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Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, hija de alias 'Fito', líder de Los Choneros, fue capturada en Santander junto con su madre, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, en un operativo conjunto entre la Policía del Ecuador, las Fuerzas Armadas colombianas y el FBI. Ambas mujeres son requeridas por Ecuador mediante circular roja de Interpol por delitos de lavado de activos relacionados con la organización criminal Los Choneros. La captura, confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, ha generado un nuevo interés en una publicación que Michelle compartió en redes sociales tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En la publicación, Michelle acompañó una fotografía en la que aparecían su padre y Bendito Menor dentro de un vehículo, con su padre sosteniendo una caja llena de dólares. El mensaje decía: 'Eterno, mi amigo Bendito Menor. Gracias por haberle dado la mano a mi papá cuando estuvo contigo. Descansa en paz'. Esta publicación, que había circulado antes, volvió a hacerse viral tras la captura, evidenciando la relación entre integrantes de estructuras criminales de distintos países. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países y señaló que las mujeres están llamadas a juicio por lavado de activos para Los Choneros, dinero que se usa para comprar armas, pagar sicarios y sostener extorsiones. Las autoridades adelantan el proceso para trasladar a las dos mujeres a Ecuador, donde deberán responder por los cargos en su contra. Este caso se produce en medio de una creciente tensión entre Colombia y Ecuador, tras la decisión del presidente ecuatoriano de subir unilateralmente los aranceles para productos colombianos, lo que ha desatado una guerra económica entre ambos países.

La esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', fueron capturadas en una vivienda de Sabana de Torres, Santander, el domingo 27 de septiembre, en un operativo conjunto de la Policía, la Fiscalía, el Ejército y el FBI. Según la investigación de El Tiempo, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta permanecieron durante varios meses en Colombia utilizando una identidad falsa para desplazarse por distintas ciudades sin revelar su identidad. Las mujeres ingresaron al país caminando desde Venezuela aproximadamente seis meses antes de su captura, recorriendo ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, donde se hospedaban en hoteles y viviendas de renta corta. Una de las estrategias clave para mantener su identidad oculta fue el uso de una cédula colombiana a nombre de Paola Zapata Ruiz, la cual se turnaban para realizar movimientos por el país. Además, procuraban no salir juntas y evitaban hacerlo durante el día para evitar ser identificadas. Durante el operativo, las autoridades encontraron 27 millones de pesos en efectivo, 2.500 dólares, celulares y radios de comunicación. Las investigaciones están enfocadas en determinar si las mujeres adquirieron bienes durante su permanencia en Colombia y si sus actividades están relacionadas con el 'Caso Blanqueo Fito', vinculado a presunto lavado de activos por parte de personas cercanas a la estructura de 'Los Choneros', según la Fiscalía de Ecuador. La hija de 'Fito', Michelle Jamileth Macías, había mostrado en redes sociales viajes y actividades comerciales, lo que las autoridades están investigando para establecer si están relacionadas con recursos atribuidos al entorno del criminal ecuatoriano. El caso está siendo investigado por las autoridades ecuatorianas, quienes requieren a las mujeres por su participación en el 'Caso Blanqueo Fito', que involucra a personas cercanas a la estructura de 'Los Choneros'.

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En Santander, Colombia, se llevó a cabo una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad colombianas, el Gaula Militar, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, autoridades ecuatorianas y el FBI, que resultó en la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija del criminal ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', quien fue líder de la organización criminal 'Los Choneros'. La operación, realizada el domingo 27 de septiembre de 2026, se desarrolló en una vivienda residencial en Sabana de Torres, Santander, donde las mujeres fueron capturadas tras una notificación roja de Interpol por el delito de lavado de activos. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, las capturadas están vinculadas a operaciones de blanqueo de dinero para 'Los Choneros', organización criminal de Ecuador. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció en redes sociales, expresando que las mujeres serían entregadas a las autoridades ecuatorianas para que respondieran ante la justicia ecuatoriana. El operativo, que contó con la participación de múltiples entidades, refleja la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. Las imágenes del video mostraron el momento exacto de la captura, con la fachada de la vivienda protegida por un enrejado blanco y la presencia de agentes de la Fuerza Pública y el Gaula Militar. La justicia, según el mensaje del Ministerio de Defensa, no tiene fronteras, y en este caso, logró ubicar a quienes intentaban evadir la ley. La noticia destaca la importancia de la colaboración entre países y entidades para combatir el lavado de activos y el crimen organizado, especialmente en el contexto de la relación entre Colombia y Ecuador. La captura de estas mujeres, vinculadas a una organización criminal de alto nivel, representa un avance significativo en la investigación de los delitos cometidos por 'Los Choneros', que han sido objeto de atención internacional por su participación en actividades ilícitas.

