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El Consejo de Europa reclama a España no haber regulado los ‘lobbies’ ni revisado las puertas giratorias para combatir la corrupción

El presidente de la Junta de Andalucía y los sindicatos suscriben el acuerdo para la entrada en vigor de los sistemas de movilidad horizontal y evaluación del desempeño

La noticia analiza la distinción fundamental entre el Estado y el partido de gobierno en una democracia, destacando que el gobierno no debe apropiarse del Estado ni imponer su visión política sobre las minorías. El artículo, escrito por Camilo Blanco, explica que una democracia no solo consiste en que gobierne quien obtuvo las mayorías electorales, sino en construir instituciones que eviten que las mayorías confundan el derecho a dirigir el gobierno con el derecho a apropiarse del Estado. El texto recuerda que en Colombia, buena parte de la tragedia política del siglo XX se originó por considerar enemigo a quien pensaba diferente y pertenecía al partido contrario, lo que llevó a la partidización de instituciones públicas durante la época de La Violencia. La Constitución de 1991 estableció la carrera administrativa como regla general, prohíbiendo que la filiación política determine el nombramiento, ascenso o remoción de funcionarios. El artículo cita casos recientes, como la remoción del director del DANE, Ricardo Valencia, y la controversia en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para ilustrar cómo el gobierno debe respetar la independencia profesional de los funcionarios. También menciona que un estadístico que advierte que los datos no respaldan una conclusión no está haciendo oposición, un abogado que explica que una decisión puede ser ilegal no está saboteando al gobierno, y un economista que presenta un escenario fiscal incómodo no es enemigo del presidente. El artículo concluye que los presidentes pasan, los partidos se alternan y el Estado permanece, reafirmando que ganar las elecciones no implica ganar la propiedad del Estado. La noticia se publica en el contexto del Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se celebrará en Bogotá en julio de 2026.

Aguascalientes, Ags., 4 de septiembre de 2026. — El Magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), participó en la Cere...

Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de Claudia López y abogado especializado en Derecho Administrativo, asumirá como nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el mandato del presidente Abelardo de la Espriella. Esta designación forma parte de los cambios estructurales implementados por el gobierno para fortalecer instituciones clave. La Función Pública se encarga de diseñar políticas para el empleo estatal, mejorar la gestión pública y supervisar la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Huerta, quien respaldó la candidatura presidencial de De la Espriella tras la primera vuelta electoral, tiene experiencia como secretario de Educación en Pereira y ha trabajado en áreas como Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Su nombramiento refleja el apoyo al proyecto político del presidente, que también ha designado otros cargos estratégicos como director del Icetex y superintendente financiero. Este movimiento busca consolidar la administración pública y responder a las necesidades de gobernanza en el contexto actual.