Argoños inicia los derribos en Las Llamas II: dos chalés caen, otro será demolido y ocho siguen bloqueados porque permanecen ocupados todavía.

Un juez de distrito ha dictado una sentencia que obliga a una empresa multinacional a pagar indemnizaciones a más de 500 trabajadores afectados por despidos masivos realizados en 2023. La decisión se basa en la violación de los derechos laborales y la falta de notificación adecuada a los empleados. La empresa, que opera en múltiples países, deberá compensar a los afectados con un monto total de 2.5 millones de dólares, incluyendo salarios no pagados y beneficios sociales. El caso ha generado debate en las redes sociales, con reacciones divididas entre apoyo a los trabajadores y cuestionamientos a la responsabilidad corporativa. La sentencia establece un plazo de 120 días para la ejecución de la compensación y exige que la empresa revise sus políticas de despido para evitar futuras irregularidades. Los abogados de los trabajadores destacan que este fallo establece un precedente importante para proteger los derechos laborales en contextos de crisis económica.

El Tribunal Supremo ha cerrado de forma definitiva el litigio sobre la construcción de dos aparcamientos subterráneos y un túnel junto al estadio Santiago Bernabéu, un proyecto impulsado con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid y vinculado al Real Madrid Club de Fútbol. La resolución da la razón a una asociación vecinal que denunció la ilegalidad del plan, concluyendo que carecía de interés público suficiente y que presentaba múltiples irregularidades urbanísticas. Según la sentencia, el proyecto no debió haberse iniciado sin un nuevo plan especial que evaluara su impacto, algo que no se tramitó correctamente. Las obras, que llegaron a ejecutarse aproximadamente al 40%, incluían la construcción de unas 1.800 plazas de aparcamiento y un túnel de conexión, con una inversión estimada de alrededor de 100 millones de euros. Sin embargo, el inicio de los trabajos se produjo bajo autorización municipal pese a informes técnicos que advertían de la necesidad de un procedimiento urbanístico más riguroso. Esta situación ha derivado en un escenario complejo de responsabilidades económicas. La sentencia abre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid tenga que indemnizar al Real Madrid por los costes ya asumidos, que se calculan en torno a los 29 millones de euros, además de costas judiciales y otras sanciones previas. El fallo también destaca que la concesión del proyecto, prevista para 40 años sobre suelo público, beneficiaba principalmente al club, lo que ha sido clave en la decisión judicial. Mientras tanto, los vecinos reclaman que el espacio se reconvierta en infraestructuras de movilidad pública y aparcamiento asequible para residentes y trabajadores.

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual cometido contra una joven en septiembre de 2024 en su domicilio de Bétera. La sentencia, que aún no es firme, le impone además 18 meses adicionales por un delito de lesiones, una orden de alejamiento de la víctima durante 13 años, una indemnización económica por daños físicos y morales y siete años de libertad vigilada tras cumplir la pena privativa de libertad. Junto a él, el también futbolista Pablo Jara ha sido condenado a dos años de prisión por agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral hacia una segunda víctima, además de una indemnización y medidas de alejamiento y libertad vigilada. Los hechos ocurrieron la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y continuaron la fiesta en el domicilio del entonces jugador del Valencia CF. Según la resolución judicial, en el transcurso de la noche se produjeron las agresiones sexuales en la piscina y el interior del chalet, con versiones enfrentadas durante el procedimiento judicial. El tribunal considera acreditados los hechos gracias a la declaración consistente de las víctimas, corroborada por pruebas periciales y testimonios. Asimismo, la sentencia señala contradicciones en parte de la versión de los agentes policiales que intervinieron inicialmente, ordenando deducir testimonio por posible falso testimonio. La resolución destaca la solidez de la prueba practicada durante el juicio como base de la condena.

