George Papajohn: clarinet; Brendan Lai-Tong: trombone; Eric Theise: map manipulations Trio configuration from the first set of Sonic Cartographies II 11 July 2025,…

El Gobierno de Navarra ha decidido otorgar dos subvenciones directas por un total de 700.000 euros al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, con el objetivo de fortalecer los servicios destinados a personas con necesidades urgentes de vivienda. Esta iniciativa busca consolidar programas como 'Etxe Bat-Un hogar' y el equipo de detección y atención a la exclusión residencial (EDAER). Las subvenciones se distribuirán en dos partidas: una de 596.550,31 euros para el programa 'Etxe Bat-Un hogar' y otra de 103.449,69 euros destinada a EDAER. Estas ayudas forman parte de las acciones del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, que trabaja para enfrentar el aumento del sinhogarismo en Navarra mediante sistemas de atención innovadores y colaboración institucional. El programa 'Etxe Bat-Un hogar' amplía su capacidad Pamplona se ha convertido en un foco de trabajo crucial debido a la concentración de personas sin hogar en la ciudad. El programa 'Etxe Bat-Un hogar', implementado en 2024, busca mejorar los servicios sociales del Ayuntamiento para quienes enfrentan el sinhogarismo. Este modelo ha sido descrito como "testado con éxito" y se centra en el acompañamiento social y la normalización de la vida de las personas en exclusión socio-residencial. La metodología Housing Led y el acceso a viviendas municipales compartidas son pilares del programa, que en 2025 continuó gracias a su eficacia en la detección y prevención de la exclusión residencial. Este año, el Gobierno de Navarra sigue comprometido con la ampliación de plazas en el proyecto Etxe-Bat, asegurando 85 plazas para personas sin hogar en diversas modalidades. El Ayuntamiento de Pamplona está en proceso de aprobar la ordenanza 'Aukera', que regula la vivienda municipal para la inclusión social y refuerza el acompañamiento como recurso esencial. Esta medida refuerza el modelo de intervención y apoyo a personas o familias en situaciones de vulnerabilidad. EDAER: un recurso especializado en exclusión residencial La segunda subvención busca consolidar el equipo EDAER del Ayuntamiento de Pamplona, que se enfoca en la atención a la exclusión residencial. Este equipo, que tuvo éxito en su fase piloto, se encarga de ordenar el acceso a recursos y garantizar un itinerario adecuado de atención a la exclusión residencial. En el año anterior, EDAER no solo atendió a personas sin hogar, sino también a familias en situación de calle y personas en infraviviendas. El equipo de EDAER se enfrenta a situaciones complejas que requieren una intervención integral y personalizada. La necesidad de consolidar este recurso radica en su capacidad para abordar las diversas necesidades de quienes se encuentran en situaciones de exclusión residencial, asegurando un enfoque coordinado y centrado en la persona. El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo de Navarra está revisando los servicios prestados a personas sin hogar, adaptando nuevos enfoques para atender perfiles cambiantes. Esta reflexión busca establecer una hoja de ruta efectiva para mejorar la atención a quienes enfrentan el sinhogarismo en la región.

El Ayuntamiento de Pamplona anunció este lunes la puesta en marcha del Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER), dotado con 140.500,63 euros para el segundo semestre de 2026. Este dispositivo especializado prestará atención integral a personas en situación de calle, familias con menores, residentes en infraviviendas y hogares en riesgo de desahucio, con el objetivo de abordar de forma integral, proactiva y personalizada las situaciones de vulnerabilidad habitacional más severas detectadas en el municipio. El proyecto se consolida tras la experiencia piloto desarrollada desde finales de 2025 hasta mayo de 2026, financiada mediante un convenio con el Gobierno de Navarra, que aporta 103.449,69 euros para el último semestre de 2026. El programa responde a la necesidad de abordar situaciones de calle, infravivienda, hacinamiento, subarriendos informales, dificultades de acceso al padrón y amenazas de desahucio. Basado en la tipología europea sobre el sinhogarismo ETHOS, EDAER se configura como un servicio interdisciplinar capaz de actuar tanto en la urgencia como en la prevención y el acompañamiento hacia la autonomía. El concejal de Acción Social, Txema Mauleón Echeverría, destacó en rueda de prensa la importancia de consolidar este programa, que no solo busca atender el sinhogarismo, sino que incide también en la prevención de la pérdida de vivienda y en la mejora de la convivencia ciudadana. Cuatro líneas de intervención con perspectiva de género El programa EDAER se articula en torno a cuatro líneas principales de intervención. La primera se centra en personas en situación de calle y asentamientos, en coordinación con el equipo de calle, para gestionar el empadronamiento social y derivar a recursos habitacionales. La segunda atiende a familias con menores en situación de calle, a las que ofrece atención urgente y prioritaria, con valoración del riesgo de desprotección infantil. La tercera línea se dirige a personas que viven en infraviviendas, bajeras, trasteros o vehículos, realizando visitas de inspección junto a Policía Comunitaria, evaluando las condiciones de habitabilidad y valorando planes de mejora o realojo. La cuarta línea trabaja en la prevención de la pérdida de vivienda, con la activación de prestaciones de emergencia, mediación vecinal y seguimiento para evitar el sinhogarismo. El proyecto integra de manera transversal la perspectiva de género, con el fin de identificar el sinhogarismo oculto que afecta de forma diferenciada a las mujeres. Entre sus prioridades figura