Qué propone Vox para España: inmigración, impuestos, vivienda y cambios en el Estado
El programa político de Vox dibuja un proyecto de país basado en tres grandes prioridades: dar preferencia a los españoles en el acceso a las ayudas públicas, reducir la regulación y endurecer la política migratoria. A estas propuestas se suman una profunda rebaja fiscal, cambios en el modelo autonómico, la derogación de varias leyes sociales y una revisión del sistema de pensiones. Sin embargo, hay una advertencia fundamental para entender el alcance de estas medidas: el partido todavía no ha presentado su programa específico para las elecciones del 29 de noviembre, por lo que sus posibles actuaciones deben reconstruirse a partir de documentos anteriores, iniciativas parlamentarias y acuerdos de gobierno.
La propuesta política de Vox se apoya, según el análisis de sus posiciones públicas, en su programa electoral de 2023, un plan de desregulación presentado en junio, las iniciativas que ha llevado al Congreso y los acuerdos que ha firmado en los territorios donde gobierna con el Partido Popular. La combinación de estas fuentes permite identificar sus principales objetivos, aunque no garantiza que todas las medidas vayan a formar parte de un futuro programa ni que puedan aplicarse sin modificaciones.1. Inmigración: la política de remigración
La inmigración constituye uno de los ejes centrales del proyecto de Vox. El partido utiliza el término remigración para describir una política que pretende revertir parte de la inmigración asentada en España mediante expulsiones y restricciones a la regularización.
Entre sus propuestas figura expulsar a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular e impedir que quienes entren ilegalmente puedan regularizar posteriormente su situación. Esta posición se contrapone a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, que, según la transcripción, recibió más de 1,1 millones de solicitudes.
Vox también plantea revisar nacionalidades concedidas durante los últimos años y expulsar a extranjeros que cometan delitos graves. Para Ceuta y Melilla, su programa contempla la construcción de lo que denomina un muro infranqueable. No obstante, el propio portavoz del partido en materia migratoria habría reconocido que llevar a cabo esta última propuesta sería extraordinariamente complejo.
La aplicación de estas medidas afrontaría obstáculos jurídicos, ya que algunas entrarían en conflicto con la legislación española y europea. Por tanto, su puesta en práctica exigiría cambios normativos y no dependería únicamente de una decisión del Gobierno.2. Prioridad nacional: los españoles primero en las ayudas
La segunda gran idea es la prioridad nacional, un principio que Vox quiere aplicar al acceso a las ayudas públicas, la vivienda protegida y determinados servicios sanitarios. Su planteamiento consiste en anteponer a los españoles frente a los extranjeros en el reparto de recursos públicos.
En las prestaciones que no dependen de las cotizaciones previas, el partido propone reservar las ayudas a los ciudadanos españoles. En materia sanitaria, defiende limitar la atención de las personas sin papeles a las urgencias, mientras que el acceso de los inmigrantes en situación regular estaría condicionado por los años cotizados. En vivienda pública, los españoles tendrían preferencia en las listas de adjudicación.
La propuesta ya ha tenido recorrido parlamentario. Según la transcripción, Vox llevó al Congreso en abril una iniciativa para aplicar este principio a la sanidad, que obtuvo 33 votos favorables frente a 315 contrarios, incluidos los del PP. Sin embargo, el Partido Popular sí ha firmado acuerdos con Vox en Aragón y Extremadura que incorporan una formulación de la prioridad nacional.
La diferencia entre ambas formaciones reside en la interpretación del concepto. El PP lo vincula al arraigo, es decir, al tiempo que una persona lleva viviendo en España, mientras que Vox pretende dar un peso determinante a la nacionalidad. La compatibilidad de estas medidas con el marco constitucional sigue siendo una cuestión pendiente, dado que la Constitución prohíbe la discriminación por origen y su aplicación podría acabar sometida a revisión judicial.3. Impuestos: una rebaja fiscal de gran alcance
En materia económica, Vox propone reducir de forma considerable la carga fiscal de particulares y empresas. Una de sus medidas más destacadas consiste en eliminar el IRPF para quienes ganen hasta 22.000 euros anuales. Para el resto de contribuyentes, plantea sustituir el sistema actual por dos tramos: un 15 % para los ingresos de hasta 70.000 euros y un 25 % para los que superen esa cantidad.
El modelo supondría una simplificación del impuesto frente a los seis tramos mencionados en la transcripción, cuyo tipo máximo supera el 45 %. El partido también propone reducir cuatro puntos el tipo impositivo por cada hijo, rebajar el IVA de la electricidad y el gas, eliminar los impuestos asociados a la compra de la primera vivienda y disminuir el impuesto de sociedades.
