El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el programa Con Maduro+, en su edición N° 72, informó que fueron designadas cuatro comisiones de trabajo

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En un contexto de renovación y unidad nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó durante la primera reunión de la Comisión Nacional para la Refo

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La noticia analiza la complejidad jurídica y política de la posible denuncia del Estatuto de Roma por parte de Colombia, destacando que este no es una decisión que pueda tomar el presidente mediante decreto. El artículo explica que Colombia se integró al Estatuto de Roma mediante la Ley 742 de 2002, precedida del Acto Legislativo 02 de 2001, que le dio anclaje constitucional al reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en el artículo 93 de la Constitución. La CPI es un tribunal internacional que juzga crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, pero solo en casos donde la justicia nacional no puede o no quiere investigar. El artículo señala que el retiro del tratado requeriría notificarlo por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, con efecto un año después, y que no tendría efecto retroactivo. Además, el retiro no impediría que la CPI continúe investigando hechos ocurridos antes de la salida. El texto destaca que Colombia tiene un compromiso vigente con la CPI, ya que el examen preliminar sobre el país fue cerrado en 2021 de manera condicionada, sujeto a un acuerdo de cooperación. La noticia también aborda la dimensión política de la decisión, señalando que podría alinearse con la ofensiva de Estados Unidos contra la CPI y sus acciones militares en la región, como la operación "Lanza del Sur" que ha bombardeado embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El artículo concluye que retirarse del Estatuto de Roma exigiría un trámite en el Congreso para reformar la Constitución, pasando por el control de la Corte Constitucional, lo que implica decidir si el país puede desmontar una garantía constitucional contra la impunidad de crímenes graves. El autor, Sebastián Escobar Uribe, es abogado especializado en derechos humanos y presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), con amplia experiencia en litigio estratégico y defensa de derechos humanos.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la Reforma Constitucional será «debatida con el pueblo, en los territorios, en las asambleas y con las bases

Senadores dos EUA alegam "profunda preocupação" com propostas debatidas pelo governo de AMLO sobre a Constituição do México

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En Ecuador, líderes de la oposición rechazaron la propuesta del gobierno para reformar la Constitución, un tema que ha generado intensas discusiones políticas en el país. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca modernizar aspectos clave del marco legal, pero fue rechazada por partidos y movimientos que consideran que no refleja las necesidades reales de la ciudadanía. La decisión se tomó tras una reunión de coordinación entre los representantes de la oposición, quienes argumentaron que la propuesta no aborda problemas estructurales como la desigualdad social o la corrupción. El rechazo ha generado tensiones en el escenario político, ya que el gobierno ha insistido en la necesidad de reformar la Constitución para impulsar cambios institucionales. La oposición, por su parte, ha exigido que se convoquen consultas ciudadanas para garantizar la participación popular. Este episodio refleja la compleja dinámica política en Ecuador, donde las diferencias ideológicas y los intereses de distintos grupos han marcado la agenda pública. La situación podría derivar en nuevas negociaciones o incluso en un escenario de bloqueo institucional, lo que tendría implicaciones para la estabilidad política del país. Los analistas destacan que la reforma constitucional es un tema sensible, ya que puede afectar la distribución de poderes y las libertades fundamentales. La comunidad internacional ha mostrado interés en seguir de cerca el desarrollo de este proceso, ya que el resultado podría tener resonancias en otros países de la región. En el contexto actual, la oposición ha llamado a la unidad para defender los intereses del pueblo, mientras que el gobierno busca consolidar su agenda reformista. La tensión entre ambas facciones se intensifica con cada nuevo paso en este debate, lo que pone de manifiesto la importancia de la negociación en un contexto de polarización política.

La reforma impulsada por Ortega y Murillo alarga los mandatos, retrasa las elecciones a 2028 y estrecha todavía más el espacio de la oposición.

Tras las declaraciones de parlamentarios, que aseguraron que habrían rechazado el proyecto en un gobierno de la militante del PC, el Mandatario sostuvo que no hay un compromiso con la seguridad de parte del sector de la excandidata.