Un juez que da clase en la “universidad de la banca” ha fallado al menos cinco veces a favor del Banco Santander
“Un juez no solo tiene que ser imparcial, sino que también **tiene que parecerlo** ” es una máxima recogida en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que también ha recordado en más de una ocasión el Tribunal Constitucional español. Es un principio que rige la manera en que debe impartirse justicia y que determina que todo juez cuya imparcialidad pueda verse comprometida, o respecto del cual existan dudas fundadas sobre ella, tiene que apartarse del caso.
Para garantizar esta independencia e imparcialidad, los jueces tienen prohibido ejercer otras actividades profesionales, salvo determinadas excepciones, como las actividades literarias, artísticas, científicas o técnicas y **la docencia en universidades**. Esto permite a los magistrados compatibilizar su actividad judicial con la enseñanza, siempre que esta no interfiera en su trabajo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorice la compatibilidad.
Durante el curso 2025/26, un total de 86 jueces compatibilizaron su actividad judicial con la docencia. De ellos, 62 impartieron clases en universidades públicas y 24, en privadas. Entre las universidades privadas destaca CUNEF, donde han impartido clases cuatro de estos magistrados. Esta institución fue creada por iniciativa del Consejo Superior Bancario, cuya titularidad pasó posteriormente a la **Asociación Española de la Banca (AEB)** y, después, a la Fundación AEB.
Entre estos jueces, uno de los que mantienen una relación más prolongada con CUNEF es Jesús Miguel Alemany, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada, que**desde el curso 2017/18** ha impartido clases en este centro y para quien el CGPJ ya ha autorizado la compatibilidad durante el curso 2026/27. Además, también trabaja como magistrado de refuerzo de la Audiencia Provincial mediante comisiones de servicio autorizadas por el CGPJ.
Durante este periodo ha sido ponente de cinco sentencias favorables al Banco Santander, una de las entidades con mayor representación en la AEB y que mantiene estrechos vínculos con CUNEF a través de acuerdos institucionales y de la participación de profesionales del banco en su actividad académica.
CUNEF **nació en 1973** como centro universitario y estuvo adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fue reconocido como universidad privada en 2019 y comenzó a funcionar como tal en el curso 2021/22. Su titular es la Fundación AEB, una entidad sin ánimo de lucro vinculada a la asociación bancaria. Esto otorga a la AEB una influencia institucional sobre CUNEF a través de la Fundación, cuyos patronos son designados por el Consejo General de la asociación, lo que le permite influir en el nombramiento de sus altos cargos y en la toma de decisiones estratégicas de la entidad educativa.
Dentro de la asociación, el Banco Santander cuenta con dos representantes entre los 14 vocales titulares, la misma representación que **BBVA** , ya que el resto de entidades solo tiene un representante cada una.
Sin embargo, la relación entre el Santander y CUNEF no termina ahí. Desde abril de 2022, la Fundación AEB está presidida por **Alejandra Kindelán** , que desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Banco Santander, donde llegó a ser responsable del Servicio de Estudios, Políticas Públicas y Relaciones Institucionales. También fue consejera de Santander Consumer Finance y Santander Argentina.
A ello se suma la presencia de profesionales del Santander en el claustro de la universidad, algunos de los cuales compatibilizan su trabajo en el banco con la docencia universitaria. La relación también se materializa en **actividades conjuntas** , encuentros con directivos bancarios y programas de formación. Santander ha participado en iniciativas impulsadas por la AEB y CUNEF, desde concursos de educación financiera hasta jornadas sobre regulación bancaria y encuentros con profesionales del sector. Además, la rectora de CUNEF, Ana Fernández, participó en mayo de 2026 en la junta de Universia España, presidida por Ana Botín, y la universidad ha contado con alumnos beneficiarios de las Becas Santander.
Además, los estatutos de la AEB establecen que las cuotas de los bancos asociados se calculan con dos criterios: un 20% se reparte a partes iguales y el 80% restante, en función del volumen de activos, por lo que la contribución de Santander está vinculada también a su tamaño dentro del sector. A su vez, CUNEF, cuyo socio único es la Fundación AEB, facturó 57,57 millones de euros en 2025 y obtuvo **un beneficio neto de 7,76 millones**. Según las cuentas anuales, el consejo de administración propuso destinar 776.132 euros de ese resultado a una aportación a su socio único.
Este medio se ha puesto en contacto con el **Banco Santander** para conocer su valoración sobre los vínculos que mantiene con CUNEF y sobre la posible incidencia de estas relaciones en la apariencia de imparcialidad de los jueces que imparten docencia en la universidad. A fecha de publicación, la entidad no había respondido a las preguntas planteadas.
