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La construcción de un crematorio en el polígono Urtinsa de Alcorcón ha provocado un fuerte rechazo vecinal. Los residentes denuncian que la...

A mediados de marzo, el Ayuntamiento de Alcorcón aprobó una licencia concedida a la empresa Interfunerarias SL para construir un tanatorio-crematorio en la calle Industrias, dentro del polígono de Urtinsa. En los alrededores hay núcleos residenciales o zonas verdes, así que los vecinos comienzan a movilizarse un mes después del varapalo judicial en el madrileño barrio de San Fermín La Justicia tumba la denuncia de la FRAVM contra el Gobierno de Almeida por la licencia del crematorio de la M-40 Algo se mueve en Alcorcón. Mientras los vecinos de Usera y Villaverde aún asimilan su último varapalo judicial por el crematorio de la M-40, otro municipio vecino se enfrasca en un conflicto similar. El Ayuntamiento que dirige Candelaria Testa ha dado luz verde a la construcción de un nuevo tanatorio-crematorio, esta vez de carácter privado, en el polígono de Urtinsa, una zona industrial en cuyas proximidades se alzan viviendas particulares, una residencia de mayores o un campo deportivo. La futura dotación, que aún no ha sido adjudicada y para la que de momento tampoco existe un proyecto en firme, echa a andar entre recelos vecinales y el temor a que se generen malos olores, problemas de salud pública u otros inconvenientes. La instalación de crematorios suele acarrear cierta polémica por el uso de hornos industriales para incinerar cadáveres a alta temperatura, lo que puede generar gases perjudiciales a su alrededor. Para blindarlos suelen colocarse lonas o recubrimientos protectores, como ocurre con el crematorio público que ya existe en la Avenida de Villaviciosa. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo en Alcorcón confirman a Somos Madrid que se ha aprobado este nuevo proyecto después de que lo solicitara una compañía privada y se constatara que era viable. Según el Ayuntamiento, la empresa lo pidió “a través de los cauces pertinentes” para este tipo de actividades. El permiso no se les concedió hasta “comprobar que se reunían todos los requisitos”, legales o ambientales y se cumplían unos “estrictos estándares” que no especifican, pero entre los que incluyen la presentación de “informes favorables” al desarrollo de la actividad. A fecha de la consulta, en los registros municipales no constaban reclamaciones administrativas al respecto. En 2024, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida concedió a Parcesa la licencia para colocar una incineradora en sus instalaciones. La compañía de servicios funerarios llevaba décadas detrás de este objetivo, que se topó de bruces con un amplio rechazo vecinal y varios tropiezos en los tribunales, argumentando principalmente la cercanía a núcleos de viviendas. Sin embargo, hace dos años lograron la ansiada concesión municipal suscitando protestas, recursos administrativos o críticas desde la oposición política, que sugería una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento al no evaluar debidamente su impacto ambiental. La senda de los vecinos en el barrio de San Fermín Desde entonces, el recorrido judicial ha sido largo y con distintos frentes abiertos. El año pasado, la Fiscalía archivó una denuncia del PSOE a este respecto al no ver indicios de delito y Más Madrid hizo lo propio con el Gobierno regional, que en estos casos concede el último aval. La demanda que presentó el partido de Rita Maestre continúa su recorrido legal, pero otro recurso que presentaron los vecinos agrupados en la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales) fue desestimado hace un mes por un magistrado de lo contencioso-administrativo en el Tribunal de Instancia número 32 de Madrid. En este caso, la sentencia no niega posibles perjuicios a la salud pública derivados de la incineradora, ya que se limita a analizar únicamente si el Ayuntamiento actuó o no conforme a la normativa. Tanto entonces como ahora, con el futuro crematorio en Alcorcón, las autoridades municipales insisten en que todos los procedimientos se ajustan a la ley. Para el que quiere abrirse en la calle Industrias, dentro del polígono de Urtinsa, no han trascendido aún los planteamientos presentados por los solicitantes, la empresa Interfunerarias SL, y aprobados por el área local de Urbanismo. Esta semana, un grupo de vecinos y propietarios se reunieron con el concejal del área, Miguel Ángel González, que ya estaba al frente del departamento en la anterior legislatura, cuando se solicitó por primera vez la licencia. Fuentes presentes en el encuentro confirmaron entonces que la postura del Ayuntamiento “no iba a cambiar”, y ahora tratan de organizarse otras vías. Desde el consistorio insisten en que “todas las concesiones que se aprueban pasan antes por criterios rígidos de supervisión”, y que fue en esta evaluación cuando se constató la viabilidad legal del crematorio. Vecinos de Villaverde durante una manifestación contra el crematorio de la M-40 Pero para algunos, la ley no lo salva todo. “Cumplir la normativa no implica que sea la mejor decisión, y lo legal no siempre es lo adecuado”, resaltan a este respecto en un grupo de Facebook en el que participan vecinos de Alcorcón, donde se cuestionaba la ubicación escogida “habiendo zonas más alejadas” o la poca promoción que se ha hecho del proyecto durante su recorrido administrativo, que comenzó en torno al año 2022. Al tratarse de una concesión a sociedades privadas, el consistorio no tiene obligación legal de someterlo a consulta pública o a una votación en el pleno. Basta con revisar si se cumplen los requisitos y verificarlo con la Comunidad de Madrid. La parcela seleccionada está junto a una gran cadena de supermercados, y las viviendas más próximas son las del Parque Ondarreta. Los vecinos han habilitado una recogida de firmas en Change.org que concluirá el 24 de abril. En ella denuncian la concesión municipal a Interfunerarias SL para una instalación de este tipo en una zona transitada, que según la petición “ha generado inquietud y preocupación” en el barrio. “El aumento del tráfico rodado, el riesgo de contaminación y el incremento del ruido no solo afectarían nuestra salud y bienestar, sino que también podrían devaluar las propiedades de la zona”, se temen los particulares que han impulsado la iniciativa. En el momento de publicar este artículo ronda las 400 firmas verificadas, que se suscriben a la propuesta de buscar otra localización industrial “alejada de entornos residenciales y peatonales” antes de tomar una decisión definitiva. “No estamos dispuestos a que se ponga en riesgo la salud de nuestras familias, por muchas soluciones técnicas que se usen para mitigar el vertido a la atmósfera de estos compuestos”, sentencian en su petición. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. 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