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La expedición del Decreto 0514 de 2026 por parte del Gobierno nacional, que restablece la protección jurídica de la denominada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha generado un fuerte conflicto territorial en el departamento de La Guajira. La medida reconoce este espacio como un sistema de sitios sagrados interconectados para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, incluyendo áreas de Magdalena, Cesar y La Guajira, lo que ha provocado reacciones encontradas entre distintos actores sociales. Por un lado, comunidades indígenas arhuacas, koguis, wiwas y kankuamos, agrupadas en la Confederación Indígena Tayrona, respaldaron el decreto y lo consideran un avance histórico para la protección espiritual, cultural y ambiental del territorio. Argumentan que fortalece la pervivencia de sus tradiciones y su relación con la Sierra Nevada, considerada un espacio sagrado. Sin embargo, comunidades negras, campesinas y autoridades tradicionales wayuu han rechazado la medida, señalando que fue adoptada sin una consulta previa amplia y efectiva. Estos sectores denuncian que el decreto podría limitar procesos de titulación colectiva de tierras, afectar la autonomía territorial y generar restricciones sobre zonas donde han habitado históricamente. También advierten que la falta de claridad cartográfica y la inclusión de numerosos sitios en la delimitación afectan su acceso a la tierra y el desarrollo de proyectos locales. El conflicto ha escalado hasta el anuncio de asambleas permanentes y posibles movilizaciones en La Guajira, mientras las autoridades wayuu solicitan la revisión del decreto y la suspensión de sus efectos. El Gobierno, por su parte, defiende la norma como una medida de protección constitucional y ambiental que busca garantizar derechos ancestrales y la preservación de la Sierra Nevada. La controversia refleja un choque entre visiones sobre el territorio, la autonomía y el uso de la tierra en el Caribe colombiano.