El presidente del Partido Popular interviene en este encuentro con una ponencia individual, mientras la posibilidad de un adelanto electoral marca la actualidad política

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Los términos de la ponencia del presidente del Constitucional irritan a miembros de la Sala Segunda, que los consideran innecesariamente descalificadores. Más información: La ponencia de Conde-Pumpido...

El borrador de sentencia redactado por Cándido Conde-Pumpido que, con toda probabilidad, otorgará el amparo a la exconsellera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Dolors Bassa, **contiene una orden directa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**. Sus magistrados, según la ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, deberán **dictar "una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito** de malversación por el que fue condenada la actora" en el juicio del procés. Esa nueva resolución debe adoptarse, además, **con "carácter preferente y urgente"** , como establece la ley de amnistía. La ponencia que contiene ese mandato expreso se debatirá en el Pleno del órgano de garantías el próximo martes, pero su presidente la ha defendido ya este jueves.**"El fallo tiene que ser claro, preciso y contundente"** , ha dicho Conde-Pumpido en un acto público. "Debemos ser claros; el fallo debe decir lo que hay que hacer", ha insistido. La taxatividad de la orden al Supremo contenida en el proyecto de sentencia del presidente **contrasta con el margen dado a los tribunales ordinarios en otros casos, como el de los ERE**. En las sentencias de amparo de la pieza política de esta causa –en el que fueron condenados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como algunos de sus consejeros a los que luego el TC amparó– **las sentencias dejaban en manos de la Audiencia de Sevilla la nueva sentencia a imponer.** El Constitucional se limitó a establecer los hechos que no debían considerarse punibles –como la elaboración de los proyectos de ley de Presupuestos que luego aprobaba el Parlamento Andaluz– lo que debería suponer una rebaja significativa de penas, pero rechazaba pronunciarse de forma taxativa sobre cuál tenía que ser exactamente, permitiendo que fueran los magistrados ordinarios que conocieron el caso los que hicieran una nueva interpretación conforme a sus parámetros. En la ponencia de Conde-Pumpido por la inaplicación de la amnistía a la malversación de Dolors Bassa, **la orden es concreta y llega al contenido del fallo**. La nueva resolución que redacte la Sala de lo Penal**tiene que amnistiar el delito**. Y, no solo, eso. Lo tiene que hacer **rápido** , tal y como establece el artículo 10.1 de la ley de amnistía, que obliga a los distintos órganos a adoptar "con carácter preferente y urgente las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable del que se trate". El presidente defendió la formulación de ese mandato contenido en su ponencia en aras a la claridad. "Cuando se estima un recurso de amparo, se anula la decisión que vulnera el derecho fundamental para ordenar que se reponga ese derecho al afectado", ha advertido. La decisión de que la ponencia contenga esa orden concreta tiene que ver con la claridad, precisión y concisión que requiere la redacción de una resolución. Pero también con la sospecha de que, desde el Supremo, **se pueda intentar una nueva maniobra que retrase todavía más la aplicación de la ley** a los líderes independentistas condenados o procesados por malversación, el expresidente Carles Puigdemont entre ellos. Conjurar esa posibilidad es también uno de los objetivos de la mayoría progresista, que muestra hartazgo de las argucias desde el Alto Tribunal y de otros. En el caso de los ERE, por ejemplo, la Audiencia de Sevilla se negó a redactar las nuevas sentencias que se le reclamaban desde el órgano de garantías y sus magistrados decidieron presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un acuerdo insólito que ha vuelto a paralizar el caso y que generó un enorme malestar en el máximo intérprete de la Constitución. Conde-Pumpido también aprovechó su acto público –un desayuno en Nueva Economía Forum– para aclarar que esa contundencia de la orden directa de amnistiar la malversación busca el establecimiento de **"una doctrina clara y precisa que queremos establecer"**. Respecto al conflicto con el Supremo, recordó que el artículo 123 de la Constitución explica que ese Alto Tribunal "es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, **salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales** ", ámbito en el que la máxima instancia es el Tribunal Constitucional. Después recordó que es la Ley Orgánica del Poder Judicial –"y no la del Tribunal Constitucional", dijo– la que establece en su artículo 5 que los jueces y tribunales deben aplicar las leyes y los reglamentos **"conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional** en todo tipo de procesos". Lo que viene a transmitir el presidente del órgano de garantías con estas referencias legales y constitucionales es que, en caso de que el próximo Pleno apruebe –como parece previsible, aunque pueden introducirse cambios– su ponencia, sus argumentos conformarán la doctrina que se aplicará al resto de recursos de amparo de los condenados y procesados por el procés, por lo que **basta un primer fallo en el Constitucional para que la Sala Segunda del Supremo tenga que aplicar esa doctrina** del órgano superior "en materia de garantías constitucionales" a todos ellos, y no solo a Dolors Bassa. Aún así, fuentes del máximo intérprete de la Constitución temen que se nieguen a hacerlo para esperar a cada una de las sentencias estimatorias de amparo.

