El fin de la emergencia territorial indígena decretado por el Gobierno de Javier Milei ha acelerado las expulsiones

Cinco imputados, considerado los líderes del atentado, recibieron más de 80 años de presidio.

La comunidad recibió paneles solares del gobierno neuquino y conectividad satelital de Parques Nacionales, pese al litigio judicial por las tierras que ocupaba. El desalojo de la lof Melo se concretó el 19 de agosto pasado

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos **Gabriel Jofré, vocero de la organización Identidad Territorial Malalweche, presentó una comunicación de más de 60 páginas a la Relatoría Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados. Denuncian la falta de imparcialidad del poder judicial mendocino, el avance de los desalojos y la ocupación de tierras ancestrales por fondos de inversión extranjeros.** * * * Las comunidades mapuches del sur de Mendoza atraviesan un momento crítico. Entre el avance de proyectos extractivos, la intensificación de desalojos y lo que denominan un “**racismo institucionalizado** “, han decidido llevar su caso a organismos internacionales. **Gabriel Jofré** , werkén y vocero de la organización **Identidad Territorial Malalweche** , dialogó con Radio La Leñera para compartir la gravedad de la situación y los pasos que están dando para defender sus derechos territoriales. ## Una denuncia global En marzo de 2026, la organización presentó ante la **Relatoría Especial de las Naciones Unidas** una comunicación detallada de más de 60 hojas. El documento expone punto por punto las vulneraciones sistemáticas que sufren las comunidades mapuches en Mendoza, con foco en la parcialidad del sistema de justicia provincial y la persecución a defensores ambientales. “La relatora se mostró muy preocupada por lo que viene”, contó Jofré tras una reunión virtual sostenida el 20 de agosto. “Esperamos su comunicación en uno o dos meses. Mientras tanto, informamos a la comunidad lo que hemos presentado”. La denuncia también incluye presentaciones ante la **OIT** (Organización Internacional del Trabajo) por la violación del Convenio 169 —que es ley nacional desde 2001— y ante la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos**. ## “Legalizar lo ilegal”: desalojos y poder judicial Uno de los ejes centrales de la denuncia es el rol del **poder judicial mendocino**. Como indican en el documento presentado, los jueces designados durante la gestión de Rodolfo Suárez (y mantenidos bajo el actual gobierno de Alfredo Cornejo) carecen de independencia e imparcialidad. “El poder judicial no dictamina desde la justicia, sino que está generando antecedentes manifiestos para silenciar nuestra demanda histórica”, afirmó Jofré. “Reciben órdenes del cuarto piso de Casa de Gobierno. Hoy el gendarme ya no es un poder que determina una justicia, recibe órdenes vinculadas con la Casa Rosada y con las líneas políticas de despoblar los territorios”. Los desalojos, según denunció, se han intensificado y son utilizados como **“acto político simbólico”** para aleccionar a la sociedad. “Lo que estamos viendo en Neuquén es la punta de un iceberg. En el sur de Mendoza estamos en una emergencia altísima, con comunidades que ya tienen dictámenes de desalojo”. ## 500 mil hectáreas “ocupadas por Inglaterra” Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue la revelación sobre la tenencia de tierras en Malargüe. Jofré hizo una comparación directa con el conflicto por las Islas Malvinas para visibilizar la situación: > “Así como nos emocionamos cuando la selección sacó una bandera que decía ‘Las Malvinas son argentinas’, debemos entender que **hoy en Mendoza hay 500 mil hectáreas ocupadas por Inglaterra**. El grupo de inversión anglo-malayo **Walbrook** (que opera localmente con el nombre Nieves de Mendoza S.A.) administra esas tierras en Malargüe, conocidas como Campo Las Leñas. Desde hace más de 20 años, ese territorio está en manos de capitales ingleses y hoy le tenemos que pedir permiso a ellos para hacer cosas en el lugar”. Según el vocero, en esas tierras se realizaron experiencias de fracking, se explota cobre y oro (proyecto El Perdido), y se promueve el turismo, mientras las comunidades originarias que habitan allí