La Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras y deja vía libre al decreto de Milei, aunque no resuelve su fondo.

El Congreso tiene para su tratamiento un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica las leyes de Tierras Rurales, de Manejo del Fuego, de Barrios Populares, de Expropiacio...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto Nacional 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737 de Tierras. Este fallo elimina el obstáculo judicial que mantenía vigente el régimen que limita la propiedad extranjera de tierras rurales. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la decisión de Milei, sino que rechazaron el planteo por carecer de legitimación el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), quien había presentado la demanda. La Corte dejó a salvo la intervención del Poder Legislativo, según el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, lo que significa que la decisión vuelve a quedar en manos del Congreso. Este escenario se produce tras una derrota política del Gobierno en el Senado, donde el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por Federico Sturzenegger, no logró aprobarse modificando la Ley de Tierras. El Gobierno había intentado modificar la ley por vía legislativa, pero tras negociaciones y modificaciones, el Senado aprobó el proyecto por 37 votos contra 33 sin tocar el régimen de tierras rurales. La paradoja es que, con el fallo de la Corte, el Gobierno obtiene hoy más de lo que estaba dispuesto a aceptar en el Senado: directamente derogó la Ley 26.737, mientras que en el Senado había aceptado mantener las restricciones y elevar el límite de titularidad extranjera del 15% al 25%. La Corte no validó la derogación constitucionalmente, sino que simplemente levantó el obstáculo judicial. Los opositores ya anticipan una sesión en Diputados para derogar el DNU 70/2023, reabriendo una discusión que, lejos de terminar, regresa al terreno político. La decisión refleja una compleja dinámica entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y plantea cuestiones sobre los límites de los decretos presidenciales cuando no hay mayorías en el Congreso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión relevante en el marco del intento del Gobierno para extranjerizar las tierras, al reponer un artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que anulaba la histórica Ley de Tierras. Este artículo, que había sido eliminado por una decisión judicial anterior, era el que el presidente Javier Milei buscó modificar en el Senado pero no logró aprobar. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, sino que se limitó a restablecer el artículo del DNU que había sido anulado. Este fallo representa un respaldo directo al Gobierno en su agenda de reformas económicas, ya que la Ley de Tierras, que regula el acceso a las tierras agrícolas, había sido un obstáculo para las iniciativas de Milei de facilitar la propiedad extranjera en el sector. La noticia destaca que la Corte Suprema no abordó si la norma era constitucional, sino que se enfocó en restablecer el artículo del DNU que permitiría al Gobierno avanzar en su propuesta de modificar la Ley de Tierras. Este movimiento se inscribe en el contexto de una serie de decisiones judiciales que han respaldado al Gobierno en su intento de implementar políticas económicas que buscan atraer inversiones extranjeras en el sector agropecuario. La decisión de la Corte Suprema es significativa porque, al reponer el artículo del DNU, facilita el camino para que el Gobierno pueda avanzar en su plan de extranjerización de las tierras, un tema que ha generado debate y críticas en el ámbito político y social. La noticia no aborda otros temas que aparecen en la página, como la muerte de una turista francesa en El Chaltén o las declaraciones de Milei sobre inversiones, sino que se centra exclusivamente en el fallo de la Corte Suprema relacionado con la Ley de Tierras. Este resumen se basa únicamente en la información proporcionada en el texto de la noticia, sin añadir información externa ni interpretaciones no respaldadas por el contenido.