garantizar itinerarios específicos de protección y apoyo a mujeres en exclusión residencial, familias monomarentales y víctimas de violencia machista. Para desarrollar todas estas acciones, el equipo cuenta con una figura de gestión administrativa a jornada completa, dos figuras de trabajo social (una a jornada completa y otra a un cuarto de jornada) y tres figuras técnicas de nivel B al 100% de jornada. Un diagnóstico sobre la vivienda inadecuada e insegura en Pamplona Según la memoria elaborada por EDAER durante la experiencia piloto desarrollada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, el 8,5% de las familias atendidas en los servicios sociales de Pamplona se alojan en viviendas inadecuadas, mientras que el 34,3% vive en viviendas inseguras. Por vivienda insegura se entiende la situación de personas que viven acogidas por familiares sin tenencia legal, en ocupación ilegal, bajo amenaza de desahucio, o bajo amenazas de violencia por parte de la pareja o algún familiar. Por vivienda inadecuada se entiende, por su parte, la de aquellas personas que residen en estructuras temporales no convencionales, como caravanas, vehículos, chabolas, bajeras o edificaciones no pensadas para uso residencial, o que viven en condiciones de hacinamiento extremo. El perfil más habitual de las personas afectadas corresponde a familias de origen migrante, mujeres con familia monoparental y menores. Según el informe, una de cada tres personas afectadas es menor de edad, dos de cada tres familias afectadas son de origen extranjero, y existe una sobrerrepresentación de familias monoparentales encabezadas por mujeres con hijos a cargo. Los datos del informe se han obtenido a través de las Unidades de Barrio, con información procedente de más de 1.300 unidades familiares atendidas por los servicios sociales, que incluyen a más de 2.600 personas, mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo que ha combinado entrevistas directas a personas afectadas con el trabajo coordinado junto a profesionales y entidades del tercer sector. El objetivo del estudio ha sido dimensionar esta realidad y situarla en el centro de la acción pública municipal. Uno de los mensajes clave del informe es que vivir en estas condiciones genera una inseguridad permanente que afecta a todas las dimensiones de la vida cotidiana. Las viviendas inseguras e inadecuadas se asocian a un deterioro de la salud física y mental, a dificultades para la crianza y el adecuado desarrollo de los menores, a problemas de convivencia, y al bloqueo del acceso a derechos básicos como el empadronamiento y el empleo. Muchas personas, según el estudio, permanecen largo tiempo en estas situaciones como estrategia para evitar escenarios aún más graves, como la pérdida total de alojamiento.

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 32 alegaciones al proyecto de ordenanza Aukera, diseñado para regular el acceso a las viviendas municipales. De estas, se han aceptado 23 propuestas, lo que representa dos de cada tres iniciativas presentadas. Las alegaciones fueron realizadas por colectivos, asociaciones, ciudadanos y el Equipo de Detección y Atención de Exclusión Residencial (EDAER). La ordenanza Aukera busca facilitar la inclusión social a través de viviendas municipales El proyecto de ordenanza Aukera, que sustituirá a la normativa de 2016, tiene como objetivo facilitar la inclusión social mediante itinerarios de acompañamiento profesional. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el proyecto el pasado 26 de enero. Desde el 27 de enero al 5 de febrero, se abrió un periodo de aportaciones para la ciudadanía, colectivos y entidades interesadas. Entre las aportaciones aceptadas se encuentra la creación de un baremo para graduar las diferentes dimensiones de la exclusión social, así como una clasificación de infracciones en caso de incumplimiento de las condiciones de acceso. También se propone que el pago del alquiler pueda realizarse por diversos medios y no solo por transferencia bancaria. La ordenanza Aukera afectará a 613 viviendas municipales La ordenanza Aukera regulará la gestión de 613 viviendas municipales en Pamplona, de las cuales 215 están destinadas a la emergencia habitacional. Estas viviendas tienen un carácter público y transitorio, y no son consideradas como viviendas finales, sino temporales. Uno de los pilares de la ordenanza es regular el acceso a estas viviendas, que estará acompañado de un itinerario y asesoramiento profesional. Los alquileres no superarán los precios de la vivienda social establecidos por el Gobierno de Navarra, con exenciones del 25%, 50%, 75% y 100% según los niveles de renta de los beneficiarios. Estas exenciones se modificarán a medida que la situación financiera de los residentes mejore gracias al acompañamiento social. Seis modalidades de alojamiento con itinerario de acompañamiento La ordenanza Aukera prevé seis modalidades de alojamiento: viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición, así como viviendas de emergencia por catástrofe o siniestro. También se incluyen alquileres con contrato anterior a la ordenanza de 2016 y viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro. Todas las modalidades contemplan un programa de acompañamiento para facilitar la inclusión en el mercado inmobiliario. El informe de alegaciones será aprobado por la Junta de Gobierno antes de que el Pleno del Ayuntamiento dé el visto bueno inicial al proyecto de ordenanza. Posteriormente, se someterá a exposición pública para la presentación de nuevas alegaciones, a las que se dará respuesta antes de que el expediente llegue a las respectivas comisiones para su debate. La aprobación definitiva por parte del Pleno será el paso previo a la entrada en vigor de la nueva ordenanza, que se oficializará con su publicación en el BON.

