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[EN·ES·FR] I wrote to the governments of Brazil, Haiti, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Jamaica, Peru, Paraguay and Venezuela to request information on their progress towards joining ...

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El gobierno colombiano anunció la creación de una Comisión Intersectorial y una Hoja de Ruta para implementar el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca fortalecer la participación ciudadana en decisiones ambientales, proteger los derechos humanos y abordar crisis climática y pérdida de biodiversidad. El documento establece 18 acciones prioritarias con responsables institucionales, cronogramas y mecanismos de seguimiento para ejecutar el tratado en todo el país en un plazo máximo de 4 años. La iniciativa fue desarrollada en colaboración con pueblos indígenas, organizaciones campesinas, academia y sector privado, destacando su enfoque participativo. Organizaciones sociales celebran la medida como un avance para garantizar que el Estado escuche a la ciudadanía en temas ambientales. Sin embargo, se resalta la necesidad de fortalecer normativas para proteger a líderes ambientales, quienes enfrentan altos índices de asesinatos en Colombia.

El próximo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, descartó la posibilidad de que el gobierno entrante revoque la ratificación del Acuerdo de Escazú, un pacto firmado en 2019 para enfrentar la crisis climática y proteger la biodiversidad en América Latina. En una entrevista, Arjona destacó que el acuerdo ya está firmado y que se debe priorizar su implementación institucional. La exsenadora María Fernanda Cabal criticó el acuerdo como una herramienta de la 'extrema izquierda' que amenaza la soberanía nacional, mientras que otros líderes ambientales lo ven como clave para proteger a defensores de la naturaleza. Colombia, con más líderes ambientales asesinados que cualquier otro país, enfrenta desafíos críticos en la conservación de su ecosistema. La Corte Constitucional incluyó el acuerdo en el ordenamiento jurídico en 2024, pero su aplicación aún no se ha consolidado. La consulta pública para definir su implementación sigue en curso, pese a la controversia generada por figuras políticas como Cabal.