El pequeño grupo de venezolanos que aún tenía permiso de trabajo a través del Estatus de Protección Temporal (TPS) lo perderá a partir de este 2 de octubre. Expertos no saben con exactitud cuál es el número de estos beneficiarios, aunque calculan que rondan los 5,000. Lo que sí saben con certeza es que todos los que contaban con permiso de trabajo gracias a esta protección, ya no lo tendrán. Quienes tenían un estatus legal gracias al TPS llevan meses en incertidumbre. Es el caso de Martina López, cuyo camino migratorio al noreste de Estados Unidos empezó hace 11 años. Ahora, asegura, vive su momento más difícil al haber perdido la protección que le otorgaba el TPS, después de esperar por más de una década que se concrete su petición de asilo, que sigue pendiente. “Esto me recuerda cuando en Venezuela me sentía perseguida y siento como que, si yo hice algo malo, como que incumplí la ley”, afirma en una entrevista con Noticias Telemundo, pese a que no ha hecho nada ilegal. “Soy una mujer de ley y llegué a este país huyendo de una persecución, comencé de cero”, relata. López, quien prefiere no revelar su nombre real por miedo a sufrir consecuencias, tiene a su cargo a su padre, de 72 años, que padece diabetes e hipertensión, y es madre soltera de dos hijos. Su proceso de asilo sigue avanzando: hace unos meses recibió una llamada para asistir a su primera entrevista en más de una década. Pese a todo, López mantiene la esperanza de que se reinstaure el TPS, porque la situación en Venezuela no ha mejorado: el régimen chavista que la perseguía sigue en el poder. “En Venezuela nada ha cambiado, la persecución sigue siendo la misma”, asegura. Aunque el Gobierno de Donald Trump defiende que las cosas son distintas desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, los venezolanos denuncian una compleja crisis: el país afronta desde hace años graves fallas en el suministro de electricidad y agua y en otros servicios básicos, debido a la corrupción y la falta de mantenimiento. La inflación y la devaluación del bolívar reducen el poder adquisitivo. Y los dos terremotos que azotaron el país el 24 de junio han agudizado los problemas. “Conceder de nuevo el TPS sería reconocer que Venezuela sigue en un caos y ellos (el Gobierno de Estados Unidos) han aplaudido públicamente la reacción de Delcy Rodríguez ante los terremotos”, argumenta Adelys Ferro, presidenta del Venezuelan American Caucus. “Estas son decisiones racistas, xenófobas, discriminatorias. Y a ellos no les importa Venezuela, puede haber una hecatombe nuclear”. La crisis que ya sufría el país se agravó con los catastróficos terremotos del 24 de junio. Un mes después, el 24 de julio, la Alianza Nacional del TPS pidió formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Congreso que reasignaran el programa de protección temporal, pero por ahora, no hay respuesta. Lea también: María Corina en su laberinto: atrapada entre sus deseos de regresar y la prudencia frente a EE. UU. De protegidos por la ley a vulnerables Este reducido grupo que hoy pierde su permiso de trabajo aún tenía protección porque en enero de 2025 hizo las gestiones para renovarlo, antes de que el Gobierno pusiera fin al Estatus de Protección Temporal del que se beneficiaron en total más de 600,000 venezolanos. Quienes no renovaron el permiso de trabajo, se quedaron sin él en septiembre de 2025, como le pasó a López. “Una de las premisas más importantes del estatuto de protección temporal es la protección, que no sea removido del país, que no te puedan detener“, dice López, quien conoce bien la materia y ha podido continuar ejerciendo su oficio de paralegal gracias al asilo que tiene pendiente. Muchos como ella han mantenido su petición de asilo u otros procesos migratorios que tenían en curso. “La gente juzga porque las personas no tienen documentos… pero no es fácil obtenerlos a pesar de que hagas todo lo que tengas que hacer”. Y respecto a las alternativas migratorias a partir de ahora, “muchos ya tenían una petición de asilo y se acogieron al TPS en su momento, y los que no lo tenían pues han tratado de buscar otros beneficios migratorios”, dice Kathia Quirós, abogada de inmigración. Quirós también recuerda que “el hecho de ser detenido por ICE no significa que me van a deportar si yo conozco mis derechos”, y recomienda no firmar una salida voluntaria del país, porque, así, las personas pueden salir bajo fianza y llevar ese proceso desde su casa, “y eso les da más tiempo para prepararse”, dice la abogada. “La mayoría permanece en el país esperando que cambie una ley, porque no es gente que se quiere quedar, es gente que se queda porque no tiene otra opción”, concluye Quirós. Entre lágrimas, López afirma que tiene una carpeta preparada por si la detienen. “Yo voy a luchar hasta donde tenga que luchar, hasta el final. Porque siento que ya emigré una vez… O sea, salí huyendo de un país con una profesión, me tocó comenzar de cero”, relata. “Veo a Estados Unidos como mi casa… y para mí no existe un plan B”. Con información de Telemundo

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