El Fiscal General Johel Zelaya defendió este sábado la autenticidad del material audiovisual que involucra al general retirado Romeo Vásquez Velásquez en presunto lavado de activos, descartando cualquier motivación personal en las investigaciones del Ministerio Público (MP). Este artículo Fiscal General asegura que video contra Romeo Vásquez «se nota que es auténtico» se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

Tegucigalpa/San Pedro Sula. – El escandaloso caso de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, apodada en redes sociales como «La Barbie Fiscal» por su ostentoso estilo de vida, vuelve al centro de la atención judicial con una audiencia preparatoria programada para el próximo 27 de agosto. – Acusada de desviar más de 88 millones de […] Este artículo “La Barbie Fiscal”: El caso que desnuda la corrupción en Honduras se reactiva con audiencia clave se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

La Justicia Federal de Resistencia, a través de la jueza Zunilda Niremperger, rechazó el fideicomiso propuesto por la empresa EXEN para reabrir tres de sus gimnasios ubicados en Illia, Santiago del Estero y Las Heras. La resolución, firmada el 15 de septiembre de 2026, consideró que el plan requería una intervención judicial excesiva en la administración de una actividad privada, generando dificultades para preservar el control sobre los bienes investigados en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. El proyecto contemplaba un Fideicomiso de Administración y Explotación Transitoria por un año, con cuentas bancarias propias, facturación independiente y rendiciones periódicas ante el juzgado. La magistrada destacó que el control jurisdiccional de los bienes cautelados no debe confundirse con la conducción judicial de una actividad empresarial. Además, la decisión se fundamentó en la discrepancia entre la cantidad de empleos mencionados inicialmente (80 directos y 30 indirectos) y la información presentada posteriormente (29 personas o equipos y seis relaciones de dependencia), lo que dificultaba determinar la verdadera dimensión laboral. La jueza también señaló que, aunque la pérdida de ingresos afecta a los trabajadores, el juzgado no es responsable de sostener la actividad comercial ni garantizar salarios. El Ministerio Público Fiscal había recomendado el rechazo del fideicomiso, aunque la resolución aclaró que su opinión no era vinculante. La decisión mantiene las medidas cautelares vigentes y asegura la custodia y conservación de los activos involucrados en la investigación.

En una operación conjunta entre la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, la Sijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, se logró la captura de Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, en el barrio Ciudadela Calle Real de Pasoancho, en el sur de Cali. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de un mandato de extradición emitido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde se le procesa por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. El detenido, señalado como bróker para una estructura criminal trasnacional, coordinaba la logística, financiación y blanqueo de dinero proveniente de cargamentos de clorhidrato de cocaína enviados hacia Estados Unidos. Operaba sin manipular directamente los cargamentos de droga, empleando tecnologías encriptadas, firmas fachada y sistemas financieros complejos para ocultar las ganancias ilícitas. Tras la captura, quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación mientras se efectúan gestiones diplomáticas para su entrega a la justicia estadounidense. En paralelo, la Policía de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca realizó operativos que permitieron incautar más de dos toneladas de narcóticos, incluyendo 1.700 kilogramos de marihuana y más de 500 kilogramos de marihuana y 3.000 gramos de base de coca, en diferentes corredores viales del departamento. Estos decomisos, que retiraron aproximadamente dos millones de dosis del mercado ilegal, afectaron económicamente a las organizaciones delictivas en 1.500 millones de pesos, contribuyendo a prevenir el consumo de sustancias alucinógenas en niños, niñas y adolescentes. El comandante de la Policía Valle, coronel Amaury Aguilera, destacó la importancia de estas acciones para golpear las finanzas de las estructuras criminales.

La Fiscalía General de Colombia incautó bienes valorados en más de 17.000 millones de pesos pertenecientes al influencer Kevin Alex Thobias, quien fue investigado por lavado de activos. Entre los bienes confiscados se encontraron una mansión en el sector El Poblado de Medellín, vehículos de alta gama como un Bugatti Chiron y una Tesla Cybertruck, así como joyas y efectivo en divisas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó la utilización del lujo como fachada para ocultar dinero proveniente de actividades ilegales. La operación forma parte de una investigación que busca esclarecer el origen de los recursos obtenidos por Thobias, quien se presentaba en redes sociales como empresario y inversor. La confiscación refleja la intensificación de las acciones contra lavadores de activos en el país.

