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Starbucks ha recibido fuertes críticas por abrir dos nuevas tiendas en la región china de Xinjiang, una zona donde se han denunciado abusos contra la población musulmana uigur. La cadena de cafeterías estadounidense abrió los establecimientos en Urumqi, la capital regional, lo que ha sido celebrado por los medios estatales chinos. Organizaciones de derechos humanos y un influyente legislador estadounidense, John Moolenaar, presidente del Comité de la Cámara de Representantes sobre China, han calificado la decisión como 'moralmente indignante', argumentando que vincula a una marca icónica estadounidense con la supuesta campaña del Partido Comunista Chino contra los uigures. Las Naciones Unidas advirtieron en 2022 sobre posibles crímenes contra la humanidad en Xinjiang, incluyendo la detención de más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en campos de reeducación. Aunque el gobierno chino niega las acusaciones y afirma que sus políticas han erradicado el extremismo y fomentado el desarrollo económico, las organizaciones de derechos humanos sostienen que persisten graves abusos, como el trabajo forzado. El Congreso Mundial Uigur, grupo de defensa de los derechos de esta minoría, señaló que Starbucks 'elige ignorar una grave situación de derechos humanos' al expandirse en la región. Además, Estados Unidos ha impuesto sanciones en respuesta a los presuntos abusos y varias marcas occidentales han sido objeto de críticas por sus vínculos con Xinjiang. El gobierno chino ha invertido significativamente en la región, que se ha convertido en una de las de más rápido crecimiento del país, promoviendo también un auge del turismo. En 2023, Starbucks anunció la venta de una participación mayoritaria de sus operaciones en China a la firma de inversión Boya Capital, con el objetivo de revitalizar sus negocios en su segundo mercado más importante. La apertura de las nuevas tiendas en Xinjiang ha generado un debate sobre la responsabilidad corporativa y la ética empresarial en contextos de violaciones de derechos humanos.

Página de detalle de un artículo del blog del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con Trastorno Mental Grave de Valencia

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Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

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«Cuando llegue ese momento, probablemente no querremos que nos miren como una carga, sino como lo que siempre fuimos y seguiremos siendo, personas con una vida detrás, una vida por delante y exacta…

La noticia aborda la historia de la 'Guerra Sucia' en México, una serie de operaciones militares y represión que ocurrieron entre 1965 y 1990, que involucraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad. El artículo se centra en el caso de los generales del Ejército Mexicano, especialmente el general Quirós Hermosillo, quien fue acusado de responsabilidad en la desaparición forzada de cientos de personas en Guerrero. Durante su juicio en 2002, Quirós Hermosillo intentó vincular a altos mandos militares y a estructuras superiores del Ejército, argumentando que las órdenes provenían de autoridades superiores, incluyendo a presidentes de la República y secretarios de la Defensa Nacional. Sin embargo, al negarse a revelar nombres, argumentó que hablar provocaría una 'crisis de seguridad nacional'. El artículo destaca que la investigación sobre estos crímenes buscó evitar vincularlos con las estructuras jerárquicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que permitió que los mandos superiores y la institución no fueran responsables directos. César Contreras León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señala que los crímenes no fueron obra de 'unas cuantas manzanas podridas', sino parte de un plan de contrainsurgencia diseñado y orquestado por el Estado y la Sedena. El artículo menciona operaciones como 'Telaraña', 'Luciérnaga', el Grupo de Tareas Zorba y la Brigada Especial, que formaban parte de una estrategia amplia de terror implementada por el Estado mexicano. A pesar de que el juicio por las desapariciones se enredó en la justicia castrense, el proceso por vínculos con el narcotráfico avanzó, llevando a un Consejo de Guerra en 2002. El artículo concluye que la Sedena ha reconocido que la Guerra Sucia fue 'completamente ilegal', pero persisten las dificultades para desclasificar archivos militares y esclarecer los hechos.