En cuanto al juez Jesús Miguel Alemany, comenzó su relación docente con CUNEF en 2017 y la mantiene en el curso 2026/27, gracias a las sucesivas autorizaciones de compatibilidad del CGPJ. En ese tiempo ha sido ponente de cinco **sentencias favorables** al Banco Santander, que figuraba como parte en los procedimientos.
La primera de ellas, la sentencia 32/2019, es del 30 de enero de 2019 y fue dictada por la Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Resolvía un recurso contra una sentencia de primera instancia que había declarado nula la suscripción de Valores Santander realizada por dos clientes, por un importe de 170.000 euros, y había condenado a la entidad a **devolver la inversión** , con los ajustes correspondientes.
En segunda instancia, la Audiencia Provincial estimó el recurso del banco, revocó la resolución inicial y absolvió a la entidad de las pretensiones de los demandantes. Menos de un año antes, el 30 de julio de 2018, CUNEF y el Banco Santander firmaron **un convenio bilateral** para financiar estudios universitarios y facilitar oportunidades profesionales a los alumnos, un acuerdo que refleja los vínculos institucionales entre ambas entidades.
Otras tres sentencias se dictaron en 2025. En la primera de ellas, la 41/2025, del 13 de febrero, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia que **dio la razón al Banco Santander** en su recurso contra un inversor que había perdido su dinero al comprar 200.000 acciones de Banco Popular. Aunque el juzgado ya había desestimado la demanda del inversor, lo había eximido de pagar las costas judiciales por considerar que existían dudas jurídicas. La Audiencia revocó esa exención y obligó al inversor a asumir las costas de primera instancia, al entender que no existían dudas suficientes para justificarla.
El 14 de marzo, la sentencia 64/2025 estimó la apelación del Santander y revocó el fallo de primera instancia que había condenado a la entidad a **devolver 120.000 euros** , con intereses, por contratos relativos a productos de Banco Popular. Así, el Banco Santander quedó absuelto de todas las pretensiones.
El 10 de abril, Alemany volvió a fallar a favor del Banco Santander frente a dos inversores que **habían invertido 90.000 euros** en obligaciones subordinadas del Banco Popular en 2011 y que perdieron su inversión tras la resolución de la entidad en 2017. Los afectados reclamaban la anulación de la compra o una indemnización, pero el juzgado de Móstoles ya había desestimado su demanda. La Audiencia confirmó esa decisión y condenó a los inversores a pagar las costas de la apelación.
La última sentencia es de 2026, concretamente del 16 de junio. La sentencia 194/2026 desestimó el recurso de apelación presentado por Mora Assegurances contra el Banco Santander y **confirmó la absolución** de la entidad bancaria, con imposición de costas a la apelante.
Preguntado por la posibilidad de que los jueces impartan clases en universidades privadas y por si los vínculos de estas instituciones con entidades financieras pueden afectar a la apariencia de imparcialidad, el CGPJ asegura a **infoLibre** que “la ley no distingue entre tipos de entidades (públicas o privadas), por lo que **no hay prohibición legal** alguna para que los jueces den clases en universidades privadas”.
El Consejo explica que la compatibilidad puede denegarse si las horas dedicadas a la docencia “interfieren en el horario de audiencia del órgano judicial” o si existen disfunciones en el juzgado imputables al magistrado. Sin embargo, sobre la posible afección a la apariencia de imparcialidad cuando una universidad privada o una entidad financiera vinculada a ella es parte en un procedimiento, el organismo sostiene que son cuestiones que “**deben resolverse caso por caso** en el curso del procedimiento judicial concreto mediante herramientas que están previstas en la ley”.
“La ley prevé mecanismos específicos, como es la recusación, para aquellos casos en los que las partes consideran que un magistrado/a no debe participar en la resolución de un asunto”, explica y añade que “con el fin de **preservar la independencia judicial** , el CGPJ no puede valorar las decisiones adoptadas por jueces/as en el ejercicio de su función jurisdiccional”.
En el caso de Alemany, el CGPJ ha renovado su compatibilidad con CUNEF hasta el curso 2026/27, mientras que el magistrado ha intervenido en cinco resoluciones favorables al Santander, una entidad que mantiene vínculos institucionales y académicos con la universidad y participa en la asociación bancaria a la que está vinculada su fundación titular. La cuestión que queda abierta no es si las sentencias son incorrectas o si el juez ha actuado de forma parcial, sino si una relación docente prolongada con una universidad vinculada al sector bancario puede afectar a la **apariencia de imparcialidad** que exige la justicia.