La líder de la conservadora APM, que participa en actos del PP, opta a presidir el Tribunal Superior de Madrid
"Solo desde Europa se van a poder poner los topes a la desestabilización del Estado de derecho, como ha pasado ya en Hungría y Polonia. Como jueces españoles, somos jueces europeos y tenemos conciencia de que nuestro ordenamiento jurídico, cada una de las leyes, deben respetar los tratados de la Unión Europea". Es 5 de diciembre de 2023 y quien habla es **María Jesús del Barco** , presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid y de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Su comparación con Hungría y Polonia se produce en Bruselas, junto a la exeurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua y delante de un cartel que dice: "Amenazas al Estado de derecho en la UE. El caso de España. Los ataques al Poder Judicial". Un año largo después, Del Barco expone esa misma idea en un acto organizado por el PP en el Congreso de los Diputados titulado Contra la impunidad. La jornada jurídica la abre el candidato a la presidencia del Gobierno **Alberto Núñez Feijóo**. La cierra su entonces portavoz parlamentario **Miguel Tellado**.
Pese a la expresa prohibición del artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de participar en actos políticos —algo que también ha aconsejado reiteradamente la **Comisión de Ética del CGPJ** , la única elegida directamente por los jueces y magistrados por afectar a la apariencia de imparcialidad— María Jesús del Barco no ha dudado en los últimos años en acudir a cualquier foro en el que se critique o censure las políticas e iniciativas de Pedro Sánchez. Como presidenta de la APM impulsó **las polémicas concentraciones de jueces con toga** contra la ley de amnistía cuando todavía estaba en tramitación en el Parlamento. Su colectivo **se ha opuesto a todas y cada una de las reformas planteadas por el Gobierno** , incluso las que anteriormente había apoyado el PP, como la reforma que intentó democratizar el acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su elitismo y crear un centro público de preparación. O la que fortalecía la autonomía del Ministerio Fiscal o el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que entregaba a esa última institución la instrucción de los delitos. En julio de 2025 llegó a encabezar junto con otras asociaciones de derechas una huelga ilegal contra esas iniciativas.
Ahora, la ex jueza decana de Madrid y actual presidenta del Tribunal de Instancia **ha presentado su candidatura a la presidencia del más alto tribunal madrileño, el Tribunal Superior de Justicia**. Compite con el magistrado de la Audiencia de Madrid y miembro de la minoritaria y progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) **Leandro Martínez Puertas** , el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre **Francisco Oliver Egea** , la magistrada de lo Contencioso, **María Prendes Valle** y **José Manuel Suárez Robledano** , veterano magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal madrileño y miembro como Del Barco de la APM, y la jueza madrileña de Menores **María Jesús Millán de las Heras**. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces vaticinan que, aunque en principio no hay ningún candidato vetado por ninguna de las sensibilidades del Consejo, su militancia y el rango y exposición pública que como máxima directiva de la asociación ha ostentado Del Barco le restan opciones de hacerse con la presidencia del alto tribunal madrileño.
La presidencia de cualquier tribunal superior de justicia implica la de la **Sala de lo Civil y Penal** a la que, en el caso de la Comunidad de Madrid, están **aforados todos los miembros del Gobierno salvo la presidenta** (que solo puede ser investigada y juzgada por el Supremo), **los miembros de la Asamblea de Madrid y los jueces y fiscales que ejercen en su territorio**. Su sección de apelación penal se encarga de todos los recursos contra las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia de Madrid, así como las del Tribunal del Jurado. Así que ese órgano sería el encargado de decidir en segunda instancia, por ejemplo, sobre el caso de la esposa del presidente del Gobierno, **Begoña Gómez** , que tras la extravagante y controvertida instrucción del exjuez Juan Carlos Peinado ha acabado ante un tribunal popular. También sobre el caso por presunto delito fiscal, falsedad, administración desleal y corrupción en los negocios de **Alberto González Amador** , exnovio de la presidenta **Isabel Díaz Ayuso** , en sus tratos con la dirección de Quirón, principal contratista sanitario de la Comunidad.
El encuentro jurídico del PP titulado 'Contra la impunidad' se celebró en el Congreso en febrero de 2025. El objetivo del acto, según relataron Feijóo y Tellado en sus intervenciones, fue denunciar lo que consideraban una "tropelía" refiriéndose a la reforma de la acción popular que, por entonces, defendía el PSOE —a la que llamó “la ley Begoña”—, que trata de limitar la capacidad de acusar de asociaciones ultras como **Manos Limpias o Hazte Oír** , entre otras, presentando querellas infundadas que luego son utilizadas políticamente por los partidos. La iniciativa proponía vetar la posibilidad de actuar a los partidos y establecía un elenco de delitos en el que pueden hacerlo los colectivos que demuestren que tienen un interés directamente relacionado con la causa. Al final, los socialistas abandonaron ese texto y dejaron que fuera el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal el que limitara el ejercicio de esa acusación, unos límites que, mientras estuvo en el Gobierno (hasta 2018), el PP también defendió.
Sin embargo, la presidenta de la APM cargó también contra el borrador de ley procesal penal que tendrá que retomar el próximo Ejecutivo. Ante la decisión de dejar en manos de los fiscales la investigación de las causas penales, Del Barco dijo: **“¿Alguien tiene alguna duda de cuáles son los asuntos que se van a instruir en este país y los que no se van a instruir?”.** Tras lanzar esas sospechas sobre la actuación del Ministerio Público, algunos de cuyos miembros estaban presentes durante su alocución, añadió**: "Esto va a tener consecuencias en la vida política porque se puede utilizar como un instrumento político y todos lo sabemos".** Después, volvió a expresar su deseo de que España fuera sancionada por la UE por vulnerar la independencia judicial y el Estado de derecho y lamentó que Bruselas no hubiera intervenido aquí como sí hizo en Polonia, cuando su Gobierno trató de diseñar una judicatura a su medida rechazando la preeminencia del derecho comunitario. Ningún organismo internacional supervisor de los estándares democráticos ha cuestionado la independencia de los jueces españoles.
**“A veces siento no ser Polonia y que esto provocara la intervención de Europa”** , afirmó Del Barco en el acto del PP. A su juicio, Bruselas no lo ha hecho porque España es un miembro estratégico de la UE, lo que evita **“una intervención en defensa de nuestro Estado de derecho”**. La flagrante vulneración de la independencia judicial, el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico comunitario por parte del Gobierno de los populistas ultras del PiS ocasionó a Polonia una multa diaria de un millón de euros en 2021 y puso en riesgo los miles de millones de fondos europeos para la recuperación tras la pandemia aprobados por la UE para ese país. ¿Querría algo así para España la presidenta de la APM y candidata a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid?