La noticia analiza la complejidad jurídica y política de la posible denuncia del Estatuto de Roma por parte de Colombia, destacando que este no es una decisión que pueda tomar el presidente mediante decreto. El artículo explica que Colombia se integró al Estatuto de Roma mediante la Ley 742 de 2002, precedida del Acto Legislativo 02 de 2001, que le dio anclaje constitucional al reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en el artículo 93 de la Constitución. La CPI es un tribunal internacional que juzga crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, pero solo en casos donde la justicia nacional no puede o no quiere investigar. El artículo señala que el retiro del tratado requeriría notificarlo por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, con efecto un año después, y que no tendría efecto retroactivo. Además, el retiro no impediría que la CPI continúe investigando hechos ocurridos antes de la salida. El texto destaca que Colombia tiene un compromiso vigente con la CPI, ya que el examen preliminar sobre el país fue cerrado en 2021 de manera condicionada, sujeto a un acuerdo de cooperación. La noticia también aborda la dimensión política de la decisión, señalando que podría alinearse con la ofensiva de Estados Unidos contra la CPI y sus acciones militares en la región, como la operación "Lanza del Sur" que ha bombardeado embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El artículo concluye que retirarse del Estatuto de Roma exigiría un trámite en el Congreso para reformar la Constitución, pasando por el control de la Corte Constitucional, lo que implica decidir si el país puede desmontar una garantía constitucional contra la impunidad de crímenes graves. El autor, Sebastián Escobar Uribe, es abogado especializado en derechos humanos y presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), con amplia experiencia en litigio estratégico y defensa de derechos humanos.

EE.UU. está obligando a sus aliados de la OTAN a ayudar a “desmantelar sistemáticamente” la Corte Penal Internacional (CPI) y a abandonar su mandato, según un informe.

El periodista Rodríguez Nájera propone una reflexión ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (#CPI).