El tribunal de Oslo ha condenado a Marius Borg, hijo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit, a cuatro años de prisión por la comisión de dos delitos de violación y por agresiones a su exnovia, Nora Haukland, además de otros delitos adicionales. La sentencia, que consta de 128 páginas, ha sido leída en la sala 250 del Palacio de Justicia de Oslo a las 08:30 de la mañana. El acusado no ha estado presente físicamente en la sala, ya que ha seguido la vista por videoconferencia desde el centro penitenciario donde permanece desde febrero, alegando motivos de salud para su ausencia presencial. El tribunal ha considerado probadas las dos violaciones, basándose en pruebas como material audiovisual en el que las víctimas aparecían en situación de vulnerabilidad y sin capacidad de consentimiento. Sin embargo, ha absuelto a Borg de otras dos acusaciones similares al no encontrar pruebas concluyentes. Además de las violaciones, ha sido declarado culpable de agredir a su expareja y de otros delitos reconocidos durante el proceso, como conducción sin permiso, tráfico de drogas, incumplimiento de órdenes de alejamiento y comportamiento sexual inapropiado. La sentencia también incluye indemnizaciones económicas a las víctimas de las agresiones confirmadas, así como una orden de alejamiento durante dos años respecto a una de las denunciantes. La defensa del acusado había solicitado una pena menor, en torno a un año y medio de prisión, basándose en los delitos admitidos, pero el tribunal ha considerado que la gravedad de los hechos justificaba una condena significativamente superior. La decisión es apelable, aunque supone un fuerte impacto mediático al afectar directamente a un miembro de la familia real noruega.

La Audiencia de Lleida ha condenado a una multa de 5.400 euros y a la retirada del carné durante 18 meses a una conductora implicada en un accidente mortal ocurrido en septiembre de 2022 en la carretera C-12, a la altura de Alfés (Segrià). El siniestro se produjo cuando la mujer, según la sentencia, se distrajo mientras conducía al sostener un vaso de café que había comprado previamente en una gasolinera. Esta falta de atención provocó que el vehículo se desviara progresivamente de su carril en un tramo recto con buena visibilidad, sin que la conductora reaccionara a tiempo. Tras rozar el arcén, realizó un giro brusco que invadió el carril contrario, colisionando con dos motocicletas que circulaban correctamente en sentido opuesto. Como consecuencia del impacto fallecieron tres motoristas: dos vecinos de Lleida de 34 y 43 años y una mujer de 44 años de Logroño. El tribunal ha considerado los hechos como tres delitos de homicidio por imprudencia menos grave, descartando la calificación de imprudencia grave solicitada por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que pedían penas de prisión más elevadas. Estas partes han recurrido la sentencia ante el TSJC al considerar que la negligencia fue de mayor gravedad, destacando la ausencia de frenada y la falta total de reacción. Además de la multa y la retirada del permiso de conducir, la sentencia impone indemnizaciones superiores a 326.000 euros a los familiares de las víctimas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido una sentencia favorable a los trabajadores de un hotel céntrico de Bilbao, representados por el sindicato ELA. La resolución, fechada a finales de febrero de 2026 y hecha pública recientemente, determina que ni los camareros ni el personal de recepción del turno de noche deben encargarse de preparar o cocinar alimentos. La denuncia se originó en enero de 2025, cuando el delegado de prevención del comité de empresa alertó de que estos empleados preparaban desayunos buffet y platos del servicio de habitaciones, como tortillas, pizzas, hamburguesas, pechuga de pollo o caldo casero. El hotel tiene externalizado el servicio de restauración y carece de cocina propia, por lo que estas tareas exceden las funciones propias de camareros (servicio y atención al cliente) y recepcionistas (gestión de entradas, salidas y consultas). Además, la sentencia aborda otra irregularidad: los camareros realizaban montajes y desmontajes de salones para eventos especiales (mesas, tablones y elementos decorativos), lo que el TSJPV distingue de un simple montaje de bufé, considerándolo más exigente físicamente y no incluido en sus competencias. El tribunal estima el recurso de los trabajadores y obliga a la empresa gestora del hotel a respetar las funciones definidas en sus contratos. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. Este fallo refuerza la delimitación de tareas laborales en el sector hostelero y protege a los empleados de sobrecargas no acordes con su categoría profesional.

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia que ordena el ingreso en prisión de Encarnación F. T., una mujer condenada por acusar falsamente a un vecino de abusos sexuales a menores.