La regularización anunciada es un paso justo y necesario, pero resulta inútil si los ayuntamientos continúan negando el padrón a las personas migrantes. 

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¡Los ayuntamientos implicados deben cesar las trabas administrativas de inmediato y garantizar el acceso al padrón para todas y todos!

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Sin este requisito, esencial para acceder a derechos básicos, muchas de las 25.000 personas beneficiadas seguirán en una situación de exclusión. Estas prácticas violan principios éticos, como el derecho a la igualdad. 

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