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El recurso extraordinario de revisión es una figura excepcional dentro del sistema contencioso-administrativo español, destinada a impugnar sentencias firmes cuando concurren circunstancias específicas que comprometen la justicia del proceso original. Regulado por el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), permite la revisión por cuatro motivos fundamentales: la recuperación de documentos decisivos no aportados por fuerza mayor o actuación de la parte beneficiada, la falsedad de documentos o su reconocimiento posterior, la condena por falso testimonio de testigos determinantes y la existencia de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta. Adicionalmente, se añade un quinto motivo relacionado con sentencias firmes que resulten contrarias a derechos reconocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales. La competencia para conocer estos recursos recae en distintos órganos judiciales según el ámbito y el tipo de resolución, destacando el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. El procedimiento se caracteriza por su regulación específica, plazos concretos y la obligatoriedad de un depósito previo, con el objetivo de garantizar la seriedad y la eficacia de la revisión. Este recurso, aunque poco frecuente, constituye un mecanismo crucial para subsanar irregularidades graves en la administración de justicia, cerrando el sistema de recursos y asegurando la tutela de derechos.