China supera el 90% de hogares propietarios mientras la vivienda cae y destapa décadas de deuda, exceso de oferta y millones de pisos vacíos.

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El ministro de Desarrollo Social, Luis Caputo, anunció un plan de $2 mil millones para reactivar el mercado de créditos hipotecarios en Argentina, utilizando fondos de la Administración Nacional de Seguros Sociales (ANSES). La iniciativa busca resolver una problemática estructural del crédito inmobiliario, que representa apenas el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) en el país, comparado con el 27% en Chile y el 75% en Estados Unidos. El plan incluye licitaciones para que los bancos ofrezcan tasas competitivas, con una tasa máxima de UVA más 7,5%. El sector inmobiliario expresa cautela, destacando que el impacto dependerá de la participación de las instituciones financieras y la capacidad de las familias para acceder al crédito. Expertos como Germán Gómez Picasso indican que, si las tasas se reducen, podría haber una recuperación del 12% al 20% en las operaciones de compraventa con crédito. Sin embargo, se resalta que el acceso al crédito sigue siendo un desafío, especialmente para sectores con menores ingresos. La medida forma parte de las políticas económicas para estimular la construcción y el acceso a la vivienda, aunque el sector advierte que la recuperación será gradual y dependerá de la respuesta del sistema financiero.

El gobierno argentino propone una reforma que transformaría el mercado inmobiliario al desregular el corretaje inmobiliario. El ministro Federico Sturzenegger impulsa un proyecto que eliminaría la matrícula obligatoria, permitiría operar sin restricciones territoriales y eliminaría escalas mínimas para honorarios. Esta iniciativa busca reducir barreras de ingreso, ampliar competencia y facilitar nuevos modelos de negocio. Sin embargo, colegios profesionales y sectores críticos advierten sobre riesgos de desprofesionalización y pérdida de seguridad jurídica. El debate divide al sector entre quienes defienden la modernización y quienes priorizan la regulación para proteger a los consumidores. La reforma, aún no aprobada, podría afectar a inmobiliarias, corredores, plataformas digitales y propietarios, generando un cambio profundo en cómo se opera en el mercado inmobiliario argentino. Especialistas coinciden en que la redefinición jurídica del corretaje podría incorporar nuevos actores como fintech y proptech, acelerando procesos como tasaciones digitales y contratos electrónicos. La propuesta enfrenta críticas por dejar de lado mecanismos de control que garantizan la calidad profesional y la transparencia en operaciones de alto valor.

La construcción cae un 10 % en mayo; la edificación se hunde y la obra civil amortigua un frenazo que golpea vivienda, inversión y el empleo.

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