El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat este dilluns que és legal que la Diputació Permanent puga convalidar els decrets de vivenda que va rebutjar la setmana passada una majoria parlamentària en el ple del Congrés. Segons ha assegurat el ministre en arribar a la reunió de l'executiva federal del PSOE, que se celebra a la seu socialista després de la convocatòria d'eleccions generals el 29 de novembre, "tota la gent sap” que, quan es dissolen les Corts, la Diputació Permanent està per a "les decisions rellevants" que haja d'adoptar el Congrés.

La modificación de las normas urbanísticas del Plan General de València elimina restricciones y permite obras de consolidación en los edificios en situación de fuera de ordenación en parajes protegido...

La Ciudad de la Justicia de Almería tiene previsto acoger esta semana el juicio contra 30 personas acusadas de elaborar un plan para que mujeres marroquíes sin residencia legal en España la obtuvieran mediante falsas denuncias por violencia de género contra hombres, mayoritariamente españoles, que las agredían en público simulando una relación sentimental a cambio de sumas de hasta 4.500 euros.

La Ciudad de la Justicia de Almería tiene previsto acoger esta semana el juicio contra 30 personas acusadas de elaborar un plan para que mujeres marroquíes sin residencia legal en España la obtuvieran mediante falsas denuncias por violencia de género contra hombres, mayoritariamente españoles, que las agredían en público simulando una relación sentimental a cambio de sumas de hasta 4.500 euros.

La Ciudad de la Justicia de Almería acogerá esta semana el juicio contra 30 personas acusadas de organizar una trama para que mujeres marroquíes sin residencia legal en España obtuvieran su permiso de residencia mediante falsas denuncias por violencia de género. Según la Fiscalía, el plan, elaborado entre 2017 y 2019, implicaba que mujeres marroquíes simulaban ser víctimas de violencia de género en espacios públicos como avenidas, paseos marítimos, cafeterías y parques, siendo agredidas por hombres que, a cambio de hasta 4.500 euros, simulaban ser sus parejas. Los hombres implicados, en su mayoría españoles, reconocían los hechos ante el juez, lo que permitía a las mujeres obtener sentencias de conformidad que les servían para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo por ser 'víctimas de violencia sobre la mujer'. Además, las mujeres también conseguían prestaciones de la Seguridad Social, como la Renta Activa de Inserción, con ayudas de hasta 5.600 euros. La Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para el supuesto cerebro del plan, nueve meses para cada uno de los 13 hombres implicados, y hasta cinco años y tres meses para las 16 mujeres que habrían obtenido beneficios ilícitos. El juicio está programado para el 7 de octubre en el Penal 3 del Tribunal de Instancia de Almería. Los hechos se habrían producido en Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar. El Ministerio Público acusa al principal acusado de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro contra la Seguridad Social y falso testimonio, mientras que las mujeres están acusadas de falso testimonio y, en nueve casos, de delitos contra la Seguridad Social.

La Ciudad de la Justicia de Almería acogerá esta semana el juicio contra 30 personas acusadas de organizar una trama para que mujeres marroquíes sin residencia legal en España obtuvieran su permiso de residencia mediante falsas denuncias por violencia de género. Según la Fiscalía, el plan, elaborado entre 2017 y 2019, implicaba que mujeres marroquíes simulaban ser víctimas de violencia de género en espacios públicos como avenidas, paseos marítimos, cafeterías y parques, siendo agredidas por hombres que, a cambio de hasta 4.500 euros, simulaban ser sus parejas. Los hombres implicados, en su mayoría españoles, reconocían los hechos ante el juez, lo que permitía a las mujeres obtener sentencias de conformidad que les servían para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo por ser 'víctimas de violencia sobre la mujer'. Además, las mujeres también conseguían prestaciones de la Seguridad Social, como la Renta Activa de Inserción, con ayudas de hasta 5.600 euros. La Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para el supuesto cerebro del plan, nueve meses para cada uno de los 13 hombres implicados, y hasta cinco años y tres meses para las 16 mujeres que habrían obtenido beneficios ilícitos. El juicio está programado para el 7 de octubre en el Penal 3 del Tribunal de Instancia de Almería. Los hechos se habrían producido en Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar. El Ministerio Público acusa al principal acusado de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro contra la Seguridad Social y falso testimonio, mientras que las mujeres están acusadas de falso testimonio y, en nueve casos, de delitos contra la Seguridad Social.

