años, pero siguen viviendo cada uno en una ciudad. Se casaron hace dos años y, aunque muchas personas pensaron que sí, que ahora ya sí iban a empezar a convivir, continúan manteniendo su modelo. “No es que no podamos vivir juntos, es que la relación funciona muy bien así y no tenemos ninguna necesidad de cambiar”, explica Keka, de 52 años. Aunque no es lo mayoritario, no son pocas las parejas que llevan tiempo juntas y residen en casas separadas. Y no porque haya algo que les obligue a hacerlo, sino porque así lo han elegido expresamente. Es un fenómeno que lleva tiempo estudiándose y tiene hasta nombre: son las llamadas relaciones LAT, living apart together por sus siglas en inglés, que significa “juntos pero separados”. Una elección que todavía desafía el estándar social de lo que se supone que es ser una pareja y que asocia la estabilidad afectiva a la convivencia. El Código Civil la establece como una “obligación” del matrimonio. “Para nosotros nuestra relación es así, es plena y completa sin necesidad de convivir y eso hace que ninguno de los dos tenga que renunciar a su entorno para estar con el otro”, apunta Keka, que conoció a Chema, seis años mayor que ella, cuando tenía dos hijos pequeños de una pareja anterior. Ya entonces ella vivía en la capital, él en Barcelona y cada uno tenía “su vida montada”, su familia y sus amistades en una ciudad diferente. “Al principio nos veíamos en Zaragoza, fue pasando el tiempo y la realidad es que funcionaba muy bien, cuando nos veíamos estábamos súper a gusto”. Para verse, suelen alternar estancias largas con visitas más cortas. “Cuando viene él se queda dos, tres semanas o un mes y luego igual pasan tres y voy yo cuatro días”, dice Keka. Han llegado a convivir durante algunos meses, pero eso no les hace cambiar de opción, incluso ahora que sus hijos son mayores y Chema puede teletrabajar desde cualquier lugar. “Nuestro compromiso es a largo plazo, pero nuestra relación respeta mucho la vida que el otro tenía ya formada”, cuenta la mujer, para la que, el hecho de haberlo hecho ya previamente con otras relaciones, influye: “No teníamos la necesidad de marcar ningún 'check' en la pareja. Todo eso, cuando ya lo has hecho, es diferente”. Los estudios que abordan el fenómeno revelan un “aumento notable” de estas relaciones en las últimas décadas debido a cambios sociales como el divorcio o la “diversificación” de los tipos de relación, según el estudio Vivir separados pero juntos en la España contemporánea , publicado en 2024 en la revista Advances in Life Course Research. Es de hecho, uno de los pronósticos que la Oficina Nacional de Prospectiva Estratégica de Moncloa acaba de hacer para 2050 : habrá menos convivencia “sin renunciar al compromiso”, una tendencia que ya se da. El porcentaje de mujeres que vivían con sus parejas en 1980 ha pasado del 90% al 60 o 70% según la edad. Xavier Roigé, experto en transformaciones familiares y catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona, explica que, por regla general, existen “diferentes perfiles” de parejas LAT y distintos motivos para serlo. “Hay personas que eligen el modelo para proteger su independencia y sus espacios o evitar el desgaste cotidiano. Es algo que suelen hacer con más frecuencia personas divorciadas, viudas o solteras de cierta edad. También hay parejas que no es que no quieran convivir, sino que hay circunstancias que les fuerzan, por ejemplo vivir en ciudades diferentes o no poder emanciparse debido a la precariedad laboral o la falta de acceso a la vivienda”. Según el estudio, las personas de entre 20 y 24 años esgrimen considerarse “demasiado joven” como motivo principal para vivir separadas de sus parejas, mientras que las preocupaciones financieras y laborales pasan a ser el motivo predominante de quienes tienen entre 25 y 34 años. Es decir, si pudieran emanciparse, tomarían la decisión de convivir. Por encima de esa franja de edad, cobran especial relevancia otros motivos como el deseo de mantener la independencia o el hecho de tener hijos de relaciones anteriores. Una “relación-relación” Si la crisis de la vivienda y las condiciones económicas atraviesan las decisiones de quienes no pueden vivir juntos o incluso de las parejas que no pueden separarse por este motivo, también —pero en el sentido inverso— juegan en algunos casos un papel en el caso de las parejas LAT. Y es que varias de las personas consultadas para este reportaje coinciden en apuntar a la “suerte” o al “privilegio” de poder vivir solas. De hecho, la única vez que recientemente Keka y Chema se han replanteado la decisión fue en marzo de 2025, cuando ante una posible subida de su alquiler por la