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Los términos de la ponencia del presidente del Constitucional irritan a miembros de la Sala Segunda, que los consideran innecesariamente descalificadores.Más información: La ponencia de Conde-Pumpido propone ordenar al TS amnistiar la malversación "con carácter preferente y urgente"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido este jueves la orden directa al Tribunal Supremo que incluye su ponencia sobre Dolors Bassa para que aplique de forma «urgente y preferente» la amnistía. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado en el casino de Madrid, el magistrado ha señalado que cuando el TC dicta un fallo tiene que ser lo suficientemente claro, preciso y contundente«. »Si la ley de amnistía establece que de forma preferente y urgente se aplique la ley porque afecta a derechos fundamentales, nosotros, en nuestro fallo final debemos de ser claros, ha apostillado. Como informó ABC, en el borrador de sentencia que llevará al Pleno del próximo martes, Conde.Pumpido no se limita a utilizar la fórmula habitual en la estimación de los recursos de amparo, como sí hace Macías en el amparo de Turull (que se retrotraigan las actuaciones para que el tribunal dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales), sino que insta al Alto Tribunal a que lo haga teniendo en cuenta el «carácter preferente y urgente» de la ley de amnistía. No ha querido entrar el presidente en el tiempo que debe tardar el Supremo en ejecutar ese fallo pero sí ha deslizado que en el propio Supremo «ya han manifestado, por lo que he podido leer, que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, siempre que el Tribunal Constitucional hubiese establecido una doctrina clara y precisa. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa», ha zanjado. Sin mencionar una sola vez a Puigdemont ni por tanto el plazo en el que estima que el profugo podría volver (pese a ser preguntado de forma explícita por ello) Conde-Pumpido quiso mantener el equilibrio entre lo imperativo de su ponencia y el margen de maniobra del Supremo para aplicar la doctrina que fije el TC. «Si estimamos el recurso, lo comunicaremos a la mayor brevedad a las partes y también al órgano encargado de su ejecución. Como saben, el Tribunal Constitucional adopta la decisión y la ejecución le corresponde al tribunal de la jurisdicción ordinaria», ha dicho. Respecto a si le preocupa el hecho de que se cuestione la invasión de competencias del TC al corregir las interpretaciones del Supremo, Conde-Pumpido ha argumentado que el TC las tiene «perfectamente delimitadas». «Somos los intérpretes supremos de la Constitución (...). El Tribunal Constitucional en el ejercicio de esta competencia, efectivamente, tiene que respetar la autonomía de cada uno de los poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La propia Constitución dice que el Supremo es el órgano máximo en todas las jurisdicciones, salvo en materia de derechos fundamentales, en la que el TC es el órgano máximo», ha zanjado. En otro momento de su intervención, en concreto para cerrarla, el ex fiscal general ha aludido (sin que nadie le hubiera preguntado por ello) a las funciones ejecutivas de las que goza el TC para hacer cumplir sus resoluciones. «Algunos problemas que hemos tenido históricamente se produjeron precisamente porque teníamos constituciones que no tenían un órgano encargado de hacerlas cumplir (...) Nosotros, gracias a una reforma que se hizo durante el gobierno del señor Rajoy en el año 2015, tenemos unas facultades de ejecución muy importantes», ha dicho. «Podemos imponer sanciones (así lo hicimos, por ejemplo, con la Sindicatura Electoral de Cataluña, que desapareció precisamente porque nosotros le impusimos una sanción en metálico); podemos suspender cargos públicos, deducir testimonio por desobediencia, podemos hacer ejecutar nuestras secciones, poner un plazo para que se cumplan, etcétera, etcétera».En este sentido ha apostillado también que las decisiones del TC son «cosa juzgada» y que todos los poderes públicos «tienen la obligación de cumplirlas». «Es cierto que a veces surge una cierta, digamos, voluntad de no atender a las resoluciones del Tribunal Constitucional, pero no somos nosotros. Es la Constitución y la ley la que les obliga».