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La situación de la administración de justicia y los servicios forenses en Cali ha tocado fondo tras 48 días del terremoto de magnitud 7,4 que afectó la capital del Valle del Cauca. Las sedes de Medicina Legal y el Palacio de Justicia de Cali se encuentran en un estado crítico, manteniendo en vilo tanto a los trabajadores del sector como a los miles de usuarios que acuden diariamente a estas instalaciones. Asonal Judicial denuncia un posible retorno forzado a la presencialidad sin las debidas garantías de seguridad. En Medicina Legal, la atención se brinda bajo una carpa afuera del edificio, en medio de una polvareda y condiciones no adecuadas para los usuarios. Los familiares de los fallecidos deben realizar trámites en Cali y luego trasladarse a Palmira o Buga, que están a 45 minutos o una hora y media más de distancia. En el Palacio de Justicia, más de 3.000 funcionarios laboran diariamente, pero el edificio presenta severos daños en su infraestructura y mampostería. Los sindicatos y empleados protestan ante la orden de iniciar labores presenciales desde el 28 de septiembre, a pesar de que varios juzgados presentan daños graves. Asonal Judicial informó que la visita de expertos de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca ordenó reparaciones, pero estas se pretenden ejecutar en medio de la atención al público, generando una grave perturbación y peligro en la prestación del servicio. El presidente de Asonal Judicial Cali, Diego Achinte, destacó que no existen constancias de seguridad que indiquen que el edificio es habitable. Los trabajadores piden una evaluación exhaustiva por ingenieros estructurales para garantizar que el Palacio de Justicia no represente riesgo para las más de 5.000 personas que diariamente visitan el lugar. Las oficinas en los pisos del cuarto al 18 no han sido habilitadas para funcionamiento, solo los tres primeros pisos están operativos. Abogados y veedores ciudadanos recomiendan desocupar las oficinas debido a los daños en mampostería y el riesgo de réplicas sísmicas. Se espera una respuesta del Consejo seccional de la Judicatura.

La Medicina Legal ha determinado que Ana Lucía González, una niña de 9 años de nacionalidad venezolana, falleció por asfixia, clasificando el caso como un homicidio. El dictamen preliminar fue entregado a la Fiscalía, que continúa con la investigación para esclarecer los hechos. La menor fue encontrada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. Su cuerpo presentaba moretones, y se están realizando estudios histopatológicos para determinar si sufrió agresión sexual antes de morir. El presunto responsable es José Rojas Larez, un ciudadano venezolano de 29 años y pareja de la hermana mayor de Ana Lucía. Fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Bogotá y se le imputarán cargos relacionados con la muerte de la niña y posibles delitos sexuales. La investigación se basó en cámaras de seguridad que mostraron que la menor salió de Mosquera, Cundinamarca, en una motocicleta junto al sospechoso. La Fiscalía prepara las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. La niña había viajado a Colombia para visitar a su hermana mayor durante sus vacaciones escolares. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, especialmente por el contexto de violencia y desapariciones de menores. Medicina Legal continúa con los análisis para precisar las circunstancias de la muerte, lo que será crucial para el proceso judicial. El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó que, aunque existe una conclusión preliminar, aún quedan estudios pendientes para establecer con mayor precisión lo ocurrido. Este caso se suma a los homicidios reportados en Colombia, según el mapa desarrollado por Esri Colombia, que muestra información de homicidios reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con su labor de identificar a las 270 personas fallecidas tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia. Esta entidad ha implementado protocolos reforzados para garantizar la precisión en la identificación de cuerpos, lo cual permite ofrecer certeza a las familias y facilitar los trámites funerarios. El proceso incluye el análisis de documentación, características físicas y técnicas especializadas, coordinado con autoridades de emergencia. La identificación se realiza en zonas afectadas, con entrega progresiva de cuerpos para que las familias puedan despedirse de sus seres queridos. Este esfuerzo busca esclarecer la tragedia y brindar apoyo emocional a quienes esperan noticias sobre allegados desaparecidos. La labor forense también contribuye a establecer cifras oficiales y acompañar a las familias en el duelo colectivo generado por la emergencia. Aunque los datos son provisionales, el trabajo continúa para actualizar información y responder a la magnitud del sismo.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia ha dejado un saldo de al menos 205 personas fallecidas, según el último informe de Medicina Legal. La institución reportó haber recibido 230 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, de los cuales ya se identificaron a 205 personas. Uno de los datos más impactantes es la presencia de 12 menores de edad entre las víctimas, lo que resalta la gravedad del sismo. Las autoridades continúan con labores de búsqueda y rescate, mientras se enfrentan a desafíos logísticos en la identificación de los cuerpos restantes. El balance incluye además 140 personas entregadas a sus familias, lo que evidencia el esfuerzo por brindar dignidad a las víctimas. Las zonas afectadas también enfrentan daños estructurales en viviendas, colegios y hospitales, lo que ha llevado a medidas como toques de queda y suspensión de clases. La respuesta coordinada entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional busca apoyar a las familias afectadas con subsidios, albergues y revisiones de infraestructura.

