El Parlamento de Navarra acusa al Gobierno foral de no cumplir la moción que exigía implantar el sistema de depósito y retorno de envases SDDR.

China anunció que prorrogará hasta 2031 los aranceles a Estados Unidos por el alcohol propílico, químico clave para envases y baterías.

El Parlamento de Navarra acusa al Gobierno foral de no cumplir la moción que exigía implantar el sistema de depósito y retorno de envases SDDR.

Una innovación química permite preparar refrescos sin azúcar, reducir más del 99 % el volumen de transporte y utilizar envases compostables.

La implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España, prevista para el 22 de noviembre de 2026, ha sido aplazada hasta 2029 debido a la falta de un marco operativo claro y disputas entre administraciones. El país enfrenta el riesgo de sanciones comunitarias si no logra recuperar el 90% de los envases de un solo uso para el 1 de enero de 2029, según los objetivos de la Unión Europea. La Ley 7/2022 establece metas progresivas de recogida separada, pero los resultados de 2023 quedaron muy por debajo del 70% exigido, alcanzando apenas el 43%. El SDDR, que obligaría a los consumidores a abonar un depósito de 10 céntimos por envase, requiere una infraestructura nacional con 20.000 a 35.000 máquinas automáticas de devolución en 500.000 puntos de venta. Los costes estimados para la implantación oscilan entre 1.200 y 1.400 millones de euros, con un déficit anual de 440 a 618 millones de euros. Aunque el sistema generará ingresos por depósitos (2.000 millones anuales), su costo por tonelada (700-900 euros) es tres a cuatro veces superior al contenedor amarillo (180-250 euros). El Miteco señala que el SDDR reduciría emisiones en 0,5 millones de toneladas anuales. España se encuentra en una situación crítica, ya que 19 de los 27 países de la UE ya tienen sistemas similares, con Alemania alcanzando un 98% de recuperación. La falta de operadores autorizados y la falta de claridad en las responsabilidades administrativas han bloqueado el despliegue del sistema, dejando al país en una situación de incertidumbre que podría afectar su cumplimiento de los objetivos ambientales europeos.

El TJUE establece que no es necesario demostrar intoxicaciones previas y exige tener en cuenta los riesgos para niños y personas vulnerables

Cómo nos medicamos en España: más de 1.000 millones de envases tienen la respuesta elDiario.es analiza la evolución de las prescripciones de fármacos financiados por el sistema nacional de salud en l...

La implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España, prevista para el 22 de noviembre de 2026, ha sido aplazada hasta 2029 debido a la falta de un marco operativo claro y disputas entre administraciones. El país enfrenta el riesgo de sanciones comunitarias si no logra recuperar el 90% de los envases de un solo uso para el 1 de enero de 2029, según los objetivos de la Unión Europea. La Ley 7/2022 establece metas progresivas de recogida separada, pero los resultados de 2023 quedaron muy por debajo del 70% exigido, alcanzando apenas el 43%. El SDDR, que obligaría a los consumidores a abonar un depósito de 10 céntimos por envase, requiere una infraestructura nacional con 20.000 a 35.000 máquinas automáticas de devolución en 500.000 puntos de venta. Los costes estimados para la implantación oscilan entre 1.200 y 1.400 millones de euros, con un déficit anual de 440 a 618 millones de euros. Aunque el sistema generará ingresos por depósitos (2.000 millones anuales), su costo por tonelada (700-900 euros) es tres a cuatro veces superior al contenedor amarillo (180-250 euros). El Miteco señala que el SDDR reduciría emisiones en 0,5 millones de toneladas anuales. España se encuentra en una situación crítica, ya que 19 de los 27 países de la UE ya tienen sistemas similares, con Alemania alcanzando un 98% de recuperación. La falta de operadores autorizados y la falta de claridad en las responsabilidades administrativas han bloqueado el despliegue del sistema, dejando al país en una situación de incertidumbre que podría afectar su cumplimiento de los objetivos ambientales europeos.

Uno de los grandes ejes de actuación del nuevo Plan de Acción de la Reserva de Biosfera se centra en la gestión de los residuos, asignatura en la que la Isla tiene mucho camino por recorrer. Entre las medidas previstas destaca la necesidad de ampliar las ‘deixalleries’ , la puesta en marcha de los anunciados puntos verdes itinerantes y la creación de líneas de ayuda para fomentar la reducción de la generación de envases, además del diseño e implantación de modelos normativos y fiscales en materia de residuos domésticos para su aplicación por parte de los ayuntamientos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció este jueves que las autoridades nacionales pueden prohibir la venta de detergentes y otros productos químicos peligrosos cuyos envases puedan confundirse con los de alimentos.