Leer

 Leer

Un tribunal de Roquetas de Mar ha condenado a un comprador de una vivienda embargada por haber interrumpido los suministros de electricidad y agua a una mujer de 88 años, con el objetivo de forzar su desalojo sin esperar al mandato judicial. El caso, que concluyó con una pena de multa de 2.940 euros, involucra a V. M. P. G., quien adquirió la propiedad tras una subasta por embargo. La víctima, I. R. L. L., vivía sola en la vivienda tras perder la propiedad por no poder afrontar una hipoteca de 25 años. A pesar de mantener al día los pagos de luz y agua, el comprador gestionó el corte de ambos servicios en agosto, lo que obligó al juzgado a ordenar su restitución. El magistrado Claudio García Vidales, responsable del tribunal, advirtió sobre la interpretación errónea de una reciente doctrina del Tribunal Supremo, que permite la interrupción de suministros únicamente en casos de ocupación ilegal estricta. El juez destacó que la jurisprudencia distingue claramente entre 'okupas' y antiguos propietarios en proceso de ejecución hipotecaria, a quienes está prohibido ejercer presiones mediante cortes de servicios. Este fallo refuerza la protección de personas vulnerables en situaciones de desahucio, asegurando que los derechos de los inquilinos y antiguos propietarios no sean vulnerados mediante medidas coercitivas ilegales. La sentencia incluye una multa de 14 meses con una cuota diaria de 7 euros, además de la obligación de asumir las costas del proceso. El caso resalta la importancia de respetar los procedimientos judiciales y evitar prácticas que puedan agravar la vulnerabilidad de personas mayores en situaciones de conflicto inmobiliario.

Un tribunal de Roquetas de Mar ha condenado a un comprador de una vivienda embargada por haber interrumpido los suministros de electricidad y agua a una mujer de 88 años, con el objetivo de forzar su desalojo sin esperar al mandato judicial. El caso, que concluyó con una pena de multa de 2.940 euros, involucra a V. M. P. G., quien adquirió la propiedad tras una subasta por embargo. La víctima, I. R. L. L., vivía sola en la vivienda tras perder la propiedad por no poder afrontar una hipoteca de 25 años. A pesar de mantener al día los pagos de luz y agua, el comprador gestionó el corte de ambos servicios en agosto, lo que obligó al juzgado a ordenar su restitución. El magistrado Claudio García Vidales, responsable del tribunal, advirtió sobre la interpretación errónea de una reciente doctrina del Tribunal Supremo, que permite la interrupción de suministros únicamente en casos de ocupación ilegal estricta. El juez destacó que la jurisprudencia distingue claramente entre 'okupas' y antiguos propietarios en proceso de ejecución hipotecaria, a quienes está prohibido ejercer presiones mediante cortes de servicios. Este fallo refuerza la protección de personas vulnerables en situaciones de desahucio, asegurando que los derechos de los inquilinos y antiguos propietarios no sean vulnerados mediante medidas coercitivas ilegales. La sentencia incluye una multa de 14 meses con una cuota diaria de 7 euros, además de la obligación de asumir las costas del proceso. El caso resalta la importancia de respetar los procedimientos judiciales y evitar prácticas que puedan agravar la vulnerabilidad de personas mayores en situaciones de conflicto inmobiliario.

 Leer

Durante estos días roqueteros y visitantes disfrutan de un amplio programa de actividades lúdicas, deportivas y religiosas - Roquetas de Mar vive ya sus f...

La artista sevillana volvió a deleitar a sus seguidores con una actuación sobresaliente - Pastora Soler recorre en dos horas su vida artística en un conci...

Roquetas de Mar y Huércal-Overa financian 14 certificados profesionales gratuitos, con prácticas en empresas y becas de hasta 1.800 euros

Junta de Andalucía, Diputación de Almería y Roquetas de Mar organizan este encuentro que reúne a 120 niños - Roquetas de Mar acoge el VI Encuentro Provi...

 Leer

 Leer

 Leer