¿Ha recibido una citación judicial? Mantenga la calma y actúe con rapidez. Alvarez Abogados Tenerife, expertos Derecho Civil y Penal.

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El empresario arremete contra la justicia americana tras el revés legal, recurre la sentencia y exige que el joven de 16 años se afinque definitivamente en España.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se encuentra en proceso de evaluar si las actas de bautismo, que son documentos históricos y religiosos, pueden entrar en conflicto con las leyes de protección de datos vigentes en la Unión Europea. Este asunto ha generado un debate importante en el ámbito legal y religioso, ya que las actas de bautismo suelen contener información personal que, en la actualidad, podría considerarse sensible bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La cuestión central es si las instituciones religiosas, como las iglesias católicas, están obligadas a cumplir con las normativas de protección de datos al mantener registros históricos de nacimiento y bautismo. El caso en cuestión ha sido planteado por un ciudadano que solicitó la eliminación de su información personal de los registros de bautismo, argumentando que dicha información no debería estar accesible públicamente. El TJUE deberá determinar si las leyes de protección de datos se aplican a estos documentos históricos o si existen excepciones para registros religiosos. Este fallo tendrá importantes implicaciones para la gestión de datos personales en el ámbito religioso y para la transparencia en la conservación de documentos históricos. La decisión del tribunal podría establecer un precedente que afecte a cómo las instituciones religiosas manejan la información personal de sus fieles, especialmente en relación con los registros de nacimiento y bautismo que datan de décadas atrás. Además, el caso plantea cuestiones sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y la preservación de la historia religiosa y cultural. La comunidad religiosa católica ha expresado su preocupación por la posible aplicación de las leyes de protección de datos a sus registros históricos, argumentando que estos documentos tienen un valor histórico y cultural que debe ser preservado. Por otro lado, los defensores de la protección de datos insisten en que la privacidad de los individuos debe ser respetada, incluso en documentos históricos. El TJUE se encuentra en un momento crítico para definir el marco legal que regirá la interacción entre la protección de datos y los registros históricos religiosos en la Unión Europea. Este caso ha sido seguido de cerca por organizaciones laicas, como Asturias Laica, que abogan por una separación clara entre religión y Estado en la gestión de datos personales. La resolución de este asunto podría influir en futuras políticas sobre la gestión de datos en el ámbito religioso y en la forma en que se equilibran los derechos individuales con la preservación de la historia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se encuentra en proceso de evaluar si las actas de bautismo, que son documentos históricos y religiosos, pueden entrar en conflicto con las leyes de protección de datos vigentes en la Unión Europea. Este asunto ha generado un debate importante en el ámbito legal y religioso, ya que las actas de bautismo suelen contener información personal que, en la actualidad, podría considerarse sensible bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La cuestión central es si las instituciones religiosas, como las iglesias católicas, están obligadas a cumplir con las normativas de protección de datos al mantener registros históricos de nacimiento y bautismo. El caso en cuestión ha sido planteado por un ciudadano que solicitó la eliminación de su información personal de los registros de bautismo, argumentando que dicha información no debería estar accesible públicamente. El TJUE deberá determinar si las leyes de protección de datos se aplican a estos documentos históricos o si existen excepciones para registros religiosos. Este fallo tendrá importantes implicaciones para la gestión de datos personales en el ámbito religioso y para la transparencia en la conservación de documentos históricos. La decisión del tribunal podría establecer un precedente que afecte a cómo las instituciones religiosas manejan la información personal de sus fieles, especialmente en relación con los registros de nacimiento y bautismo que datan de décadas atrás. Además, el caso plantea cuestiones sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y la preservación de la historia religiosa y cultural. La comunidad religiosa católica ha expresado su preocupación por la posible aplicación de las leyes de protección de datos a sus registros históricos, argumentando que estos documentos tienen un valor histórico y cultural que debe ser preservado. Por otro lado, los defensores de la protección de datos insisten en que la privacidad de los individuos debe ser respetada, incluso en documentos históricos. El TJUE se encuentra en un momento crítico para definir el marco legal que regirá la interacción entre la protección de datos y los registros históricos religiosos en la Unión Europea. Este caso ha sido seguido de cerca por organizaciones laicas, como Asturias Laica, que abogan por una separación clara entre religión y Estado en la gestión de datos personales. La resolución de este asunto podría influir en futuras políticas sobre la gestión de datos en el ámbito religioso y en la forma en que se equilibran los derechos individuales con la preservación de la historia.

