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Burguillos afronta una deuda de 27 millones y la petición de un fondo para disolver su Ayuntamiento, un pulso legal que sacude al municipio.

El Ayuntamiento de Burguillos, dirigido por Domingo Delgado, enfrenta una nueva fase en un conflicto legal con el fondo buitre KSAC Europe Investment. La entidad financiera demanda que se concrete un préstamo de 28 millones de euros para cumplir con una sentencia de 2017 relacionada con la quiebra de la antigua sociedad municipal Burguillos Natural. KSAC ha solicitado formalmente a la Consejería de Hacienda de Andalucía que valore la disolución de los órganos municipales si el Consistorio no abona la deuda en los términos exigidos. El alcalde argumenta que ya se han realizado pagos parciales y propone alternativas de pago viables, aunque el fondo acusa al ayuntamiento de incumplir normas presupuestarias y ocultar su capacidad financiera. La situación plantea un dilema para la gestión municipal, ya que el préstamo implicaría reducir servicios públicos y aumentar gastos financieros significativos.

La ciudad de Barranquilla se convirtió en la primera entidad territorial de Colombia en emitir bonos sostenibles internacionales, recaudando 350 millones de dólares para refinanciar una deuda existente y financiar proyectos de desarrollo sostenible. Esta operación, liderada por la Administración Municipal, busca reemplazar una obligación financiera anterior con condiciones menos favorables por una nueva emisión con plazos más largos y costos reducidos. Los recursos obtenidos se destinarán a iniciativas como la protección de la ciénaga de Mallorquín, energías renovables, recuperación de cuerpos hídricos y mejoramiento de vivienda. La emisión contó con el respaldo de instituciones financieras internacionales como Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank, y recibió una demanda de 1.200 millones de dólares, lo que refleja la confianza en la capacidad financiera de la ciudad. Esta iniciativa marca un precedente para otras entidades territoriales colombianas al abrir la puerta del mercado internacional de capitales a proyectos sostenibles. La operación también incluyó la presentación de los proyectos ante inversionistas en Nueva York, destacando la estrategia de sostenibilidad urbana de Barranquilla.

Burguillos afronta una deuda millonaria mientras un fondo pide multas personales a sus concejales para forzar el pago del Ayuntamiento local.

El Ayuntamiento de Cuéllar ha cerrado el ejercicio 2025 con una mejora de su situación financiera, reduciendo 365 000 de su deuda

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El Ayuntamiento de Zaragoza cerrará 2025 con una amortización de deuda de 59,3 millones de euros, la cifra

El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el Partido Popular bajo el mando de Toni Pérez, se enfrenta a una dura situación financiera tras una sentencia firme que le obliga a indemnizar con aproximadamente 350 millones de euros a la familia de constructores Murcia Puchades. El origen del conflicto se remonta a 2003, cuando se firmó un convenio para compensar la pérdida de aprovechamientos urbanísticos en unos terrenos que pasaron a formar parte del parque natural de Serra Gelada en 2005. Tras prórrogas y el incumplimiento del acuerdo, la familia denunció en 2018 y, después de años de litigios, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana condenó al consistorio en 2024 al pago de 283 millones más intereses, cantidad que ha crecido hasta los 350 millones actuales. El Tribunal Constitucional ha inadmitido el último recurso del Ayuntamiento, dejando la sentencia en firme. Ante la falta de un plan de pagos presentado a tiempo, el juez concedió un plazo de diez días (hasta el 10 de marzo de 2026) para detallar cómo se hará frente al pago. El consistorio no dispone de terrenos propios para compensar en especie debido a su reducido término municipal y alto nivel de urbanización. Para afrontarlo, ha solicitado y obtenido un préstamo de 55 millones de euros del Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, con un interés del 3,5 % a devolver en 12 años (unos 5 millones anuales a partir de 2027). Además, mantiene contactos con la familia Murcia Puchades para negociar un acuerdo y ha pedido posible apoyo a la Generalitat Valenciana, presidida por Juan Francisco Pérez Llorca, en busca de financiación o suelo autonómico. Esta deuda, que triplica el presupuesto anual municipal, generará un importante agujero financiero y comprometerá las finanzas locales durante décadas, aunque se exploran vías para evitar un impacto inmediato drástico en los servicios públicos.