Douglas Carter sale de prisión tras 41 años después de que nuevas pruebas de ADN pusieran en duda el caso por el que fue condenado a muerte en Utah.

Ahmed Tommouhi recibirá 2,5 millones tras 18 años privado de libertad por dos violaciones que no cometió y una prueba que la justicia ignoró.

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Angela Lipps, residente de Tennessee, fue arrestada y pasó seis meses en prisión debido a un fallo de un software de reconocimiento facial basado en IA. La policía de Fargo, Dakota del Norte, la identificó erróneamente como una estafadora que utilizaba identificaciones militares falsas para retirar grandes cantidades de dinero. A pesar de que Angela nunca había salido de su estado, un agente decidió firmar la orden de arresto tras confiar plenamente en los resultados de la IA y en una revisión superficial de sus redes sociales. Fue detenida por los US Marshalls mientras cuidaba de cuatro niños y sin que se contrastara su versión o se comprobaran pruebas físicas. Durante meses, Angela permaneció en prisión, primero en Tennessee y luego en Dakota del Norte, sin derecho a fianza. Finalmente, un abogado revisó los extractos bancarios y registros GPS de la sospechosa real, demostrando que Angela estaba en Tennessee y no en Dakota del Norte, lo que llevó a su liberación el 24 de diciembre. El caso expone los riesgos de depender exclusivamente de sistemas de IA en procesos judiciales y la falta de supervisión humana, con graves consecuencias personales para los afectados, como pérdida de bienes y estabilidad familiar. A día de hoy, ni la policía ni las autoridades ofrecieron disculpas ni compensación.

Un reciente fallo del Tribunal Supremo cambia las reglas del juego: el mes de agosto sí computa para reclamar por error judicial. La decisión, que rompe con una interpretación consolidada desde 2013, ...

Angela Lipps pasó casi seis meses presa tras un fallo de reconocimiento facial y una cadena de errores que nadie frenó a tiempo en Tennessee. Angela Lipps, 50 años, madre de tres hijos y abuela de cin...

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de Ahmed Tommouhi a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros por los daños sufridos tras permanecer cerca de 18 años en prisión por una condena penal posteriormente anulada. El caso tiene su origen en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1992 que le condenó por dos agresiones sexuales que no habría cometido. Dicha condena fue revisada y anulada en 2023 por la Sala Segunda del Supremo, que estimó un recurso de revisión al considerar determinante una prueba biológica que no fue valorada en el juicio original. Los análisis de restos seminales encontrados en la ropa de la víctima excluían la correspondencia genética con el condenado, lo que resultó clave para su absolución. Tras la anulación de la condena, el afectado reclamó responsabilidad patrimonial al Estado por error judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado ahora su recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional que había rechazado la indemnización. El tribunal considera que la omisión de una prueba exculpatoria incorporada al proceso supuso una “quiebra del proceso lógico de decisión judicial”, constituyendo un error judicial indemnizable. En la fijación de la cuantía, el Supremo valora la extrema gravedad de la privación de libertad, el impacto moral, familiar y social, así como la pérdida de oportunidades vitales y laborales durante casi dos décadas. La sentencia reconoce que el caso encaja en el derecho constitucional a la reparación por errores judiciales, interpretado conforme a estándares internacionales de derechos humanos. La indemnización, de 2,5 millones de euros, incluirá además los intereses legales desde la reclamación administrativa.

En Alicante, una mujer de 74 años con cáncer fue desahuciada por error el pasado miércoles. La mujer, Belarmina, padecía también de una enfermedad respiratoria crónica y necesitaba oxígeno para…

Ahmed Tommouhi, un ciudadano marroquí que pasó 15 años en prisión por un delito de violación que no cometió, ha visto rechazada su petición de indemnización por parte de la Audiencia Nacional.

Adrián A. Hernández, un contable gallego de 36 años, fue detenido dos veces debido a un error en la base de datos judiciales. Todo se originó cuando un juez de Tarragona ordenó su búsqueda en relación...

Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib sufrieron uno de los mayores errores judiciales de la democracia española, siendo condenados por...