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La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, ha cuestionado la forma en que el gobierno colombiano comunica los resultados de sus operaciones militares, especialmente la exhibición de cuerpos de personas muertas como parte de las informaciones oficiales. Marín sostiene que esta práctica normaliza la muerte y la convierte en un símbolo de autoridad, violando principios del Derecho Internacional Humanitario. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió rechazando comparar al Estado con grupos armados ilegales, afirmando que el gobierno cumple su mandato constitucional para proteger a la ciudadanía. La discusión refleja una tensión entre el respeto por la dignidad humana y la necesidad de combatir la criminalidad. Marín destacó la importancia de reflexionar sobre cómo se comunican los resultados militares, sin cuestionar las operaciones en sí, pero sí el uso de la violencia como herramienta de poder. El debate también aborda temas como el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado, enfatizando la necesidad de una alianza institucional para enfrentar estos fenómenos.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado urgente llamando a reevaluar la decisión de Inravisión (anteriormente RTVC) de suspender la programación de 20 emisoras de paz, creadas tras el Acuerdo Final de 2016. Estas emisoras, que operan en 11 municipios afectados por el conflicto, han sido reemplazadas por una programación centralizada desde Bogotá, lo cual ha generado críticas por su impacto en comunidades que dependen de ellas para la información local. La Defensoría destacó que estas emisoras tienen un compromiso constitucional y cumplen funciones específicas de reconciliación y convivencia en zonas rurales y minorías étnicas. La medida ha sido rechazada por organizaciones como Flip, que argumentan que afecta el derecho a la información garantizado por la Constitución. Además, se menciona la reestructuración del sistema de medios públicos bajo el nuevo gobierno, lo cual plantea preocupaciones sobre la continuidad de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz.

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada contra el Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, que dejó 11 policías y tres civiles heridos. El organismo destacó que este ataque terrorista evidencia una preocupante escalada de violencia en la región, generando momentos de zozobra entre la ciudadanía y aumentando los riesgos para la población civil. La entidad llamó a respetar principios humanitarios y prohibió métodos de guerra que causen daños excesivos o terror. Además, alertó sobre el incremento del conflicto contra fuerzas de seguridad y pidió a autoridades reforzar medidas de prevención en zonas urbanas y centros policiales. El ataque se suma a otros hechos violentos registrados en la semana, como los ataques contra oficiales José Luis Vargas y Jorge Andrés Bernal, lo que refleja una intensificación de las acciones violentas. La Defensoría reiteró su compromiso con el derecho internacional humanitario y exigió cesar toda violencia para proteger vidas y bienes.

La Asamblea Nacional avanzó en designaciones provisionales: Larry Devoe quedó como fiscal general encargado y Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado.

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Las máximas autoridades del sistema de justicia del país acudieron al Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito, estado Cara...

La senadora colombiana María Fernanda Cabal se vio obligada a emitir una retractación pública tras una orden judicial relacionada con sus declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP). El caso se originó a partir de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que argumentó que las afirmaciones de la congresista desconocían decisiones judiciales nacionales e internacionales que han establecido la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos de violencia sistemática contra miembros de ese movimiento político. Como respuesta al fallo, Cabal publicó un video en redes sociales en el que ofreció disculpas a las víctimas de la UP, aunque expresó su desacuerdo con la decisión judicial. La senadora afirmó que acata la orden por respeto a las instituciones y al Estado de derecho, pero insistió en que sus opiniones están amparadas por la libertad de expresión y cuestionó los fundamentos jurídicos del fallo. La controversia se originó tras una entrevista con el medio La Silla Vacía, donde Cabal negó la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP y sostuvo que las principales agresiones provinieron de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Sus declaraciones generaron fuertes críticas y reacciones en distintos sectores políticos y de derechos humanos, especialmente por contradecir sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso escaló hasta los estrados judiciales, donde un juez de Bogotá ordenó la rectificación y disculpas públicas. Durante su pronunciamiento, Cabal reconoció la existencia de fallos internacionales, pero reiteró su inconformidad con lo decidido, lo que mantuvo el debate abierto sobre los límites entre libertad de expresión y el respeto a la memoria de las víctimas.