Los 15 acusados deciden esta semana si aceptan la petición fiscal o van a juicio, donde se enfrentan a penas de más de 15 años de prisión

La noticia analiza cómo el escándalo de irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en la urbanización Les Naus, en Alacant, ha destapado problemas similares en otras regiones de España. En esta promoción cercana a la playa de San Juan, se han detectado adjudicaciones a miembros del Ayuntamiento, funcionarios y personas de su entorno, con sueldos elevados y sin verificación adecuada de requisitos como ingresos o patrimonio, lo que ha derivado en una investigación judicial. Este caso ha generado una cascada de denuncias: en València, comercialización previa irregular de VPO; en Sant Joan (Alacant), captación de clientes antes de la adjudicación; en Valladolid, desclasificación de 'Villa Gaviota' tras adjudicaciones dudosas a vinculados al Ayuntamiento; en Palencia, un chalet adjudicado a una concejala del PP; en Logroño, delegación en promotoras de la selección de compradores; en Aragón, ausencia de registros centralizados según la Cámara de Cuentas; y en Málaga, críticas por destinar VPO a rentas altas en vez de a vulnerables. En Euskadi se han confirmado sanciones por prácticas fraudulentas, como vincular ventas a compra de elementos fijos. La fragmentación normativa entre las 17 comunidades autónomas complica los controles: tiempos de protección variables (de 10 a 50 años o permanentes), existencia o no de registros únicos de demandantes y viviendas, y escasa intervención estatal tras anulación de artículos de la ley de vivienda por invasión de competencias. Expertos como Javier Burón reclaman registros autonómicos universales, control administrativo total de adjudicaciones y protección permanente para evitar especulación. Organizaciones como Facua critican márgenes excesivos de promotoras y precios elevados que excluyen a familias de bajos ingresos. El debate se reabre en un contexto de reactivación inmobiliaria y crisis de acceso a la vivienda, exigiendo mayor transparencia y rigor para que las VPO cumplan su función social.