Marisol, de 66 años, enfrenta un desahucio en Málaga el 11 de junio, tras 18 años pagando puntualmente un alquiler de 700 euros. En la vivienda conviven su madre de 95 años con pensión no contributiva, su hijo Alejandro de 39 años, que sufre esquizofrenia, y su hermano Ramón de 69, cuya pensión venezolana apenas equivale a un euro en España. La situación se agrava porque sus arrendadores también son vulnerables, pero los herederos de la propietaria fallecida exigen recuperar la vivienda. La suspensión de desahucios para personas vulnerables, vigente durante dos años, fue derogada recientemente, dejando sin protección legal a esta familia. Marisol trabaja como teleoperadora con un sueldo de 1.200 euros mensuales, complementado por los 600 euros de su madre, lo que apenas cubre el alquiler actual. La búsqueda de una nueva vivienda en Málaga ha sido infructuosa, con precios de alquiler que superan sus ingresos y estafas en pagos adelantados. Ante la situación, ha solicitado ayuda al Ayuntamiento, que le ofrece un posible alojamiento temporal y dos meses de alquiler, mientras se estudia su expediente. La familia teme quedarse en la calle, ya que no tienen alternativas de alojamiento y dependen económicamente de Marisol. Este caso refleja la vulnerabilidad de familias que, cumpliendo con sus obligaciones, se enfrentan a desahucios por circunstancias ajenas a su capacidad económica.

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