La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández espera que este lunes se conozca una resolución sobre el incidente de nulidad y las excepciones planteadas dentro del proceso judicial conocido como Pandora II. Este artículo Defensa de Juan Orlando Hernández espera resolución sobre nulidad en el caso Pandora II se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

El exgerente de Ecopetrol y expresidente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa Barragán, podría ser investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de activos. Un documento revelado por el medio Semana indica que los fiscales encontraron elementos para profundizar en el origen y destino de recursos movilizados a través de cuentas personales de Roa durante la campaña electoral de 2022. La investigación se centra en operaciones financieras millonarias que exceden su historial financiero, lo que generó dudas sobre su procedencia. Aunque no hay una condena aún, la Fiscalía podría avanzar formalmente si logra evidencias suficientes. Roa ya enfrenta otros procesos judiciales por irregularidades en reporte de gastos y presunto tráfico de influencias. Esta nueva línea de indagación sumaría un nuevo frente a su situación legal.

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio avanza con nuevos elementos. La Fundación Apolo, liderada por Yamil Santoro, presentó videos y imágenes que demuestran que la mansión donde vivieron los acusados fue 'limpiada' antes del allanamiento efectuado el 24 de octubre de 2023. Estos materiales, aún no incorporados al expediente, incluyen metadatos que permiten establecer cuándo se grabaron las imágenes, mostrando el inmueble en un estado anterior a las modificaciones posteriores. Los videos revelan espacios como el vestidor de Cirio, con numerosas prendas y maquillaje; el salón de juegos con equipos profesionales; y habitaciones para huéspedes. La Justicia sospecha que parte del dinero oculto está en Las Cañitas, lo cual agravaría la situación legal de los involucrados. El juez Luis Armella rechazó la detención preventiva pero impuso restricciones a Cirio. La causa, reactivada tras la revelación de dólares en bolsas dentro de la propiedad, continúa bajo investigación judicial.

El juicio oral y público contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón Soriano, inicia este miércoles 5 de agosto en el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. Este artículo Alexander Ardón enfrenta desde este miércoles juicio por lavado de activos se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

El expresidente Juan Orlando Hernández compareció este lunes ante un juez por el caso Pandora II, en el que se le supone responsable de presunto fraude y lavado de activos por unos 10.8 millones de dólares. Este artículo Juan Orlando Hernández comparece ante juez y alega “limbo” jurídico en caso Pandora II se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

La Fiscalía General de Colombia imputó cargos a ocho personas, incluido Max Marvin Abadi, cofundador de la empresa Lili Pink, por liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y lavado de activos. Según la investigación, la organización utilizó empresas fachada para ingresar mercancía al país y ocultar el origen de recursos millonarios. Durante la audiencia de imputación, los acusados rechazaron los cargos, lo que indica una posible resistencia al proceso judicial. La Fiscalía estimó que la presunta operación generó lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y contrabando que supera los 75.000 millones. El caso involucra a figuras como el abogado Walter Martínez, quien fue capturado y también negó los cargos. La investigación revela maniobras para disimular el control aduanero, fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal. Este escándalo refleja la complejidad de las redes criminales en la industria textil y la importancia de las investigaciones fiscales para combatir la corrupción.

Las autoridades colombianas desarticularon una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro en el río Nechí, municipio de El Bagre, Antioquia. La operación, denominada 'Fortaleza', fue llevada a cabo en colaboración con policías de Brasil, Perú, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos como parte de la estrategia internacional 'Green Shield'. Los implicados utilizaban establecimientos de compraventa para legalizar el oro extraído mediante minería aluvial, que causaba graves daños ambientales. Durante los allanamientos se incautaron 153 gramos de oro, equipos electrónicos, 6,5 millones de pesos en efectivo y una arma traumática. El director de Carabineros explicó que este esquema permitía ocultar el origen ilegal del oro, fortaleciendo las finanzas del crimen organizado. El operativo representa un golpe significativo contra las economías ilícitas que financian organizaciones criminales y depredan recursos naturales del país. La acción destaca la importancia de la cooperación internacional para combatir delitos ambientales y financieros.