El empresario Julio Martínez admitió pagos sin nuevos servicios a Whathefav, la firma de las hijas de Zapatero, mientras se investiga Plus Ultra.

El juez José Luis Calama cuestiona pagos, trabajos y gestiones vinculados al entorno de Zapatero dentro de la investigación sobre Plus Ultra

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Simón Leendert Verhoeven declara ante el juez tras su detención en Alemania. La causa rastrea préstamos, sociedades y movimientos financieros.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha iniciado una investigación para esclarecer las filtraciones de información reservada del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La magistrada Margarita Valcarce ha encargado a la Policía Judicial la elaboración de un informe para determinar el origen de las filtraciones e identificar a sus responsables. Estas filtraciones incluyen agendas personales y profesionales de Zapatero correspondientes a 2024 y 2025, así como conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, quien también está investigada en el caso. El juez José Luis Calama, instructor de la causa principal, remitió el asunto a los juzgados ordinarios en junio tras advertir de filtraciones constantes de documentación del procedimiento. Estas filtraciones incluían datos personales del expresidente y detalles de su agenda que no guardaban relación directa con la investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con la aerolínea Plus Ultra. El juez Calama consideró que las filtraciones podían constituir una vulneración del secreto judicial y posiblemente un delito recogido en los artículos 466 y 417 del Código Penal. La defensa de Zapatero expresó su malestar por la difusión de información personal no relevante para la causa, reclamando que se hubiera depurado previamente la documentación. La investigación se centra en determinar cómo llegó a los medios de comunicación el material procedente del teléfono móvil de Alcázar, intervenido por la UDEF en el marco de las pesquisas sobre Plus Ultra. Los informes elaborados por la Policía incluían detalles sobre supuestos pagos de 200.000 euros por mediar en favor de una empresa peruana de cemento ante el Gobierno de Bolivia. La jueza Valcarce ha ordenado a la Policía Judicial que examine lo sucedido tras recabar la documentación necesaria. El expresidente se dispone a declarar en calidad de imputado en el caso Plus Ultra.

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Dos piezas de oro y tres sociedades conectan un registro en Mallorca con las pesquisas sobre la aerolínea.