Una noticia ha causado sensación tanto en los medios como en las redes sociales. Dice así: "La Justicia avala que saldar una deuda con sexo oral es legal en...

El alto tribunal inadmite a trámite el recurso presentado por la denunciante

Nuevo revés judicial para la empresa del parque acuático de Biniancolla (Sant Lluís). El Tribunal Contencioso-Administrativo número 4 de Palma ha desestimado el recurso que Protume interpuso contra la decisión del Ayuntamiento de no permitir su reapertura provisional en el verano de 2025, mientras se dirime la batalla legal por la suspensión de su licencia.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta confirmó la indemnización agravada prevista en el artículo 182 de la LCT para una trabajadora despedida días después de informar su embarazo por mensaje de texto. El tribunal consideró que la protección legal no depende del medio utilizado, sino del conocimiento efectivo del empleador, y aplicó una […]

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fotomultas continuarán operando de manera legal en la capital del país. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves la constitucionalidad de este sistema de sanción vial, tras resolver un intenso debate generado por dos proyectos con visiones encontradas. Con una votación de seis votos a favor y dos en contra, los ministros rechazaron la propuesta del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien buscaba declarar inconstitucional el mecanismo bajo el argumento de que sanciona de forma injusta al dueño del vehículo sin probar que este se encontraba al volante al momento de la infracción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación defendió el alcance de su fallo en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional” y cuestionó los “discursos de odio y descalificación” surgidos en torno a la controversia sobre el régimen legal de tierras. El máximo tribunal difundió una aclaración dirigida a la opinión pública con la […] The post Ley de Tierras: la Corte aclaró su fallo y cuestionó los “discursos de odio” appeared first on Comercio y Justicia.

Buenos Aires, 1° octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación defendió el alcance de su fallo en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional” y cuestionó los “discursos de odio y descalificación” surgidos en torno a la controversia sobre el régimen legal de tierras. El máximo tribunal difundió una aclaración dirigida a la opinión pública con la finalidad de “despejar dudas” generadas a partir de la sentencia y remarcó que en el caso “solo se decidió un aspecto procesal”, referido a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar. Según explicó, la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” de la Corte y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales. Además, señaló que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente. “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo la Corte. El tribunal indicó también que la sentencia no obstaculiza la actuación del Congreso en el tratamiento de ese aspecto del DNU 70/2023 y recordó que la norma fue rechazada por el Senado el 14 de marzo de 2024 y está siendo examinada por la Cámara de Diputados. En su comunicado, la Corte reivindicó además su actuación en materia ambiental y aseguró que ejerció durante años “un liderazgo” en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos. “La crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia”, afirmó. Finalmente, precisó que la controversia sobre el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, correspondiente al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, no fue resuelta en este expediente. La Corte sostuvo que se expedirá sobre esas normas cuando lleguen los reclamos correspondientes, algo que, según indicó, todavía no ocurrió, por lo que aseguró que no puede interpretarse que exista una posición del tribunal o de sus ministros sobre el régimen. Agencia NA

La Justicia dio al gobierno estadounidense 14 días para entregar el documento que fundamenta los ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.