Las presiones de Luis del Castillo al general Mora por el Dos de Mayo abren una crisis política y judicial en la cúpula de la Guardia Civil.

Elsie Dominguez, una ingeniera civil en el Military Sealift Command, denunció que fue violada en su propia cama a bordo de un buque de transporte naval. La demanda contra el gobierno estadounidense fue archivada como un caso de compensación laboral, lo que generó controversia al considerar que un delito sexual no debería ser tratado como una lesión laboral. La víctima describió cómo el incidente afectó su vida personal y profesional, obligándola a tomar un año de licencia sin salario para recuperarse. Aunque se iniciaron investigaciones y el capitán fue suspendido, el caso fue finalmente clasificado como asunto de compensación, lo que ha generado críticas sobre la falta de justicia en casos de abuso sexual en el entorno laboral. La abogada de Dominguez destacó que aunque no se logró una victoria legal, el hecho de que una mujer se atreviera a denunciar el caso marcó un precedente importante. La noticia destaca la complejidad de abordar delitos graves dentro de un marco laboral y las barreras que enfrentan las víctimas para obtener apoyo institucional.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha anunciado la construcción de una horca en una prisión del centro de Israel para ejecutar a presos palestinos, equipada con cabinas de observación que permitirán a las familias de víctimas de atentados presenciar los ahorcamientos. Esta medida forma parte de una ley de pena de muerte aprobada en marzo y extendida a tribunales militares en Cisjordania, donde la tasa de condenas alcanza el 100%. Los diputados árabes israelíes han denunciado que esta ley viola los derechos humanos al discriminar a los palestinos. La iniciativa surge en un contexto electoral, ya que Ben-Gvir lidera un partido extremista y busca consolidar su agenda antes de las elecciones generales. La medida ha sido criticada por su brutalidad y por convertir la justicia militar en una herramienta para reprimir a los palestinos, mientras el conflicto en Gaza continúa exacerbando la crisis humanitaria.

Un soldado destinado en Melilla recibe tres meses y un día de prisión tras viajar a Málaga durante una baja médica sin autorización militar.

La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicita que su caso por presunto huachicol sea resuelto por la justicia militar, argumentando que la imputación se basa en sus funciones dentro de la Secretaría de Marina. El abogado del naval sostiene que el juez federal que negó el amparo violó derechos constitucionales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, al no analizar la competencia de la jurisdicción militar. El recurso impugna la decisión del juez Jorge Adrián Cruz Flores, quien rechazó el amparo, y se turna ahora a un colegiado en materia penal del segundo circuito. La defensa señala que la resolución carece de motivación suficiente, ya que se basa en la narrativa de la fiscalía sin verificar pruebas concretas. Además, cuestiona la responsabilidad penal colectiva en la sentencia, al no distinguir la conducta específica del vicealmirante. El caso refleja un conflicto entre la jurisdicción federal y militar, destacando la importancia de la competencia legal en casos de corrupción y delitos económicos.

“Las mujeres solo valen para follar y fregar”  o “no me extraña que las maten”, le espetaban a la cabo