La indústria del cinema fa un pas endavant contra l'ús i abús de la intel·ligència artificial. Per primera vegada, els Oscars de Hollywood es blinden davant

Afirma que han admès que s’han vulnerat els drets però s’han inventat que les resolucions vetades poc menys que feien efectiva la independència

Los jóvenes aseguran que esperaban la fecha del segundo juicio ya que ganaron el primero pero lo recurrió la propiedad, Tassaraland Developments, por lo que consideran que ha sido un desahucio forzado...

Afirma que han admès que s’han vulnerat els drets però s’han inventat que les resolucions vetades poc menys que feien efectiva la independència

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| ACTUALIDAD Amenazas, acoso, policía y un incendio: integrantes del CSO Vetades se ven forzados a abandonarlo Los jóvenes aseguran que esperaban la fecha del segundo juicio ya que ganaron el primero ...

El número 46 de la calle Antoñita Jiménez comenzó a arder el martes por la mañana. Hacía meses que albergaba un CSO y todos los ocupantes tuvieron que ser evacuados. Ahora siguen en un pleito judicial con la propiedad que da un giro con radical con este imprevisto El centro social okupado que esperanzó al Madrid de los desalojos cumple un año: “La Rosa nació para aportar al barrio” El lunes se fue la luz y el martes apareció el fuego. En la mañana del 29 de abril, un día después del apagón que afectó a España y buena parte de la península ibérica, un viejo edificio comenzó a arder en la calle Antoñita Jiménez. Era en el número 46 de esta vía en Carabanchel, Madrid, y de inmediato hubo que desalojar a todo el que estaba dentro. Con la particularidad de que, en este caso, ni siquiera cuando amainaron las llamas o el humo pudieron volver a entrar. El inmueble incendiado es un CSO, un centro social okupado, que además tenía un pleito aún curso contra los propietarios: la empresa Tassaraland Developments, una sociedad limitada dedicada a la compra-venta y alquiler de parcelas, solares o fincas. Y esto ha levantado ciertas sospechas o, cómo mínimo, malestar a su alrededor. “Qué casualidad”, sugieren con ironía algunos integrantes expulsados del CSO, más de una semana después del fuego. Sara y Óscar están sentados al sol en un bar de Vistalegre, a una media hora a pie del lugar donde se instalaba el centro que ahora tratan de reivindicar. Hablan sobre el día del incendio, el proceso judicial que avaló su estancia en el inmueble –que fue recurrido por la S.L. y sigue en trámite– o lo que supone para ellos haber perdido el espacio en el que llevaban casi un año trabajando. Todo a causa de un accidente que les sorprende y por un desalojo que, aparentemente, no dejará posibilidad de retorno. “Cuando pasaron las horas algunos tuvieron un minuto, como mucho, para entrar a recoger lo que les diera tiempo. Pero muchos de nuestros materiales, algunos importantes o caros, siguen ahí y no nos dejan pasar”, lamenta Sara, que no llegó a estar dentro en el momento del fuego pero llegó poco después, cuando todo estaba acordonado. Hasta el lugar se acercaron, según su testimonio, algunos coches de la Policía Local, ambulancias y el camión de los bomberos. Entraron casi a la vez que los ocupantes del edificio comenzaban a salir, expulsados por el humo o las llamas. De inmediato se armó un cordón policial para delimitar la zona: solo podrían pasar un grupo restringido de seguridad y después de superar un chequeo. “La única excepción en ese momento eran los vehículos de urgencias, que tenían que atender a la gente”, rememora Óscar, que sí vivió parte de aquella jornada desde el lugar de los hechos. En un momento determinado se acercaron también los representantes de la propiedad. Hablaron con los miembros de seguridad que ya había por la zona, según ellos, “se negaron” a relacionarse con los miembros del CSO pese a sus intentos. “Los bomberos nos dijeron que cuando amainara el humo podríamos entrar, aunque pasarían horas. Pero luego lo tapiaron todo con seguridad”, revela el joven. Por lo que pudieron suponer, pese a que no tienen certezas, parece que el incendio empezó en la planta baja, muy cerca de la puerta de acceso. En esos momentos había mucho material dentro, ya que solo unos días antes (el sábado) habían celebrado un evento especial y el domingo lo pasaron ocupados con la limpieza. Todavía quedaban cosas por recoger. “Justo esa mañana hubo otra discusión con los obreros”, apunta Sara. En el caso de este edificio, la empresa propietaria sí había reclamado el inmueble enviando a compañías