La noticia aborda la situación de las tierras rurales en Argentina, destacando que según un análisis realizado por el programa Ronda de Investigación (RDI) de +Perfil, actualmente existen 13.300.000 hectáreas rurales en manos de extranjeros. El periodista Leandro Bravo, en su segmento de RDI, reveló que durante el gobierno de Javier Milei, específicamente en los años 2024, 2025 y 2026, se han corroborado 111 certificados de habilitación para compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En 2024 se registraron 35 certificados, en 2025 29 y en lo que va de 2026, 47, siendo este último año el que registró el mayor número de transacciones. El análisis también señala que desde 2018 hasta la fecha, se ha producido un aumento del 6,25% en la venta de tierras rurales a extranjeros, con un total de 781.000 hectáreas vendidas en los últimos siete años. Además, se menciona que el gobierno de Milei propuso elevar el límite de extranjerización de tierras rurales del 15% al 25%, un cambio que fue impulsado por Federico Sturzenegger, quien redactó el DNU 7023. El reportaje también aborda el caso de Joaquín Venegas Lynch, quien operaba una consultora que asesoraba a extranjeros interesados en comprar tierras rurales, describiéndolo como un 'catálogo de tierras rurales' similar a un 'Avón de tierras'. La noticia refleja el debate político y económico en torno a la propiedad de tierras rurales en Argentina, destacando la preocupación por la creciente presencia de extranjeros en este sector y las propuestas gubernamentales para modificar la normativa vigente.

La noticia aborda la tensa situación política en Argentina, donde el Senado se debate en una sesión crucial mientras miles de personas marchan en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El gobierno enfrenta críticas por su falta de apoyo para eliminar las PASO, un tema que divide al peronismo y genera inestabilidad institucional. Además, se mencionan otros eventos relevantes como la crisis laboral en Metalfor, que busca despedir a más de 200 trabajadores, y análisis económicos sobre el índice Big Mac que comparan el poder adquisitivo argentino con países vecinos. La protesta, liderada por sectores opositores, se convierte en un símbolo de la lucha contra las políticas de desregulación del territorio nacional. La represión policial durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad refleja la polarización social actual. Este escenario muestra cómo las decisiones legislativas impactan directamente en la vida cotidiana de los argentinos, generando debates sobre derechos, propiedad y soberanía nacional.

La senadora nacional de Salta Flavia Royon, miembro de la oposición dialoguista del gobierno, criticó en TN de Noche la estrategia del oficialismo para impulsar la Ley de Tierras en el Congreso. Destacó que se omitió un debate abierto y transparente con la sociedad civil, lo cual es fundamental para legitimar proyectos legislativos complejos como este. Royon señaló que el proyecto fue presentado en su versión 19 sin haber sido discutido públicamente, generando desconfianza entre los sectores de la oposición. Además, mencionó que se eliminaron capítulos clave sobre propiedad privada y manejo del fuego, lo cual refleja una falta de diálogo institucional. Esta crítica surge en un contexto donde el oficialismo busca avanzar rápidamente con proyectos económicos, como las reformas a la Inocencia Fiscal y al Banco Central, mientras deja pendiente temas sensibles como la propiedad privada. La situación resalta las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición en la agenda legislativa argentina.

Rosalía detuvo su concierto en Buenos Aires ante un cántico contra Milei, mientras crecía la polémica por las tierras y su compra extranjera.

La jornada política del jueves 6 mostró un escenario de componendas entre peronistas, libertarios y sectores del régimen para evitar una confrontación directa con el gobierno. La iniciativa de la Ley de Tierras, que permitía desalojos sumarios y convertir expropiaciones en negocios inmobiliarios, fue rechazada por manifestantes en las calles. En el Congreso, los bloques pejotakirchnerista y libertarios votaron conjuntamente para enviar la moción de Sagasti a comisión, evitando un choque político con Milei y Bullrich. Esta decisión permitió al gobierno mantener su agenda reaccionaria, incluyendo la reforma de tierras como herramienta para impulsar proyectos como Palantir en IA. El artículo destaca el desgaste del peronismo ante las presiones por derrotar a Milei, mientras los sectores que pactan con el régimen buscan evitar una derrota política. La lucha contra la represión y la subordinación a actores globales exige organizarse independientemente de quienes colaboran con el poder actual.

19K likes, 749 comments - anglo.argento on August 4, 2026: "Prosperity for Sam & Peter #argentina #patagonia #datacenter #leydetierras #freeargentina".