Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha denunciado supuestas prácticas corruptas dentro de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su declaración en El Tiempo, se identificaron sobrecostos por más de 115 mil millones de pesos en 100 predios administrados por la ANT. Garrido señaló que el exdirector Felipe Harman, líder del Pacto Histórico, utilizó la entidad para fortalecer estructuras políticas de figuras de izquierda como Patricia Caicedo en el Magdalena, Daniel Quintero en Antioquia y Carlos Amaya en Boyacá. La directora también destacó la falta de soportes en gastos logísticos, como 5.000 millones de pesos en 27 eventos sin justificación. Bajo el gobierno Petro, la ANT incrementó su presupuesto de inversión cuadruplicando su monto en 2024, pasando de poco menos de un billón a 4,9 billones de pesos. Además, la entidad expandió su cobertura de 8 a 92 oficinas en el país. Garrido apuntó a la falta de seguridad jurídica en las entregas de tierras a campesinos, ya que se realizaron entregas provisionales sin títulos definitivos, lo que generará conflictos sociales y obstaculizará proyectos productivos. La directora actualmente enfrenta una investigación por parte de la Procuraduría por supuestos documentos falsos presentados en su cargo, específicamente certificados de la Asociación de Ganaderos de la Sabana que no corresponden a la realidad. Estas denuncias reflejan una crítica central a la política de tierras del gobierno Petro, que ha sido un obstáculo para el desarrollo productivo en las zonas rurales.

La Fiscalía colombiana ha confirmado que Deicy Jiménez, líder de la comunidad LGBTI, será llamada como testigo en la investigación sobre los presuntos 'sexocontratos' durante el gobierno de Gustavo Petro. El vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, explicó que existe 'noticia criminal' por los hechos revelados por Jiménez, quien aseguró que el mandatario, en su calidad de senador y presidente, contactó con ella en varias oportunidades a cambio de favores sexuales. Según el funcionario, la llamada a declarar se realizará cuando los fiscales consideren oportuno, respetando el derecho de Jiménez a guardar silencio o contar con asesoría legal. El caso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, y la Fiscalía no tiene competencia para investigar al presidente de la República ni a los congresistas, cuya investigación corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Además, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también podría ser citada por presuntas irregularidades en la celebración de contratos. Jiménez entregó fotografías y detalles sobre los contratos que recibió durante el gobierno Petro, con un monto superior a 100 millones de pesos. La investigación se centra en el intercambio de favores sexuales por contratos en entidades como el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. La noticia fue publicada por la revista Semana, que anticipó las revelaciones que han generado investigaciones penales y disciplinarias contra funcionarios del gobierno.

El artículo analiza la presencia de personas vinculadas a Abelardo de la Espriella y a la familia Gómez en múltiples juntas directivas de empresas estatales en Colombia. Según los datos presentados, el 14% de las personas nombradas por el gobierno de Petro ya están en más de una junta, frente al 10% registrado durante el gobierno de Petro. Entre los casos destacados se mencionan Wilson Ruiz, quien ocupa cargos en Fiduprevisora y Findeter; Carlos Pablo Márquez, en Findeter y la FDN; Cicerón Fernando Jiménez, en el Banco Agrario y Fiduprevisora; Nathalia Succar, en Electrohuila y Urrá, y Clara Eugenia Sarmiento, en el Banco Agrario y Vecol. Además, se destacan funcionarios como Carlos Alberto Castellanos, quien ocupa cargos en el Grupo Bicentenario, Findeter y preside ENTerritorio, y Andrés Barreto, en el Fondo Adaptación y el Banco Agrario. El artículo señala que estos nombramientos se realizan sin considerar a los ministros, viceministros y funcionarios de Hacienda, que se sientan por su cargo. La información se presenta como parte de un análisis periodístico sobre la gestión de nombramientos en empresas estatales durante los primeros 76 días del gobierno de Petro, con corte al 22 de octubre de 2026.

