El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 reclusos de alto perfil a diferentes cárceles del país, una medida tomada en respuesta a la creciente violencia en las prisiones y los ataques contra funcionarios del Inpec. La decisión se tomó tras la muerte del subintendente Efraín Quesada, quien fue asesinado en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo. Los sindicatos del Inpec exigen mayor protección y recursos para garantizar la seguridad de sus trabajadores, quienes enfrentan condiciones de trabajo precarias, falta de infraestructura y amenazas constantes. La medida busca reubicar a presuntos delincuentes que, según el gobierno, seguían cometiendo actos ilegales en cárceles como Itagüí. La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) criticó la falta de apoyo institucional y llamó a una estrategia nacional de protección para los servidores penitenciarios. La violencia en las cárceles se ha extendido a varias regiones, incluyendo Bogotá, Cali y Medellín, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad pública.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció el fortalecimiento de medidas de seguridad en la cárcel de Itagüí tras una denuncia sobre un presunto plan de fuga masiva programado para el 7 de agosto. La alerta surgió tras una llamada recibida por el concejal Alejandro De Bedout, quien informó sobre un supuesto esquema para liberar a varios presos de alto valor en la cárcel 'La Paz'. En respuesta, el Inpec reforzó la vigilancia con cámaras, aumentó el control de visitantes y coordinó con la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Además, se realizarán inspecciones y se intensificarán las medidas de prevención en los traslados de presos. La Procuraduría y la Fiscalía también se involucraron para evaluar acciones conjuntas. Aunque el líder del cárcel negó la veracidad del plan, las autoridades mantienen la alerta por la gravedad del caso.

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