En un nuevo grito de alarma, 117 profesionales del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona han firmado un escrito colectivo que denuncia el "deterioro progresivo de nuestras condiciones laborales y profesionales, que venimos sufriendo desde hace años". Este manifiesto, firmado por trabajadoras de las 13 unidades de barrio, los equipos EISOL (Equipo de Intervención Socio-Laboral), EAIA (Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia), EDAER (Equipo de Atención a la Dependencia y Exclusión Residencial) y técnicas de apoyo, llega exactamente un año después del comunicado leído en el Colegio de Trabajo Social en enero de 2025, reiterando un malestar "cronificado" que, según ellas, no es casualidad sino resultado de "decisiones políticas y de gestión" que precarizan un sector "esencial, feminizado y hostigado".​ Las trabajadoras del Área de Acción Social enfatizan que este empeoramiento no solo impacta en su "salud y dignidad profesional", sino que repercute directamente en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía, visibilizando una "situación insostenible" que exige respuesta inmediata. "La falta de respuesta por parte de nuestra entidad, la desprotección institucional y el deterioro continuado de nuestras condiciones, las buenas palabras, pero la ausencia real de medidas que aborden estas situaciones, nos llevan a afirmar que no podemos seguir sosteniendo un sistema que se apoya en la precarización y el desgaste de sus profesionales", proclaman en el texto.​ Principales denuncias: riesgos psicosociales y sobrecarga crónica El escrito detalla siete ejes críticos de problemática. En primer lugar, destacan los "riesgos laborales invisibilizados y normalizados", como la "sobrecarga emocional, estrés crónico, burnout, conflictos éticos, amenazas y en algunos contextos, agresiones verbales o físicas". Critican que estos no se evalúen ni aborden de forma efectiva, pese a trabajar con "situaciones de extrema vulnerabilidad", lo que vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales. "La salud mental de las profesionales no se protege y enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales desbordados", afirman, recordando que su demanda de un complemento de riesgo fue desestimada en la plantilla orgánica reciente, argumentando medidas preventivas que ellas consideran insuficientes.​ Otras quejas incluyen injerencias de entidades sociales que generan "tensión realmente elevada" y aumentan el riesgo de agresión, desautorización profesional por falta de protocolos claros –como en informes para el Ingreso Mínimo Vital–, y un "incremento continuo de la carga de trabajo" con tareas administrativas extras, gestión de prestaciones del Gobierno de Navarra y ratios disparadas sin refuerzo de plantillas. "¿Es de recibo que una persona, dependiendo del barrio en el que resida, tarde en ser atendida dos meses después de su solicitud de cita?", se preguntan.​ Falta de recursos y desigualdades internas La escasez de personal es otro foco central: "Plantillas bajo mínimos y no cobertura a tiempo de puestos de trabajo", con la no sustitución de bajas como práctica estructural que genera "sobrecarga insostenible" y listas de espera. En el EAIA, Pamplona tiene menos profesionales que el resto de Navarra pese a intervenir en más familias, incumpliendo compromisos previos pese a la financiación recibida (626.165,26 euros para EAIA y EISOL). Denuncian también la desaparición en Pamplona del Proyecto AUNA –una unidad de tramitación piloto con 13 figuras–, consolidada en otras zonas, y demoras en prestaciones como cinco meses para Renta Garantizada o más de un año en valoraciones de discapacidad.​ Especial mención merece la "desigualdad en la compensación económica de las figuras referentes": mientras las de las unidades de barrio reciben un 5% extra aprobado en la plantilla de 2026, las de EAIA, EISOL y SMAM no, pese a asumir funciones idénticas. "Esta diferencia de trato carece de justificación [...] y supone un agravio comparativo", rechazan, exigiendo equiparación.​ Exigencias concretas para una "atención social de calidad" El manifiesto concluye con propuestas claras bajo el lema "Por la dignidad profesional y la defensa de lo público, por una atención social de calidad". Instan a un "respeto efectivo a la autonomía y criterio técnico", eliminación de injerencias, evaluaciones reales de riesgos psicosociales con calendario –la última, de hace dos años, está inconclusa–, sustitución inmediata de bajas, refuerzo estructural de plantillas a cargo del capítulo 1, coordinación con el Gobierno de Navarra para criterios uniformes, implantación de una unidad de tramitación para IMV/RG, complementos por riesgo y equiparación salarial. "Cuidar a quienes cuidan no es una opción, es una obligación. Porque sin condiciones dignas para quienes intervenimos, no hay derechos sociales que se sostengan", rematan.​ Las 117 firmantes llaman directamente a los responsables políticos y técnicos a "acordar con las trabajadoras y sus representantes medidas concretas y efectivas así como a calendarizarlas en el tiempo para subsanar las deficiencias expuestas".