La provincia mantiene 342 casos activos en el sistema VioGén, tres de ellos de riesgo alto. En menos de dos semanas se han registrado seis quebrantamientos de condena y tres situaciones en l ...

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión urgente del Sistema VioGén, encargado del seguimiento de casos de violencia de género, al que están adheridos unos 60 municipios madrileños, entre ellos localidades como Collado Villalba, Las Rozas o Moralzarzal. La petición se ha hecho durante una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, en la que se constató que cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año tenían una valoración baja en este sistema. La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que se revise de forma urgente y exhaustiva del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), que gestiona el Ministerio del Interior y al que están adheridos muchos municipios madrileños, entre ellos Collado Villalba, Moralzarzal o Las Rozas, así como otros de la Sierra de Guadarrama.  La solicitud fue debatida en la reciente reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien estuvo acompañado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Durante el encuentro, García Martín destacó que “de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región, cuatro estaban registradas en VioGén con una valoración baja”. Además, destacan desde el Gobierno regional, solo 132 de los 12. 851 casos activos —aproximadamente el 1 por ciento— están clasificados con un riesgo alto o extremo. En estos dos niveles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implementan vigilancia continua o frecuente y aleatoria. Por su parte, Ana Dávila subrayó la necesidad de analizar a fondo los cuestionarios utilizados para la evaluación del riesgo y los algoritmos aplicados, ya que estos aún no han sido actualizados. También alertó sobre la escasez de efectivos policiales, señalando que actualmente hay un promedio de un agente por cada 100 expedientes destinados a atender a las víctimas. Por otro lado, se ha advertido de que el año pasado se identificaron 40 posibles fallos en las pulseras antimaltrato. Desde entonces, el Observatorio ha enviado cinco solicitudes para reemplazar estos dispositivos y ha alertado sobre el colapso en los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer. Estas peticiones se han dirigido a los ministerios del Interior y de Igualdad, así como al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debido a las serias deficiencias encontradas. Hasta ahora, cuatro de estas solicitudes siguen sin respuesta. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha intervenido hasta ahora en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, recientemente el Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que busca impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española. El consejero García Martín ha señalado que, de las ocho asesinadas en el último año en la región, cuatro figuraban en VioGén con una valoración baja. Además, solo el 1% de los casos activos están clasificados con riesgo alto o extremo. Se han identificado fallos en las pulseras antimaltrato y se ha alertado sobre el colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer. También se mencionó la falta de actualización de los cuestionarios y algoritmos utilizados en el sistema. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres asesinadas, pero el Gobierno central ha presentado un recurso para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar la acción popular prevista en la Constitución Española.

Cuatro de las ocho mujeres asesinadas en Madrid figuraban con riesgo bajo en VioGén, mientras crece la presión para revisar el sistema de protección.

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La delegada del Gobierno ha puesto en valor en el acto de la Patrona de la Guardia Civil la lucha contra el narcotráfico, Viogen y el avance de las mujeres en el cuerpo

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La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central una revisión urgente y en profundidad de VioGén, el sistema del Ministerio del Interior que evalúa y realiza el seguimiento integral de las víctimas de violencia de género . El Ejecutivo autonómico pone el foco en un dato: cuatro de las ocho mujeres asesinadas en la región durante el último año estaban catalogadas con un nivel de riesgo bajo, una valoración que, a su juicio, obliga a revisar los mecanismos de detección y protección.La petición se ha abordado este viernes durante una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que también ha participado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. García Martín ha advertido de que, de los 12.851 casos activos registrados en VioGén en la región, únicamente 132, alrededor del uno por ciento, están clasificados como de riesgo alto o extremo. Estas dos categorías llevan aparejados distintos niveles de vigilancia policial: permanente en los casos de riesgo extremo y frecuente y aleatoria en los de riesgo alto.Para el Gobierno madrileño, estas cifras justifican examinar cómo se determina el peligro al que están expuestas las mujeres. Dávila ha reclamado una revisión de los cuestionarios empleados, que, según ha señalado, todavía no se han actualizado, así como de los algoritmos utilizados para establecer los niveles de riesgo. La consejera también ha puesto el acento en la escasez de efectivos destinados a atender a las víctimas. Según los datos trasladados por el Ejecutivo regional, en España hay una media de un agente por cada cien expedientes para atender a las víctimas, una proporción que considera insuficiente para garantizar una protección adecuada.La preocupación por el funcionamiento de los mecanismos de protección se extiende también a las pulseras antimaltrato. La Comunidad de Madrid identificó el año pasado 40 posibles casos de fallos en estos dispositivos, utilizados para reforzar la protección de las víctimas y el seguimiento de sus agresores. Desde entonces, el Observatorio Regional ha remitido cinco peticiones a distintos ministerios para reclamar cambios en estos sistemas y protocolos. Las solicitudes incluyen la sustitución de dispositivos, alertar del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y revisar los citados protocolos de valoración del riesgo a los ministerios del Interior; de Igualdad, y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ante las graves deficiencias detectadas. Cuatro de estas peticiones continúan sin respuesta, según la Comunidad.Cabe señalar que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta la fecha en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, el Gobierno central ha presentado recientemente un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.