La magnitud de la rebaja plantea una cuestión esencial: cómo compensar la pérdida de ingresos públicos. Según las cifras atribuidas al propio Vox, la reforma del IRPF reduciría la recaudación en 46.000 millones de euros anuales. La respuesta del partido consiste en recortar el gasto político, especialmente el de las comunidades autónomas, y eliminar lo que denomina chiringuitos.
El equilibrio entre las rebajas fiscales y los recortes de gasto será determinante para evaluar la viabilidad de la propuesta. Las cifras definitivas, además, podrían variar cuando Vox presente su programa electoral para los próximos comicios.4. Desregulación: eliminar tres normas por cada nueva ley
La tercera palabra clave del proyecto de Vox es desregulación. El plan presentado en junio propone reducir la cantidad de normas que afectan a la actividad económica y administrativa. Su principio general es que, por cada nueva regulación que se apruebe, se deroguen otras tres.
Entre las disposiciones que el partido quiere eliminar figuran los planes de igualdad que deben tener determinadas empresas, la ley de vivienda, la legislación sobre cambio climático, la normativa de movilidad sostenible y la ley de residuos. Vox sostiene que el exceso de regulación supone un coste superior a 70.000 millones de euros anuales.
En los territorios donde ya participa en el Gobierno, las actuaciones descritas en la transcripción se han centrado en cambios administrativos más limitados, como la implantación de una ventanilla única y la eliminación de la cita previa obligatoria en determinados procedimientos.
Sus críticos advierten de que derogar las normas señaladas no supondría únicamente reducir trámites burocráticos. También podría eliminar protecciones para trabajadores, inquilinos y otros colectivos. El alcance real de la desregulación dependería, por tanto, tanto de las leyes derogadas como de las medidas que pudieran sustituirlas.5. Vivienda: más construcción y menos restricciones al alquiler
Vox parte del diagnóstico de que España necesita más viviendas y de que la solución pasa por construir más, hacerlo con mayor rapidez y reducir los costes. Para ello, propone derogar la ley de vivienda y eliminar los límites al alquiler y las prórrogas obligatorias de los contratos.
El argumento del partido es que, con menos restricciones, los pequeños propietarios tendrían más incentivos para poner sus viviendas en alquiler. La formación también defiende eliminar los impuestos asociados a la adquisición de la primera vivienda y aplicar una política de tolerancia cero frente a la ocupación ilegal.
En este último ámbito, plantea que los propietarios no tengan que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles mientras su casa permanezca ocupada. A estas medidas se añade la prioridad de los españoles en el acceso a la vivienda pública.
La iniciativa para extender la prioridad nacional a todos los servicios públicos fue rechazada en el Congreso en junio, con 168 votos a favor y 181 en contra, pese al apoyo del PP mencionado en la transcripción. El debate sobre la vivienda enfrenta así dos enfoques: uno centrado en aumentar la oferta y reducir las restricciones al mercado y otro que atribuye a determinadas regulaciones una función de protección para los inquilinos.6. Trabajo y pensiones: incentivos a la contratación y un sistema mixto
En el ámbito laboral, Vox propone medidas específicas para autónomos y empresas. Para los trabajadores por cuenta propia, plantea que puedan pagar a Hacienda en el mismo plazo que la Administración tarda en devolverles dinero, con un periodo de referencia de seis meses.
Para las empresas, defiende eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de cada nuevo empleo y reducirlas a la mitad durante el segundo. La finalidad de estas medidas es aliviar los costes de contratación, aunque su impacto sobre los ingresos de la Seguridad Social dependería de su diseño y financiación.
Las pensiones constituyen otro de los puntos centrales de su propuesta económica. El portavoz económico de Vox considera que el sistema actual ha quebrado y defiende sustituirlo por un modelo mixto. Una parte de la pensión continuaría vinculada al sistema vigente, mientras que otra se acumularía en una cuenta individual de ahorro para cada trabajador.
La transcripción señala que el partido todavía no ha concretado qué proporción correspondería a cada componente. También recuerda que Vox fue el único partido que votó en contra de la subida de las pensiones en febrero, con 33 votos contrarios frente a 317 favorables. La formación justifica su postura en la necesidad de acometer reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. Frente a ese diagnóstico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal habría dado por buenas las últimas reformas de pensiones, según el contenido analizado.7. Estado autonómico: recuperar competencias y reforzar el poder central
Vox propone una reorganización profunda del Estado autonómico. Su objetivo es que la Administración central recupere competencias como la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad, mientras que las comunidades autónomas queden limitadas a un margen legislativo menor.
La propuesta incluye suprimir las policías autonómicas, como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, e integrar sus funciones en la Policía Nacional y la Guardia Civil. También plantea eliminar los privilegios fiscales vinculados a los derechos históricos, con especial referencia al País Vasco y Navarra.
