El Partido Popular (PP) está tan preocupado por la democracia y la ciudadanía de Venezuela que, en las últimas horas, ha apoyado una operación militar y un secuestro que contraviene el derecho internacional, ignorando a los muertos causados por los bombardeos de Estados Unidos; ha considerado a María Corina Machado representante política legítima, pese a no haber ganado ningunas elecciones; y ha lanzado una campaña contra el Gobierno español y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, único objetivo real que existe tras de su exaltada y genuflexa respuesta ante la violación de la carta de Naciones Unidas. El último de los movimientos desarrollados por los de Alberto Núñez Feijóo, después de que sus malotes cachorros hayan jugueteado un rato con la Inteligencia Artificial, consiste en volver a manosear una de las cámaras que acogen la soberanía popular para su campaña política. Una nueva comisión de investigación va a ser alumbrada en el Senado para fingir que ahonda en "si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al régimen de Nicolás Maduro", pese a que no existe ningún indicio que apunte en esta dirección. Es más, España ha acogido a 150.000 venezolanos y ha intermediado en favor de los opositores desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, pero eso es lo de menos para los conservadores. El Senado, cuyo mandato es la representación territorial, vaga al albur de los designios políticos del PP, que con mayoría en la Cámara Alta impulsa todos aquellos disparates que no puede impulsar en el Congreso por no contar con la mayoría suficiente. Ahora, en ciclo electoral autonómico y como ocurrió en anteriores comicios, toca Venezuela. La tesis de la derecha extrema, presentada por su portavoz en el Senado, es que se pudieron "pagar favores a dictaduras como la de Maduro, con rescates a empresas como Plus Ultra". Alicia Miranda apunta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al rescate que recibió la aerolínea, asegurando sin pruebas que existe "una caja negra" que constituye "el centro de la trama corrupta del sanchismo". Así, el PP quiere vincular la corrupción que investigan los tribunales, que afecta a exaltos cargos socialistas y responsables de instituciones públicas, con Venezuela y Maduro. Noticia en ampliación... Súmate a Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos. hazte socio

La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) alza la voz contra el bloqueo en la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley impulsan medidas medidas el desalojo en un plazo máximo de 48 horas o el endurecimiento de las penas por la ocupación ilegal de viviendas. Uno de los textos fue promovido por el PP en el Senado y lleva dos años y medio paralizado en la Cámara Baja, mientras que el otro es una iniciativa de Junts que el Congreso admitió a trámite en marzo del año pasado. La PAO denuncia que entre ambos textos acumulan 139 prórrogas sistemáticas de los plazos para presentar enmiendas, lo que califica como un "secuestro parlamentario" que está vulnerando el derecho a la representación política efectiva recogido en la Constitución.

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