La declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra, ha trascendido a los medios de comunicación en menos de veinticuatro horas, a pesar de tratarse de una instrucción judicial de carácter reservado. Según la información publicada por distintos medios, el interrogatorio se celebró el pasado martes y duró aproximadamente tres horas, convirtiéndose en la primera vez que un expresidente español declara como investigado ante un juez. El magistrado habría adoptado medidas para evitar filtraciones, como impedir el acceso de teléfonos móviles a la sala y no facilitar el vídeo de la declaración a las partes. Sin embargo, estas precauciones no evitaron que el contenido del interrogatorio se difundiera con rapidez. Diversos medios recogen que las explicaciones de Zapatero fueron consideradas por fuentes presentes como “vagas o inconsistentes”, y que el juez mantuvo un tono de escepticismo en relación con determinadas explicaciones sobre la actividad económica vinculada a la consultora Análisis Relevante. Según estas informaciones, parte de los ingresos de dicha empresa habrían acabado en el entorno familiar del expresidente, así como en sociedades vinculadas a sus hijas. También se menciona la existencia de joyas en una caja fuerte cuyo valor superaría el millón de euros y que no habrían sido declaradas, además de supuestas dudas sobre su implicación en determinadas operaciones internacionales. Zapatero, por su parte, no habría respondido a varias preguntas del interrogatorio. El caso ha reavivado el debate sobre las filtraciones en procedimientos judiciales de alto perfil en España, donde documentación y declaraciones reservadas acaban con frecuencia en los medios sin que consten investigaciones concluyentes sobre su origen.