El artículo de Luis Guillermo Vélez Cabrera publicado en La Silla Vacía aborda una crítica a la administración del expresidente Gustavo Petro, acusando a su gobierno de haberse aliado con parapolíticos para manipular las elecciones y perpetuarse en el poder. El autor señala que, mientras Petro denunció en el pasado la alianza entre políticos y paramilitares, durante su presidencia los parapolíticos se encontraron en el Palacio de Nariño, no en el Congreso. El artículo menciona el caso del senador Cepeda, quien, según el autor, recorrió cárceles para encontrar a personas dispuestas a incriminar a opositores, similar a lo que hicieron funcionarios del gobierno de Petro con Mancuso. El autor también critica la narrativa conspirativa que, según él, se fabrica para justificar acusaciones sin pruebas. Vélez Cabrera señala que, en los cuatro años de presidencia de Petro, los parapolíticos ya no estaban en el Congreso, sino en el Palacio de Nariño, lo que representa una inversión de la situación histórica. El artículo concluye esperando que la justicia determine quién entregó el país al crimen. El texto es una columna de opinión que refleja una perspectiva crítica hacia el gobierno de Petro, destacando la preocupación por la posible corrupción y manipulación política en el contexto colombiano actual. El autor, abogado y experto en políticas públicas, aporta su experiencia profesional para respaldar su análisis, aunque el artículo no presenta pruebas concretas, sino una crítica basada en la narrativa política existente.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha denunciado que la empresa pública de aseo Emsirva, que generaba 30.000 millones de pesos anuales en utilidades netas, fue destruida por decisiones del gobierno nacional liderado por Gustavo Petro. Según Eder, hace veinte años la empresa fue intervenida para su liquidación, pero el gobierno no devolvió la empresa ni la mantuvo en funcionamiento, lo que provocó su pérdida definitiva. El mandatario aseguró que la ciudad recibirá un 'cascarón vacío' sumido en pleitos legales, ya que la empresa no tiene activos y está envuelta en disputas judiciales. Eder explicó que durante dos años trabajó para recuperar la empresa, pero por razones políticas no se logró. Además, señaló que el gobierno Petro no apoyó en la seguridad ni en el tren de cercanías, lo que ha generado un daño patrimonial 'espantoso' para los caleños. El alcalde destacó que, aunque el servicio de recolección de basura continúa operando con operadores privados, el problema radica en la pérdida financiera de una empresa que generaba ingresos significativos. La Procuraduría General de la Nación ha pedido cuentas a Emsirva en liquidación y a las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por las dudas sobre el enredo de la recolección de basura y la licitación convocada a finales del primer semestre. Eder concluyó que las malas decisiones del gobierno Petro han dejado a Cali con una situación crítica en el manejo de los recursos públicos y una empresa pública de aseo que ya no existe en su forma original.

El experto en economía Julián Santiago Vásquez analizó las razones detrás del recorte del 14,2% en la asignación presupuestal para Antioquia en 2027, destacando que los presupuestos son proyecciones que dependerán de cómo se concrete el año fiscal 2027. Vásquez explicó que el recorte se debe a varios factores, incluyendo ajustes fiscales, pensiones, deuda pública y cambios en la nómina de la Nación. El análisis señala que el gobierno de Gustavo Petro ha priorizado el enfoque social sobre la productividad, lo que se refleja en la distribución de recursos. Además, se menciona que el 40% de la asignación presupuestal del departamento depende de proyectos estratégicos como la Vía al Mar y el Metro de la 80. El experto resaltó que, aunque el presupuesto presentado por el gobierno anterior no refleja los nuevos proyectos, es crucial que los gobernantes locales gestionen bien los proyectos en fase tres para mejorar la asignación en años futuros. También se destacó que Antioquia podrá 'arañar' recursos adicionales del presupuesto central, que aumentó en 1,6 billones de pesos, y que las buenas renegociaciones de deuda podrían generar más espacio fiscal. Vásquez enfatizó que el recorte no responde a un incumplimiento del gobierno De La Espriella, sino al panorama fiscal que el país heredó desde el año anterior. La noticia concluye que la gestión de proyectos estratégicos será clave para mejorar la asignación presupuestal en los próximos años.

La noticia aborda la relación entre el ingeniero Lascarro, condenado por el escándalo de Centros Poblados, y los contratos de paneles solares del gobierno de Gustavo Petro. Según el artículo, Lascarro está a la espera de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva en segunda instancia si confirma o no la sentencia de 12 años por el escándalo de Centros Poblados. Además, se menciona que la Fiscalía investiga otro señalamiento de corrupción relacionado con un anticipo de $2.600 millones para una carretera en el Cesar, obra que nunca se ejecutó y que terminó desviada a empresas de Lascarro llamadas OLT Constructores y Construmavias. El ministro Palma mostró avances paneles de La Guajira como logro de su gestión, entregando soluciones fotovoltaicas para comunidades indígenas. Sin embargo, el artículo sugiere que estos proyectos podrían estar relacionados con Lascarro, quien está involucrado en casos de corrupción. El artículo también menciona que el supervisor del contrato Víctor Paternina, delegado del gobierno para la junta directiva de Dispac, aprobó una ampliación de los contratos. La noticia se centra en la posible conexión entre el condenado por corrupción y los contratos gubernamentales de energía solar, destacando la necesidad de transparencia en la gestión pública.

