⚔️ Pugilato, el neonazi condenado por delitos de odio, provoca la ira de un concejal del PP de León. 💢"Es un personaje conocido dentro del entorno neonazi", sostiene Miquel Ramos en #MalasLenguas.

Mientras el presupuesto militar bate récords y los delitos de odio marcan máximos históricos, este 2 de octubre conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿qué tipo de seguridad estamos pagando?

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La Guardia Civil imputa delitos de odio a los arrestados, que han pasado a disposición judicial, tras la difusión de los vídeos del ataque a dos jóvenes de origen extranjero

La Guardia Civil arrestó a cinco personas, dos menores de edad, por su presunta implicación en agresiones de odio contra al menos dos jóvenes de origen extranjero en Tavernes de la Valldigna, Valencia. Los hechos, algunos grabados en vídeo, se investigan como delitos de odio y los detenidos mayores

La Guardia Civil imputa delitos de odio a los arrestados, que han pasado a disposición judicial, tras la difusión de los vídeos del ataque a dos jóvenes de origen extranjero

La Guardia Civil imputa delitos de odio a los arrestados, que han pasado a disposición judicial, tras la difusión de los vídeos del ataque a dos jóvenes de origen extranjero

La Guardia Civil imputa delitos de odio a los arrestados, que han pasado a disposición judicial, tras la difusión de los vídeos del ataque a dos jóvenes de origen extranjero

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este miércoles que la Justicia del país absolvió a los periodistas Luis López y Gabriel González, acusados de los presuntos delitos de instigación e incitación al odio y otros, lo que concluye un proceso judicial de más de dos años.

Almería Diversidad denuncia 28 casos de odio LGTBIQ+ en 2025 y exige protocolos de protección tras una cadena de agresiones en varias ciudades españolas.

La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio de Valencia contra Daniel Esteve, propietario de la empresa Desokupa, por una serie de vídeos en los que incita al odio y lanza amenazas contra personas migrantes. Según la denuncia, Esteve difunde bulos racistas, fabrica noticias falsas y señala a migrantes como responsables de delitos cometidos por ciudadanos españoles, utilizando estrategias como insultos, difamaciones y amenazas. En los vídeos, Esteve emplea frases como «sois basura» o «os vais a cagar», y en uno de ellos presume de una foto junto al empresario Aldama, acusado de defraudar 182 millones de euros según la UCO. La denuncia se basa en el artículo 510.1 del Código Penal español, que castiga con penas de prisión de uno a cuatro años a quienes inciten públicamente al odio o la violencia por motivos racistas. ACO ha recogido más de 20.000 firmas en una campaña para respaldar la denuncia, destacando que los ataques sistemáticos contra migrantes no pueden ampararse en la libertad de expresión, ya que constituyen delitos de incitación al odio. La asociación ha reiterado que las continuas difamaciones, insultos, señalamientos, bulos y amenazas son incompatibles con el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. El contenido de la denuncia incluye grabaciones que muestran cómo Esteve, sin esperar a las investigaciones policiales, atribuye delitos a migrantes, incluidos menores, y los presenta como potenciales autores de robos, violaciones o apuñalamientos. ACO ha llamado a la sociedad a unirse en la defensa de los derechos de los migrantes y a denunciar cualquier acto de odio o discriminación. La asociación continúa su labor de presentar denuncias y promover campañas para combatir el odio y la discriminación en España.

Según el alto tribunal, no hubo delitos de detención ilegal, lesiones y odio por parte del consejero de Seguridad en el recibimiento a los miembros de la Flotilla a su llegada de Palestina.

Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía especializada de delitos de odio y discriminación de la Provincia de Barcelona contra un usuario conocido como Jan Sin Miedo, quien difunde en redes sociales contenido que incita a agredir a personas de origen magrebí y subsahariano. El denunciado, identificado como un 'influencer de la xenofobia', graba a personas racializadas mientras las rocía con gas pimienta en la cara, compartiendo estos vídeos que acumulan más de dos millones de visualizaciones en algunos casos. En uno de sus últimos vídeos, se observa cómo el usuario ataca a un trabajador de aspecto magrebí que le reprochaba estar siendo grabado durante su labor. El denunciado, siempre ocultando su rostro bajo un pasamontañas y con la voz distorsionada, vincula la inmigración con la delincuencia y anima a sus seguidores a replicar su conducta, incluso ofreciendo tutoriales sobre el uso del spray de pimienta. La denuncia de ACO señala que la difusión de estas agresiones y los tutoriales promueven el odio, la hostilidad y la violencia por motivos racistas, vulnerando el artículo 510 del Código Penal con la agravante de difusión por internet. ACO critica que este contenido circula libremente con millones de visualizaciones sin que las plataformas ni la justicia lo detengan, incluso siendo invitado a canales de YouTube para exponer su discurso xenófobo. La asociación ha solicitado a la Fiscalía que ordene la actuación de la policía judicial y solicite información a las plataformas tecnológicas para identificar y llevar ante los tribunales al denunciado. ACO subraya que Jan Sin Miedo se hace llamar 'sin miedo' porque no teme a las consecuencias de sus agresiones racistas, y que su contenido representa una escalada racista que está calando entre quienes han normalizado el odio en las redes sociales. La asociación pide a la justicia que actúe para frenar esta tendencia y proteger a las personas racializadas de agresiones motivadas por el racismo.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado una investigación preprocesal contra Daniel Esteve, líder de la organización Desokupa, tras una denuncia presentada por Acción Contra el Odio (ACO). Según la información proporcionada, Esteve difundió mensajes en la red social X que asociaban la inmigración con la delincuencia, utilizando bulos y fabricando información falsa. La sección especializada en delitos de odio y discriminación considera que estos hechos podrían constituir un delito de incitación al odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal, con penas de prisión de uno a cuatro años. ACO, organización dedicada a combatir el odio y la discriminación, ha valorado positivamente la apertura de esta investigación, destacando que los mensajes que vinculan la migración con la delincuencia buscan incitar a la hostilidad y violencia hacia las personas migrantes y colectivos vulnerables. La directora de ACO, la abogada Pastora Filigrana, ha señalado que es necesario acabar con la impunidad de estos discursos de odio, que no pueden ampararse en el derecho a la libertad de expresión. Además, ha expresado la esperanza de que esta investigación sea el primer paso hacia una jurisprudencia eficaz para combatir los delitos de incitación al odio. ACO ha destacado que la apertura de la investigación es una victoria lograda gracias al respaldo de más de 20.000 personas que firmaron la denuncia. La organización continúa defendiendo que la incitación al odio no debe ser un negocio lucrativo para figuras ultraderechistas como Esteve, y ha llamado a sumar apoyos para seguir luchando contra la industria del bulo, el odio y la desinformación. La noticia refleja un caso relevante en el ámbito de la justicia y los derechos humanos, destacando la importancia de combatir los discursos que promueven la discriminación y la violencia hacia colectivos vulnerables.

El alcalde Zohran Mamdani presentó este martes la primera estrategia municipal de Nueva York para combatir el antisemitismo, un plan que concentra recursos en la prevención de delitos de odio, la seguridad de instituciones judías, la educación y el respaldo a las víctimas. La iniciativa contempla $7.4 millones de dólares en nuevas asignaciones: $6.4 millones para Partners Against the Hate (P.A.T.H.), destinados a organizaciones comunitarias que trabajan en prevención y apoyo a sobrevivientes, y otro millón de dólares para reforzar la seguridad física de sinagogas y otros lugares de culto.

Mamdani es muy crítico con el genocidio israelí contra Palestina. La estrategia descansa en la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, creada para luchar contra los delitos de odio.

La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación contra el Consorcio Regional de Transportes y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. La denuncia se centra en la medida que, desde el 15 de junio de 2026, exige acreditación de residencia en un municipio de la Comunidad para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal), una tarjeta que permite el uso ilimitado del transporte público a un precio fijo. Según ACO, esta normativa, que afecta principalmente a migrantes en situación irregular, es xenófoba y aporofóbica, discriminando a colectivos vulnerables. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, en una declaración ante la prensa el 15 de junio, exoneró a los estudiantes residentes en otras regiones de este requisito, lo que evidencia un objetivo de exclusión de trabajadores migrantes no empadronados en Madrid. La denuncia argumenta que la medida viola el derecho a la igualdad y podría constituir un delito de denegación discriminatoria de servicios públicos según el artículo 511 del Código Penal, así como un posible delito de prevaricación según el artículo 404 del mismo código. ACO señala que, aunque el empadronamiento es obligatorio para todos los residentes, en la práctica muchos ayuntamientos dificultan este proceso para migrantes, exigiendo documentos como contrato de arrendamiento o título de propiedad, inaccesibles para personas en situación de vulnerabilidad. La asociación subraya que, aunque la norma no menciona directamente la nacionalidad, afecta mayoritariamente a migrantes en situación de exclusión social, lo que constituye una discriminación encubierta. La denuncia busca visibilizar estas prácticas y promover el acceso equitativo a los servicios públicos para todos los residentes, independientemente de su situación administrativa.