renovación del contrato, pensaba que no podría pagarlo él solo. El “privilegio de poder permitirme una vivienda” es algo que nombra Jara, que tras vivir con dos parejas diferentes, a los 38 decidió que no lo haría en el futuro. “Uno de los aprendizajes que saqué es quería conservar mi independencia, tener mi parcela de vida y luego una vida en común”, afirma esta madrileña de 47 años que prefiere usar un nombre ficticio. Desde 2022 tiene una relación estable con Rodrigo sin convivencia y, aunque reconoce que su entorno más cercano es de mente “abierta” y no lo juzga, cuando sale de su “burbuja”, el cuestionamiento y la presión están ahí. “Lo que suele pensar la gente es que la relación no es lo suficientemente estable o no está bien construida. Cuando dices que no vives con tu pareja porque no quieres, la cara de sospecha es habitual. Y, en mi experiencia, en una relación heterosexual, se da por hecho que es él el que no está comprometido contigo y nosotras estuviéramos esperando todo el rato dar esos pasos”, cuenta Jara, que recuerda cómo, hace poco tiempo, alguien con quien comentaba algo sobre su pareja le dijo: “A ver, es que como la tuya no es una relación-relación. . . ”. Menciona también cómo la familia de su novio lo ve extraño: “Para su padre creo que soy una persona con la que a veces sale a cenar”. Los comentarios o miradas que cuestionan su elección también son percibidas por Keka. “La pregunta de cuándo nos vamos a ir a vivir juntos siempre ha sido recurrente y, al responder, la gente suele decir 'bueno, sí, ya veréis como más adelante ocurre'. Es como si no llegaran a creérselo. Cuando nos casamos, volvimos a la casilla de salida y la gente nos decía: 'ahhh, ahora sí'. Ves muchas caras de asombro, sigue siendo algo que no se comprende”, cuenta. Mantener la red en el barrio Jara tenía claro que no viviría con su pareja antes de conocer a Rodrigo, pero además él tiene tres hijos de su exmujer, por lo que es un motivo más de peso. Como tiene custodia compartida, la semana que él no está con ellos, se ven y duermen juntos todos los días. Tener niños o niñas es un factor que influye, pero no en todos los casos: Pedro y Sofía tienen 36 y 38 años respectivamente y llevan cinco juntos, pero viven separados. En alguna ocasión se han planteado cambiar de modelo, pero siempre han decidido que no por “diferentes factores” y, sobre todo, porque ambos residen en barrios diferentes de Madrid en los que han construido su red y su vida, a las que ninguno quiere renunciar. “En realidad estamos bien así y no vemos en la convivencia una mejora en la relación, que ya de por sí es buena. Esto nos permite mantener una cotidianidad con nuestro entorno y a la vez compartir espacios”, sostiene Sofía, que remarca lo habitual que es el “tener que justificarnos y dar explicaciones” cuando cuentan que no conviven. “En el ámbito familiar a veces nos sentimos obligades a hacer cosas como ir a una reunión, por ejemplo, porque parece que tenemos que demostrar que nos queremos”, añade. Un desafío en varios ámbitos a lo socialmente establecido es la vida de Óscar, que lleva seis años con su novio Ricardo en una relación no monógama . Los motivos para no convivir con él son dos, dice: por un lado, la “profunda suerte” de llevar pagando el mismo alquiler en Madrid durante los últimos 14 años. Y por otro, el hecho de que Ricardo vive con dos parejas más, con las que lleva 20 y ocho años respectivamente. “No es algo que nos hayamos replanteado, pero tengo claro que si podemos seguir así es por el precio que pago de alquiler”, afirma. En su caso, la extrañeza ajena tiene mucho que ver con su tipo de relación, aunque el hecho de que su entorno sea afín minimiza mucho el cuestionamiento. En ocasiones, sí siente —“no es nada explícito”, dice— que “hay cierta duda, como si esto no fuera en serio y estuviéramos pasando el rato”, menciona. A pesar de la presión y del mandato que asume que el paso “lógico” en una relación que llega a un determinado punto es el de la convivencia, cada vez son más quienes se plantean que existen otras opciones. Y que, para ellos, son una ventaja: “Después de 12 años juntos nos seguimos echando de menos, hay muchos conflictos de la convivencia y del día a día que no vivimos, así que es muy fácil no estar enfadado. El tiempo que pasamos juntos es súper preciado y lo aprovechamos al máximo. La gente puede pensar que no es una relación de verdad. Bueno, pues a mí me vale una relación de mentira”, ironiza entre risas Keka.

El juicio a las parejas que llevan años juntas y quieren vivir separadas: "La gente piensa que no es una relación de verdad"
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