En el terreno territorial, Vox defiende suspender la autonomía de aquellas comunidades que actúen contra la unidad de España e ilegalizar los partidos que persigan la independencia. Asimismo, propone recuperar los delitos de sedición y de referéndum ilegal, con penas más elevadas.
La amplitud de estas reformas implica una dificultad adicional: algunas de ellas requieren modificar la Constitución. Según la transcripción, para determinadas reformas constitucionales sería necesaria una mayoría de tres quintos del Congreso, lo que obligaría a reunir apoyos parlamentarios mucho más amplios que los de Vox y sus posibles socios. Además, aunque el partido participa en gobiernos autonómicos, las consejerías de Sanidad de los territorios citados continúan en manos del PP.8. Familia, aborto y derechos sociales
El programa de Vox de 2023 plantea derogar varias leyes relacionadas con los derechos reproductivos, la identidad de género y la igualdad. Entre sus propuestas figuran eliminar la ley del aborto y la de eutanasia, retirar estas prestaciones de la sanidad pública y derogar la ley trans y las leyes de protección de las personas LGTBI.
En materia de violencia contra las mujeres, el partido propone sustituir la ley de violencia de género por una ley de violencia doméstica y suprimir el Ministerio de Igualdad. Son cambios que modificarían de manera sustancial el enfoque de las políticas públicas en estas áreas.
El matrimonio entre personas del mismo sexo presenta un matiz. El programa mencionado en la transcripción no propone expresamente derogarlo, aunque Santiago Abascal ha manifestado que no lo denominaría matrimonio. Por tanto, conviene distinguir entre las posiciones expresadas por el líder y las medidas concretas recogidas en el documento electoral.
Para fomentar la natalidad, Vox defiende ampliar las ventajas fiscales por hijos. Su propuesta contempla que las familias con cuatro hijos y unos ingresos inferiores a 70.000 euros anuales no paguen IRPF. La transcripción también señala que el Tribunal Constitucional avaló en 2024 la ley del aborto que el partido había recurrido, por siete votos frente a cuatro.
El paquete combina, así, una agenda de revisión de las leyes sociales con incentivos fiscales a las familias. Su alcance definitivo dependería de las disposiciones que el partido decidiera incluir en su nuevo programa y de los apoyos necesarios para aprobarlas.9. Sanidad, educación, campo y energía
Las propuestas de Vox también abarcan distintos aspectos de la vida cotidiana. En sanidad, defiende un estatuto propio para los médicos y que los servicios de odontología y oftalmología formen parte de la oferta pública.
En educación, propone un cheque escolar que permita a las familias elegir el centro educativo y un sistema de autorización parental, conocido como pin parental, para las actividades relacionadas con la educación sexual. También plantea establecer una única prueba de acceso a la universidad para toda España.
En agricultura y energía, el partido apuesta por abandonar el Pacto Verde Europeo, mantener abiertas las centrales nucleares y establecer aranceles a los productos procedentes de Marruecos. Estas propuestas reflejan su intención de revisar las políticas medioambientales europeas y reforzar determinadas medidas de protección comercial.
El conjunto de iniciativas abarca, por tanto, desde la organización de los servicios públicos hasta la política energética y comercial. Su aplicación exigiría decisiones legislativas, presupuestarias y administrativas diferentes según cada materia.¿Qué podría aplicar Vox si llega al Gobierno?
El escenario político descrito contempla tres posibilidades. La primera sería un Gobierno de coalición con el PP, en el que Vox intentaría convertir la prioridad nacional, la desregulación y la remigración en condiciones centrales de su apoyo. La segunda consistiría en respaldar desde fuera un Ejecutivo del PP, negociando cada medida por separado, como ya ha ocurrido en algunos gobiernos autonómicos. La tercera sería que ambos partidos no sumaran los apoyos suficientes, de modo que las propuestas quedaran sin posibilidad de convertirse en políticas de Gobierno.
La diferencia entre anunciar una medida y aplicarla es fundamental. Algunas propuestas podrían tramitarse mediante cambios legales ordinarios, mientras que otras exigirían reformas constitucionales, acuerdos parlamentarios amplios o superar obstáculos derivados del ordenamiento jurídico español y europeo. También sería necesario concretar su financiación, especialmente en el caso de las rebajas fiscales y las reformas de las pensiones.
El proyecto de Vox se articula alrededor de una reducción de impuestos y regulaciones, una mayor centralización del Estado, restricciones migratorias más severas y la preferencia de los españoles en el acceso a recursos públicos. A ello se suma una revisión profunda de las políticas de vivienda, trabajo, pensiones, familia y derechos sociales. Hasta que el partido presente su programa electoral definitivo, estas líneas permiten identificar sus prioridades, pero no deben confundirse con un plan cerrado ni con medidas cuya aprobación esté garantizada.