Colombia mantiene una web oficial para buscar desaparecidos y cadáveres sin reclamar tras el terremoto y activar la búsqueda urgente oficial.

Reviravolta no caso da bebê Helena de 10 meses. O IML descarta a hipótese de que ela teria sofrido abuso. Como surgiu então essa suspeita? A medicina legal tem uma explicação pra isso. #noticias #curiosidades #medicinalegal

La muerte de Daniela Zuleta Gnecco en Valledupar sigue bajo investigación; familia, colegio y vallenato la despiden entre homenajes y dolor. La muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente ...

Mais Ribatejo - Notícias O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) ativou a sua equipa de desastres de massa para dar resposta à tragédia do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 15 mortos e 18 feridos. A delegação Sul do INMLCF, em Lisboa, foi reforçada com duas equipas vindas das delegações do Porto […] O conteúdo Instituto de Medicina Legal ativa equipa de desastres de massa para identificar vítimas do acidente do elevador da Glória aparece primeiro em Mais Ribatejo.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia que la historia clínica y el informe de Medicina Legal sobre la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años fallecido en febrero en Bogotá, están protegidos por reserva sumarial y no pueden hacerse públicos. La decisión respalda la posición de Medicina Legal, que se ha negado a entregar los documentos al Gobierno nacional, argumentando que solo pueden ser divulgados mediante orden judicial, debido a que forman parte de una investigación en curso y su publicación podría afectar el proceso. El caso ha generado controversia política y mediática, ya que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud han cuestionado a las entidades judiciales y forenses por no revelar la información, señalando incluso posibles ocultamientos. Sin embargo, el tribunal recordó que la historia clínica y los resultados de necropsia son documentos de carácter privado y reservado. Kevin Acosta padecía hemofilia tipo A y falleció tras complicaciones médicas asociadas a su condición. Su muerte ha sido utilizada en el debate público sobre la intervención a la Nueva EPS, entidad que enfrenta cuestionamientos por fallas en la entrega de medicamentos y problemas financieros. La Procuraduría ha señalado que la falta de suministro de tratamientos pudo haber influido en el desenlace del caso, mientras que la Contraloría ha advertido graves déficits financieros en las EPS intervenidas, incluyendo billones de pesos en reservas técnicas y anticipos sin legalizar. El caso se ha convertido en un punto de discusión sobre el sistema de salud colombiano, la gestión de las EPS intervenidas y el acceso a la información en investigaciones judiciales en curso, en medio de una crisis estructural del sector salud.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó oficialmente que el cuerpo hallado en la vía rural de Apulo (Cundinamarca) corresponde a Yulixa Toloza, la estilista de 52 años que desapareció tras someterse a una lipólisis láser en un centro de estética clandestino en Bogotá. La necropsia, realizada en tiempo récord, permitió verificar su identidad mediante huellas y registros dentales. La investigación reveló que Yulixa salió del procedimiento en estado crítico, desorientada y con dificultad para hablar, según testimonios de su amiga cercana. A pesar de las advertencias de la amiga sobre la necesidad de atención médica urgente, el personal del centro ignoró la situación. Posteriormente, fue sacada inconsciente y transportada en un vehículo, ruta que fue reconstruida gracias a cámaras de seguridad y sistemas de fotomultas. La Fiscalía ya emitió órdenes de captura contra cinco personas implicadas, abriendo formalmente la etapa penal por homicidio. El caso ha generado indignación por la negligencia del establecimiento y la manipulación del cuerpo de la víctima, así como por la rapidez con la que se han ejecutado los procedimientos forenses que permitirán avanzar en la justicia.