son amenazadas con desalojo. “Somos cómplices e hipócritas si defendemos las Malvinas pero ignoramos que medio millón de hectáreas mendocinas están administradas por un fondo inglés”, sentenció. ## Protocolo de consultas incumplido Tras una audiencia con la Comisión Interamericana en julio de 2025, el gobierno provincial convocó a una mesa de diálogo para elaborar un **protocolo de consulta previa** sobre actividades mineras. Sin embargo, Jofré denunció que el gobierno publicó unilateralmente el protocolo sin incorporar las observaciones de las comunidades. “El incumplimiento es permanente. No respetan el diálogo ni los acuerdos”, criticó. Por ello, convocaron a una nueva asamblea abierta para el **13 de septiembre en Uspallata** , en el Centro Cultural, a pedido de la Comunidad Huarpe Guaytamari, que sufre fuerte presión por el proyecto minero San Jorge. ## Campañas de odio y fragmentación Jofré también alertó sobre las campañas mediáticas que buscan presentar a las comunidades como “enemigas del pueblo” y generar falsos enemigos internos. “Nos atacan en la dispersión, en la fragmentación. Por eso es crucial el rol de la comunicación comunitaria: mostrar que no son hechos aislados, sino una política sistemática contra quienes defendemos el territorio”. Denunció además la hipocresía de figuras políticas que participan de rituales como el de la Pachamama mientras encabezan marchas anti-mapuche o impulsan leyes de desalojo. ## El llamado a la conciencia colectiva El mensaje final de Gabriel Jofré fue un llamado a romper la “encerrona” de las campañas de odio y a comprender la verdadera disputa por la soberanía: > “Queremos seguir viviendo en nuestro territorio. Que nuestras hijas e hijos puedan seguir ahí. Ese es nuestro reclamo. No somos un obstáculo para el desarrollo; defendemos el ambiente porque defendemos la vida misma”. La organización Identidad Territorial Malalweche mantiene canales abiertos para el diálogo y convoca a la sociedad a informarse, participar de las asambleas y exigir al Estado el cumplimiento de los tratados internacionales y la Constitución Nacional. lof tremunko * * * Escuchá la entrevista completa al werkén mapuche Gabriel Jofré realizada por Radio La Leñera: 0:00 0:00

**Gabriel Jofré, vocero de la organización Identidad Territorial Malalweche, presentó una comunicación de más de 60 páginas a la Relatoría Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados. Denuncian la falta de imparcialidad del poder judicial mendocino, el avance de los desalojos y la ocupación de tierras ancestrales por fondos de inversión extranjeros.** * * * Las comunidades mapuches del sur de Mendoza atraviesan un momento crítico. Entre el avance de proyectos extractivos, la intensificación de desalojos y lo que denominan un “**racismo institucionalizado** “, han decidido llevar su caso a organismos internacionales. **Gabriel Jofré** , werkén y vocero de la organización **Identidad Territorial Malalweche** , dialogó con Radio La Leñera para compartir la gravedad de la situación y los pasos que están dando para defender sus derechos territoriales. ## Una denuncia global En marzo de 2026, la organización presentó ante la **Relatoría Especial de las Naciones Unidas** una comunicación detallada de más de 60 hojas. El documento expone punto por punto las vulneraciones sistemáticas que sufren las comunidades mapuches en Mendoza, con foco en la parcialidad del sistema de justicia provincial y la persecución a defensores ambientales. “La relatora se mostró muy preocupada por lo que viene”, contó Jofré tras una reunión virtual sostenida el 20 de agosto. “Esperamos su comunicación en uno o dos meses. Mientras tanto, informamos a la comunidad lo que hemos presentado”. La denuncia también incluye presentaciones ante la **OIT** (Organización Internacional del Trabajo) por la violación del Convenio 169 —que es ley nacional desde 2001— y ante la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos**. ## “Legalizar lo ilegal”: desalojos y poder judicial Uno de los ejes centrales de la denuncia es el rol del **poder judicial mendocino**. Como indican en el documento presentado, los jueces designados durante la gestión de Rodolfo Suárez (y mantenidos bajo el