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El Gobierno de Gustavo Petro dejó firmado el Decreto 1001 de 2026, que introduce cambios significativos en el sector taxi. Esta norma modifica disposiciones del Decreto 1079 de 2015, actualizando reglas para el cambio de empresa, ampliando la vigencia de la tarjeta de operación (de uno a dos años) y simplificando trámites para conductores y empresas. Además, se crea un programa nacional de formación para conductores, se facilita la operación entre municipios y se implementan códigos QR en Bogotá para verificar la legalidad de los taxis. La medida busca modernizar el transporte público, mejorar seguridad y reducir costos administrativos. El decreto también establece reglas más claras para contratos entre propietarios y empresas, prohibiendo cobros indebidos y garantizando condiciones justas en el sector. María Fernanda Rojas, exministra de Transporte, destacó que esta norma representa un avance hacia un servicio más transparente y seguro.

La noticia aborda las acciones de distintos grupos políticos y actores sociales que buscan derogar el decreto emitido por el presidente Petro, que propone reducir los salarios de los congresistas. El texto detalla las razones detrás de esta iniciativa, incluyendo críticas a la percepción de ineficiencia y desgaste institucional. Se mencionan movimientos dentro y fuera del gobierno, así como la posibilidad de movilizaciones ciudadanas. El artículo subraya la importancia de este debate en el contexto de la política colombiana, donde la transparencia y la eficiencia en la gestión pública son temas centrales. Además, se enfatiza la necesidad de un enfoque equilibrado que respete las instituciones mientras busca mejorar su rendimiento. La noticia concluye con la idea de que la solución no radica en la eliminación de la institución, sino en su reforma para hacerla más efectiva y transparente.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo alertó sobre un decreto firmado por Gustavo Petro que modifica los requisitos para ingresar a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este cambio, que elimina la necesidad de títulos académicos para el cargo de Oficial de Protección, generó preocupación en el equipo de transición de Abelardo de la Espriella. Restrepo destacó que la medida podría afectar la calidad de la seguridad del jefe de Estado y de los actores gubernamentales, pidiendo una revisión minuciosa de los perfiles de los nuevos escoltas. La controversia se suma a críticas sobre la firma de contratos millonarios y cambios estructurales en las entidades públicas durante la transición. La noticia refleja tensiones en la transición de poder entre el gobierno saliente y la administración entrante, con foco en la seguridad nacional y la gestión de recursos públicos.