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El Congreso de la República de Colombia aprobó una reforma educativa que busca mejorar la calidad de la enseñanza en el país. La iniciativa, presentada por el presidente del Senado, establece medidas como el incremento de salarios para docentes, la expansión de la educación inicial y la implementación de un sistema de evaluación más estricto. La reforma fue aprobada tras un debate prolongado y cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos. Sin embargo, ha generado críticas por su posible impacto en la asignación de recursos públicos y por la falta de participación de la sociedad civil en su diseño. El texto establece un marco legal para la educación básica y secundaria, con el objetivo de reducir la brecha educativa entre regiones y promover la equidad. La implementación se espera para el año 2024, aunque se han planteado desafíos logísticos y financieros. La reforma también incluye medidas para fortalecer la formación docente y modernizar los planes de estudio, con el apoyo de organismos internacionales como la UNESCO.

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) se encuentra en una encrucijada al inicio del ciclo escolar 2026-2027, ya que docentes y directores señalan que el modelo educativo enfrenta obstáculos significativos debido a la estructura burocrática heredada de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A pesar de los principios pedagógicos como identidad con México, honestidad y cultura de la paz, los maestros destacan que protocolos escolares excesivos y una carga administrativa elevada dificultan el desarrollo efectivo del modelo. Además, se menciona la falta de formación continua para docentes y la presión por resolver problemas sociales en las escuelas sin infraestructura adecuada. La presidenta Claudia Sheinbaum dará su conferencia matutina en una escuela, pero los especialistas consideran que persisten barreras como la falta de autonomía pedagógica y decisiones verticales, lo que pone en riesgo la consolidación de la NEM.

La noticia aborda la crítica de profesionales de la inspección educativa hacia una reforma que busca añadir funciones a la supervisión del sistema educativo. Los inspectores y profesores argumentan que esta medida, en lugar de fortalecer el sistema, genera sospechas innecesarias y podría convertirse en una forma de 'policía educativa'. La Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE) señala que las funciones propuestas ya existen en el marco actual, y que la reforma no aporta beneficios reales. Los críticos destacan que los docentes ya actúan de manera coherente para evitar el adoctrinamiento, y que la inspección debe basarse en canales de comunicación internos, como el sistema Confident, que ya atiende miles de solicitudes anuales. La reforma también ha generado preocupación por su posible uso político, con llamados a confiar en la autonomía de los claustros educativos. La noticia refleja un debate sobre la necesidad de equilibrar la supervisión educativa sin excesos de control, manteniendo la confianza en la profesión docente.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio instrucciones a las autoridades educativas para que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, ningún plantel se ostente como institución militarizada. En 16 estados hay centros educativos con este enfoque, incluyendo escuelas públicas y privadas. El gobierno de Claudia Sheinbaum respaldó la medida, argumentando que el pretexto de la disciplina permite abusos contra menores. La SEP exigió revisiones exhaustivas para detectar y clausurar planteles militares, destacando que este modelo es incompatible con los principios del Sistema Educativo Nacional. Ejemplos incluyen escuelas como el Colegio Militarizado Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl en Coahuila y el Bachillerato Bivalente Militarizado en Guanajuato. La iniciativa privada también tiene instituciones como el Instituto Militarizado del Sureste en Yucatán. La medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar prácticas que contravengan derechos educativos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal instruyó a Puebla para suspender la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) debido a que el modelo de educación militarizada carece de base legal. Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, destacó que la Constitución y la Ley General de Educación no permiten escuelas con denominaciones militares o castrenses. Esta medida forma parte de la respuesta oficial tras el asesinato de Dafne Zapata Quintos en una academia militarizada en Tamaulipas. La SEP señaló que la educación militarizada viola los derechos humanos y contradice los planes de estudio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que promueve una educación integral y transformadora. Además, se exige la clausura de instituciones como el Bachillerato General Militarizado de Zacatecas, único de su tipo en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene facultades para supervisar estas escuelas, lo que recaerá en autoridades civiles. El modelo de educación militarizada normaliza la violencia en nombre de la disciplina, como se evidenció en casos como el de Zamir Pinto y Erick Terán, quienes fueron asesinados en centros similares. La medida busca garantizar la seguridad de menores y evitar prácticas pedagógicas anacrónicas que violan el marco jurídico vigente.

El gobierno de Gustavo Petro presentó una reforma estructural a la educación superior en Colombia, buscando reconocer el acceso a la universidad como un derecho fundamental. La iniciativa, liderada por el ministro de Educación Daniel Rojas, busca eliminar barreras económicas, sociales y culturales que limitan la participación de estudiantes en instituciones públicas. Entre los cambios clave está la ampliación del financiamiento para universidades, el fortalecimiento del bienestar académico y la reducción de la dependencia del endeudamiento para estudiar. La propuesta también promueve la investigación, la ciencia y la innovación como pilares del desarrollo nacional. La reforma busca garantizar equidad, cobertura y pertinencia en el sistema educativo, involucrando a comunidades académicas en la toma de decisiones. Este esfuerzo forma parte del plan del nuevo gobierno para modernizar la educación superior y hacerla más accesible para todos los ciudadanos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el nuevo calendario escolar para el ciclo 2026-2027, que iniciará el 31 de agosto y finalizará el 9 de julio de 2027. Más de 23.3 millones de alumnos de educación básica y 1.2 millones de docentes iniciarán sus vacaciones de verano, mientras que 5.4 millones de adolescentes de bachillerato también se tomarán descanso. Sin embargo, se destacan preocupaciones sobre la falta de claridad en la reforma de la Usicamm, un sistema que afecta al sector educativo. Directores y maestros señalaron que aún no hay diagnóstico sobre cómo se aplicará el nuevo modelo de ingreso y promoción docente. El calendario incluye vacaciones en diciembre, marzo y periodos de suspensión laboral en fechas específicas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alertó sobre la urgencia de resolver pendientes en la reforma educativa y la necesidad de mayor información sobre el nuevo mecanismo de evaluación docente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso de mantener un diálogo abierto con el magisterio durante una asamblea sobre la Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas. Destacó que cualquier cambio relacionado con la evaluación docente será decidido mediante consulta nacional, escuela por escuela, descartando negociaciones privadas con grupos específicos. En su discurso, Sheinbaum defendió las acciones gubernamentales en favor del sector educativo, mencionando un aumento salarial del 10% anual, la eliminación de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto y la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, resaltó los avances logrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la basificación de más de un millón de docentes, y anunció planes para regularizar a 200 mil maestros adicionales. La mandataria reiteró que la Cuarta Transformación prioriza la soberanía, la justicia social y la democracia, reconociendo el esfuerzo del personal educativo en México y en el extranjero.

El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, la Comisión de Gobernación, el alcalde Iván Reséndiz y docentes impulsan la Ley de Educación Querétaro mediante foros de análisis que buscan fortalecer derechos, seguridad jurídica y el sistema educativo. Estas acciones priorizan el beneficio social y la mejora educativa.

Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

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OPINIÓN ESTATAL

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