actual gobierno de Alfredo Cornejo) carecen de independencia e imparcialidad. “El poder judicial no dictamina desde la justicia, sino que está generando antecedentes manifiestos para silenciar nuestra demanda histórica”, afirmó Jofré. “Reciben órdenes del cuarto piso de Casa de Gobierno. Hoy el gendarme ya no es un poder que determina una justicia, recibe órdenes vinculadas con la Casa Rosada y con las líneas políticas de despoblar los territorios”. Los desalojos, según denunció, se han intensificado y son utilizados como **“acto político simbólico”** para aleccionar a la sociedad. “Lo que estamos viendo en Neuquén es la punta de un iceberg. En el sur de Mendoza estamos en una emergencia altísima, con comunidades que ya tienen dictámenes de desalojo”. ## 500 mil hectáreas “ocupadas por Inglaterra” Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue la revelación sobre la tenencia de tierras en Malargüe. Jofré hizo una comparación directa con el conflicto por las Islas Malvinas para visibilizar la situación: > “Así como nos emocionamos cuando la selección sacó una bandera que decía ‘Las Malvinas son argentinas’, debemos entender que **hoy en Mendoza hay 500 mil hectáreas ocupadas por Inglaterra**. El grupo de inversión anglo-malayo **Walbrook** (que opera localmente con el nombre Nieves de Mendoza S.A.) administra esas tierras en Malargüe, conocidas como Campo Las Leñas. Desde hace más de 20 años, ese territorio está en manos de capitales ingleses y hoy le tenemos que pedir permiso a ellos para hacer cosas en el lugar”. Según el vocero, en esas tierras se realizaron experiencias de fracking, se explota cobre y oro (proyecto El Perdido), y se promueve el turismo, mientras las comunidades originarias que habitan allí son amenazadas con desalojo. “Somos cómplices e hipócritas si defendemos las Malvinas pero ignoramos que medio millón de hectáreas mendocinas están administradas por un fondo inglés”, sentenció. ## Protocolo de consultas incumplido Tras una audiencia con la Comisión Interamericana en julio de 2025, el gobierno provincial convocó a una mesa de diálogo para elaborar un **protocolo de consulta previa** sobre actividades mineras. Sin embargo, Jofré denunció que el gobierno publicó unilateralmente el protocolo sin incorporar las observaciones de las comunidades. “El incumplimiento es permanente. No respetan el diálogo ni los acuerdos”, criticó. Por ello, convocaron a una nueva asamblea abierta para el **13 de septiembre en Uspallata** , en el Centro Cultural, a pedido de la Comunidad Huarpe Guaytamari, que sufre fuerte presión por el proyecto minero San Jorge. ## Campañas de odio y fragmentación Jofré también alertó sobre las campañas mediáticas que buscan presentar a las comunidades como “enemigas del pueblo” y generar falsos enemigos internos. “Nos atacan en la dispersión, en la fragmentación. Por eso es crucial el rol de la comunicación comunitaria: mostrar que no son hechos aislados, sino una política sistemática contra quienes defendemos el territorio”. Denunció además la hipocresía de figuras políticas que participan de rituales como el de la Pachamama mientras encabezan marchas anti-mapuche o impulsan leyes de desalojo. ## El llamado a la conciencia colectiva El mensaje final de Gabriel Jofré fue un llamado a romper la “encerrona” de las campañas de odio y a comprender la verdadera disputa por la soberanía: > “Queremos seguir viviendo en nuestro territorio. Que nuestras hijas e hijos puedan seguir ahí. Ese es nuestro reclamo. No somos un obstáculo para el desarrollo; defendemos el ambiente porque defendemos la vida misma”. La organización Identidad Territorial Malalweche mantiene canales abiertos para el diálogo y convoca a la sociedad a informarse, participar de las asambleas y exigir al Estado el cumplimiento de los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Lof Tremunko. Foto Archivo https://malalweche.blogspot.com * * * Escuchá la entrevista completa al werkén mapuche Gabriel Jofré realizada por Radio La Leñera: 0:00 0:00

La Norvège se proclame championne des droits des peuples autochtones, mais l’une de ses entreprises publiques d’énergie est sur le point d’engloutir le fleuve sacré des Mapuches au Chili pour de l’arg...

