Una denuncia en la Justicia federal por el pago de $1.600 millones en sobresueldos sacude a la Armada
La Justicia federal investiga una denuncia por maniobras fraudulentas en la liquidación de haberes del personal de la Armada Argentina, que habrían provocado un perjuicio estimado en unos $1.600 millones. La presentación ante los tribunales de Comodoro Py fue realizada por el capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, jefe del servicio contable de la fuerza, y recayó en el Juzgado Federal N° 2. El mecanismo fue detectado por una teniente de navío, contadora pública que cumple funciones en el área de sueldos del personal. Según trascendió en el Edificio Libertad, la oficial habría recibido un ofrecimiento de dinero para no revelar lo encontrado. La trama de complicidades se rompió, precisamente, cuando ella se negó a percibir un suplemento del que debía devolver la mitad. Según la pesquisa, entre julio de 2022 y enero de 2026 se habrían concretado 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por un total histórico cercano a los $981 millones, aunque algunas estimaciones elevan el perjuicio a 1.600 millones. La maniobra combinaba falsos viáticos por viajes al exterior, con pagos en dólares por misiones que nunca se realizaron; cobros fantasma, mediante números de CUIL de personal retirado o dado de baja; y suplementos con retorno, por los que se liquidaban horas extras o especialidades como buceo a quienes no las cumplían, a cambio de un reintegro del 50%. TE PODRÍA INTERESAR: Duro comunicado del Gobierno contra la guía británica por Malvinas: "No puede ponerse por encima del derecho" La revisión técnica comparó las liquidaciones, los recibos publicados, los lotes enviados al Banco Nación y las confirmaciones bancarias. Allí se detectó que habrían modificado manualmente los registros y archivos después de los controles ordinarios y antes del envío a la entidad. Luego, ciertos valores eran restituidos a su estado original para que los montos extra no figuraran en los recibos. Las acreditaciones irregulares se sumaban al proceso mensual de pago de más de 24.000 personas, lo que habría permitido eludir los filtros. El principal apuntado es Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista, quien habría reconocido en la actuación administrativa que realizaba las acreditaciones en forma manual y que decidía personalmente los destinatarios y los montos para favorecerlos. Su cónyuge, María del Carmen Prieto, figura entre los beneficiarios: cobró más de $152 millones. En total, cuatro personas sin vínculo con la Armada recibieron 184 acreditaciones por $434 millones, casi el 44% del total denunciado. La pesquisa también sumó casos de personal en actividad. Roberto Eduardo Castro habría cobrado haberes en el exterior y en el país al mismo tiempo, pese a que el sistema lo excluía del pago local, mientras que su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, recibió acreditaciones durante una licencia sin goce de sueldo. Ante las evidencias, la Armada apartó a los implicados de sus cargos, relevó preventivamente a Atanasoff, separó las funciones de liquidación, pago y conciliación y preservó los equipos y archivos. El escándalo tomó por sorpresa al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, que se encontraba de visita oficial en Asunción, donde fue condecorado por el presidente paraguayo, Santiago Peña. La fuerza aseguró que existe "tolerancia cero" frente a cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos y que se adoptarán todas las medidas para determinar responsabilidades. La denuncia se conoció, además, días después de que el Gobierno girara un refuerzo presupuestario de $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.