de seguridad o personal de servicio que iniciara su demolición: “El CSO forma parte de un megaproyecto urbanístico que engloba toda la manzana para construir residencias de lujo destinadas a atraer artistas. Creemos que aquí, concretamente, quieren abrir una macrogalería”, aseguraron los integrantes del centro social okupado en una nota difundida a raíz del desalojo. En ese momento recuerdan que, en la pared que más se ha quemado (y a la que las cenizas dejaron prácticamente teñida de negro), tenían colgada una pancarta en la que podía leerse el lema La vivienda no es un negocio, que ardió con lo demás y terminó reducida a la nada. Dentro del edificio tuvieron que dejar diversos elementos o herramientas de un imprenta autogestionada –“que habíamos pagado de nuestro bolsillo” y de la que solo les dio tiempo a salvar la impresora–, un piano u otros objetivos utilizados en sus talleres que, en muchos casos, tenían que ver con el arte en sus distintas vertientes. Dicen que en Carabanchel ahora somos el barrio de los artistas, el nuevo SoHo madrileño. Pero tiene trampa: quieren lo de fuera porque el arte que hacemos aquí no les interesa “Dicen que en Carabanchel ahora somos el barrio de los artistas, el nuevo SoHo madrileño, pero tiene trampa: quieren lo de fuera porque el arte que hacemos aquí no les interesa nada”, determinan, convecidos. Y añaden: “Cuando abren una exposición en el distrito, en la mayoría de los casos solo meten a artistas conocidos o caros que ya exhiben sus muestras por ahí. No premian al arte local, buscan acumular patrimonio”. Sara y Óscar explican que, días antes del incendio, vieron entrar a unos chatarreros que recogían las vigas de los solares colindantes. “Era el último paso para acabar la obra: ahora solo les quedaba el conflicto judicial en marcha para sacarnos del CSO. Lo que vino después es demasiada casualidad, y una muy afortunada para ellos”, desliza Óscar. En este tiempo habían enviado servicios de seguridad a cargo de otras sociedades limitadas como Meta, que presta asistencia en materia de protección o custodia. Aseguran haber visto a personal de otra empresa, Palm Tree S.L., igualmente dedicada a la compra-venta de fincas o solares, la intermediación para liberar la propiedad y finalmente rehabilitar o construir sobre ese mismo suelo nuevas edificaciones. No obstante, una sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Plaza de Castilla, con fecha del 10 de diciembre de 2024 y a la que ha tenido acceso este periódico, desestima que los miembros del CSO denunciados hayan ocupado el inmueble “en estado ruinoso o semirruinoso” ni que residan en él. De hecho, la diferencia principal con la okupación al uso radica en que en estos centros sociales nadie vive únicamente dentro, sino que el uso es colectivo y puntual. “La ocupación debe revestir una cierta entidad temporal, con exclusión del acceso temporal u ocasional”, fundamenta el auto, que ha sido recurrida por Tassaraland Developments S.L.U. No serían punibles las ocupaciones de fincas abandonadas o ruinosas ni aquellas que exista una posesión 'socialmente manifiesta“, se concluía en la exposición de motivos. A pesar de todo esto, en la conversación con Somos Madrid, Sara y Óscar se muestran algo desesperanzados. Por delante aún quedaba esperar a una sentencia definitiva sobre el futuro del edificio, pero ahora que han sido expulsados y la propiedad vuelve a tener el control del inmueble, todo se les complica. “La gente confunde mucho el tipo de ocupación que ejercemos en los centros sociales con esa otra que sí daña a particulares y debe ser perseguida. En todo este tiempo hemos compartido espacio o comunidad con vecinos [de Carabanchel, pero también otras zonas], alojado a distintas asociaciones cuyo uso del edificio era para elaborar talleres o actividades vecinales. Estamos cansados, porque todos tenemos nuestros trabajos fuera y esto lo hacemos para compartir. Pero ya es demasiado”, asevera Sara.

PSOE i Compromís critiquen que les víctimes de la dana no hagen sigut escoltades en Les Corts després de 15 mesos. El PP assegura que no han sigut vetades i que podrien acudir al febrer; Vox carrega contra el PSOE i exigix responsabilitats.

Les instal·lacions estan enmig del barri, però vetades als veïns, malgrat estar, asseguren, infrautilitzades i “quasi sempre buides”

Los jóvenes aseguran que esperaban la fecha del segundo juicio ya que ganaron el primero pero lo recurrió la propiedad, Tassaraland Developments, por lo que consideran que ha sido un desahucio forzado...