Las trabajadoras del Samur Social, servicio social del Ayuntamiento de Madrid, han decidido dejar de participar en los desahucios de personas vulnerables. El comité de empresa explicó que esta decisión surgió del turno de mañana, que mediante un escrito ha solicitado a los representantes de los trabajadores que tomen una postura en contra de su participación en estos procesos. La plantilla denuncia que no se escucha su valoración técnica en casos de personas vulnerables, como el de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada recientemente. Los trabajadores señalan que, aunque su intervención debería consistir en ofrecer alternativas habitacionales, en la práctica rara vez se proponen soluciones reales, especialmente cuando el caso no es mediático. En el texto distribuido por el comité, se vincula directamente la decisión con el desahucio de Maricarmen, afirmando que no es un caso aislado, sino el resultado de políticas que mercantilizan la vivienda y abandonan a las personas más vulnerables. Las trabajadoras explican que no quieren ser "el parche" de estas políticas ni maquillar la vulneración del derecho a la vivienda. Además, destacan que, a diferencia de otros cuerpos profesionales como los bomberos, que han rechazado su participación en desahucios en el pasado, el Samur Social está gestionado por una empresa privada (Grupo 5, comprada por un fondo de inversión), lo que limita su capacidad para defender sus intereses laborales. Los bomberos, por ejemplo, se negaron a participar en desahucios en 2013 en A Coruña y posteriormente en otras ciudades, y en 2025 se creó la plataforma estatal Bomberxs contra los Desahucios. También se mencionan casos de cerrajeros que rechazaron colaborar en desahucios durante la crisis hipotecaria. En el caso de Maricarmen, los policías municipales han sido criticados por la violencia ejercida contra la víctima, activistas y periodistas. Aunque el Sindicato Unificado de Policía propuso defender a los agentes que se negaran a participar en desahucios, no se materializó por el miedo a consecuencias disciplinarias. Los trabajadores del Samur Social esperan que la decisión sea ratificada en una asamblea formal y que sea secundada por toda la plantilla. La noticia destaca la importancia de la intervención profesional en procesos sociales y la necesidad de políticas habitacionales que respeten los derechos de las personas vulnerables.

Las trabajadoras del Samur Social, servicio social del Ayuntamiento de Madrid, han decidido dejar de participar en los desahucios de personas vulnerables. El comité de empresa explicó que esta decisión surgió del turno de mañana, que mediante un escrito ha solicitado a los representantes de los trabajadores que tomen una postura en contra de su participación en estos procesos. La plantilla denuncia que no se escucha su valoración técnica en casos de personas vulnerables, como el de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada recientemente. Los trabajadores señalan que, aunque su intervención debería consistir en ofrecer alternativas habitacionales, en la práctica rara vez se proponen soluciones reales, especialmente cuando el caso no es mediático. En el texto distribuido por el comité, se vincula directamente la decisión con el desahucio de Maricarmen, afirmando que no es un caso aislado, sino el resultado de políticas que mercantilizan la vivienda y abandonan a las personas más vulnerables. Las trabajadoras explican que no quieren ser "el parche" de estas políticas ni maquillar la vulneración del derecho a la vivienda. Además, destacan que, a diferencia de otros cuerpos profesionales como los bomberos, que han rechazado su participación en desahucios en el pasado, el Samur Social está gestionado por una empresa privada (Grupo 5, comprada por un fondo de inversión), lo que limita su capacidad para defender sus intereses laborales. Los bomberos, por ejemplo, se negaron a participar en desahucios en 2013 en A Coruña y posteriormente en otras ciudades, y en 2025 se creó la plataforma estatal Bomberxs contra los Desahucios. También se mencionan casos de cerrajeros que rechazaron colaborar en desahucios durante la crisis hipotecaria. En el caso de Maricarmen, los policías municipales han sido criticados por la violencia ejercida contra la víctima, activistas y periodistas. Aunque el Sindicato Unificado de Policía propuso defender a los agentes que se negaran a participar en desahucios, no se materializó por el miedo a consecuencias disciplinarias. Los trabajadores del Samur Social esperan que la decisión sea ratificada en una asamblea formal y que sea secundada por toda la plantilla. La noticia destaca la importancia de la intervención profesional en procesos sociales y la necesidad de políticas habitacionales que respeten los derechos de las personas vulnerables.

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