El Gobierno Nacional ha incrementado sus denuncias sobre supuestas irregularidades en entidades de cajas de compensación intervenidas durante la administración anterior de Gustavo Petro. Según el vocero de Casa de Nariño, Miller Soto, de las 42 cajas de compensación existentes, 11 cuentan con medidas de vigilancia por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar. El gobierno actual encontró irregularidades en la contratación y cambios en las estructuras administrativas de estas entidades, que supuestamente favorecían a personas aliadas del gobierno anterior. Soto enfatizó que estas cajas son 'patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista'. La ministra de Trabajo, Natalia López, realizó una evaluación que reveló posibles favorecimientos a excongresistas del petrismo. Además, la exministra de Educación, Viviane Morales, presentó ante la Procuraduría hallazgos sobre irregularidades en entidades como el Fomag y la Fiduprevisora, que administran recursos millonarios para el régimen especial de salud de los profesores públicos. El gobierno de Abelardo De La Espriella ha adoptado la anticorrupción como una de sus principales narrativas para enfrentar y condenar la administración anterior de izquierda. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha hablado de judicializar a responsables de escándalos de corrupción del gobierno Petro, incluso reunirse con la fiscal general para entregar denuncias encontradas por su equipo. La exministra De La Espriella presentó un 'Libro de la Verdad' que recopiló denuncias hechas por medios sobre abuso en la contratación estatal en entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo y Ecopetrol. Estas acciones forman parte de una estrategia para demostrar que el gobierno anterior cometió actos de corrupción y para justificar las medidas tomadas por el actual gobierno.

La noticia original afirma que el gobierno de Abelardo de la Espriella sancionó una ley que prohíbe el matrimonio infantil, pero esto es falso. La Ley 2447, que establece la prohibición total de matrimonios entre menores de 18 años, fue sancionada en febrero de 2025 por el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa fue presentada por congresistas Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, y fue aprobada por el Senado en noviembre de 2024. La ley no permite excepciones como el consentimiento parental o autorización judicial, a diferencia del Código Civil anterior. Además, crea el programa 'Proyectos de vida digna' para prevenir la violencia y detectar riesgos de abuso. La confusión surge porque el entonces presidente Petro estaba en Qatar cuando se firmó la ley, lo que demuestra que su gobierno no pudo haberla sancionado. La información fue verificada por el Detector de Mentiras, que confirmó que la ley fue firmada por el ministro Guillermo Jaramillo en febrero de 2025.

La Corte Constitucional de Colombia aprobó el 25 de agosto de 2026 la mayoría del articulado de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, con una votación de 7 a 1. El expediente, presentado por la magistrada Paola Meneses, fue avalado en su mayoría pero se devolvió nueve artículos específicos a la Cámara para su discusión en un plazo de 30 días. Entre los puntos aprobados se incluye el artículo 94 que establece la entrada en vigencia del nuevo sistema de pilares para las pensiones a partir de julio de 2025, con efectos desde el 1 de 2027. El expresidente Petro celebró el resultado como un 'nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador'. Sin embargo, la reforma aún requiere mayoría en el Congreso para su aprobación final, ya que necesita 92 votos y enfrenta resistencia de partidos tradicionales. La Corte también declaró exequible el artículo 94, lo que significa que entrará en vigencia el 1 de 2027. Los artículos devueltos incluyen modificaciones sobre la edad de jubilación, beneficios especiales y ajustes a los pilares del sistema pensional. La decisión refleja un balance entre las propuestas gubernamentales y las correcciones necesarias para su viabilidad legal.

La Corte Constitucional avaló 90 artículos de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, pero devolvió 9 a la Cámara para discusión en 30 días. El fallo, liderado por la magistrada Paola Meneses, establece que el articulado entrará en vigencia el 1 de 2027. Sin embargo, la reforma requiere 92 votos en el Congreso, donde los partidos tradicionales dificultan su aprobación. El expresidente Petro celebró el resultado como un triunfo del gobierno del cambio. Además, el presidente Abelardo de la Espriella anunció planes para trabajar desde la Casa de Nariño y presentar un estatuto antiterrorista contra grupos como las disidencias de Mordisco y Calarcá. La noticia también menciona la actualización de la declaración de bienes de De la Espriella y la movida del Pacto por tres magistrados del CNE. El texto destaca la complejidad de la reforma y los desafíos políticos para su implementación.

El artículo analiza el legado del gobierno de Petro, destacando su fracaso para resolver problemas estructurales como la dependencia de inversiones extranjeras, la baja productividad industrial y la inestabilidad económica. Se critica la política energética que priorizó el cambio climático sobre la generación de empleo, así como los intentos fallidos de reformar el sector agrícola. El texto argumenta que las decisiones del gobierno no lograron impulsar el desarrollo sostenible ni mejorar la calidad de vida de la población, lo que contribuyó a su derrota electoral frente a Abelardo De La Espriella. Se mencionan datos como la estancación del PIB, la disminución de empleos formales y el impacto negativo de medidas como el 'plan 50' en sectores clave. El autor concluye que el legado de Petro se caracteriza por un desequilibrio entre políticas ambientales y económicas, sin resolver las necesidades más inmediatas de la sociedad.

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