El gobierno argentino anunció una nueva medida que obliga a los extranjeros sin residencia permanente en el país a pagar por servicios de salud no urgentes en los hospitales públicos. La política, firmada por el ministro Mario Lugones, establece que los residentes permanentes tendrán acceso igual al sistema nacional de salud, mientras que los no residentes deberán contar con seguro o abonar directamente los gastos. Se exime a las emergencias médicas, que serán atendidas sin costo. La medida generó críticas por afectar la accesibilidad para quienes no tienen documentación completa, aunque se permite presentar una constancia de trámite migratorio. Además, el gobierno reafirmó que las universidades pueden cobrar a estudiantes extranjeros, lo cual refleja una tendencia hacia la regulación de servicios públicos con condiciones específicas para residentes. Esta política busca equilibrar recursos en el sistema sanitario, pero enfrenta desafíos en su implementación.