Héritage de la colonisation, les peuples autochtones en Argentine luttent contre l'État et les propriétaires terriens pour leurs droits sur leurs terres ancestrales. Depuis la présidence de Javier Milei, les expulsions des membres de la communauté Mapuche redoublent d'intensité et de violence. Explication. Héritage de la colonisation, les peuples autochtones en Argentine luttent contre l'État et les propriétaires terriens pour leurs droits sur leurs terres ancestrales. Depuis la présidence de Javier Milei, les expulsions des membres de la communauté Mapuche redoublent d'intensité et de violence. Explication. Depuis la fin de la dictature et l'avènement de la démocratie en Argentine, un conflit historique oppose l’État et les Mapuches, le peuple autochtone le plus nombreux du pays, pour le contrôle de nombreux territoires. À travers ces conflits fonciers, deux conceptions s’affrontent : celle de la propriété privée et celle du droit ancestral à l’occupation des terres. Après environ deux décennies d’accalmie, les tensions se sont ravivées depuis fin 2024, avec une multiplication des expulsions de communautés mapuches. La raison ? L’abrogation de la loi n° 26.160 par le gouvernement argentin. Depuis 2006, ce texte établissait un système de protection juridique d’urgence concernant les terres occupées par les peuples autochtones. La fin d’un dispositif clé Pourquoi cette mesure avait-elle été prise à l’époque ? Dans la plupart des conflits fonciers, les communautés autochtones occupent leurs terres ancestrales depuis plusieurs siècles et n’ont pas toujours pu accéder aux documents et titres établissant leurs droits, notamment en raison de l’oppression historique dont ces peuples ont été victimes. Ce sont donc l’État ou un acteur privé qui détient juridiquement les terres. Faute de solution simple, le législateur avait choisi de maintenir le statu quo sur le terrain. En conséquence, toute exécution de jugement ou tout acte administratif visant à expulser les communautés autochtones de ces territoires étaient suspendus. En parallèle, l’État devait procéder à la délimitation et à la reconnaissance formelle des territoires ancestraux. (Re)lire "Terricide" : le manifeste de la militante et guerrière mapuche Moira Millán Mais l’État argentin a failli dans sa mission de recensement territorial. La loi a du être prolongée par plusieurs gouvernements, de droite comme de gauche. En décembre 2024, le président libertarien et d'extrême droite Javier Milei a décidé d'y mettre fin.  Deux visions irréconciliables Pour justifier cette abrogation, le gouvernement a notamment invoqué une atteinte à la “propriété privée”, un “impact sur la souveraineté du pays” ainsi qu’un “abus des mécanismes de reconnaissance communautaire”. Mais derrière cette opposition de principe se cache aussi un intérêt économique. Une grande partie des communautés mapuches vivent en Patagonie , une région particulièrement riche en ressources naturelles, notamment en hydrocarbures. Ces convoitises sont en totale contradiction avec la vision du peuple Mapuche. “Dans notre cosmogonie, on vit en harmonie avec la terre. C’est un espace sacré. Lui, il veut exploiter économiquement nos territoires, les utiliser pour mettre en place ses projets miniers ou pour de la spéculation immobilière” , déclare Moira Millán, leader et activiste mapuche, à TV5MONDE. Une offensive juridique plus large Mais cette décision n’est pas la seule. D’autres dispositions juridiques pourraient également faciliter les expulsions de communautés de leurs terres. La loi dite d’“expulsion expresse” est actuellement en débat au Parlement. Proposée par le gouvernement, elle a déjà été approuvée par le Sénat le 7 août dernier, mais doit encore être examinée par la Chambre des députés. Pour aller plus loin Argentine: les glaciers de Patagonie menacés Le texte prévoit notamment de permettre l’expulsion de locataires dans le cadre de procédures judiciaires plus courtes et plus rapides. Il prévoit également une restitution anticipée de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de rendre le bien à son propriétaire avant que la procédure judiciaire ne soit définitivement terminée. Pour Moira Millán, il s’agit d’une “offensive juridique menée par le pouvoir en place contre les communautés” . Elle alerte sur les conséquences de ces changements : “Ils veulent chasser les peuples de leurs territoires, sans perspective économique. Nos connaissances et nos compétences ne nous permettent pas de vivre en ville. On veut faire de nous des parias.” Une pression qui ne date pas d’hier Elle reconnaît toutefois que si le gouvernement actuel a renforcé la pression sur les communautés, celle-ci n’a jamais cessé. “Historiquement, on a toujours été sous menace, en dictature ou en démocratie. Même pendant le gouvernement, censé être progressiste, d’Alberto Fernández, il y a eu des violences contre des femmes et des enfants mapuches” , assure-t-elle. Pour elle, c’est l’absence de protection juridique effective qui est au cœur du problème : “L’article 75 de la Constitution reconnaît la préexistence des peuples autochtones à l’État argentin. Mais il n’y a aucune norme d’application de ce principe. Donc, au final, ce ne sont que de beaux mots sans effets." Actuellement, 250 conflits fonciers sont recensés en Argentine. Une problématique historique qui, avec les nouvelles modifications juridiques, rouvre une blessure mal cicatrisée du pays. Pour aller plus loin Argentine: les difficultés économiques freinent la natalité