La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando la apertura de un procedimiento disciplinario contra el juez Carlos Valle por supuesto abuso de autoridad. Esto ocurre tras una comparecencia judicial del cómico Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', quien fue investigado por una querella presentada por la Asociación Abogados Cristianas. Durante el interrogatorio, el juez Valle formuló una pregunta que comparó un chiste del cómico sobre el Valle de los Caídos, símbolo de la dictadura franquista, con una plaza pública en Madrid llamada Pedro Zerolo, que honra a una persona que luchó por los derechos de la comunidad LGTBI. La pregunta del juez fue: '¿A usted qué le parece una afirmación, aunque sea en ese programa, de, por ejemplo: “vamos a ver si volamos, por ejemplo, la Plaza de Pedro Zerolo? Aunque fuera en un programa de humor decir: “Vamos a ver si volamos la Plaza de Pedro Zerolo, y con las piedrecitas llegamos un día, al día del Orgullo, y se la tiramos a todos los que están allí, homosexuales que hayan abusado de niños, es decir todos los homosexuales”'. El equipo jurídico de ACO considera que esta pregunta es homófoba, fuera de lugar y excede las potestades del magistrado, ya que la ley obliga a los jueces a dirigir sus preguntas para esclarecer los hechos, no para expresar opiniones personales. Además, ACO señala que el juez olvidó que la crítica política y la sátira están amparadas por el Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión, y que la llamada a la violencia contra colectivos perseguidos, como la comunidad LGTBI, está castigada como delito en el Código Penal. Por lo tanto, ACO denuncia que el juez Valle ha cometido un abuso de autoridad y una falta grave de consideración hacia las personas homosexuales, lo que constituye una infracción grave según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La asociación pide que la Comisión Disciplinaria del CGPJ inicie el procedimiento disciplinario contra el juez y, tras los trámites correspondientes, dicte una resolución sancionadora. ACO ha lanzado una petición para que los ciudadanos apoyen su demanda, invitando a firmar una plataforma en línea. Este caso ha generado debate sobre el límite entre la libertad de expresión y el respeto a colectivos vulnerables en el ámbito judicial.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto abuso de autoridad y violencia de género, mediática, digital e institucional contra la periodista María Eugenia 'Maru' Duffard. La denuncia se produjo tras una serie de mensajes publicados por Milei en redes sociales en los que cuestionó e insultó a la periodista tras una entrevista que realizó a Máximo Kirchner. En los mensajes, el mandatario utilizó expresiones como 'basura inmunda', 'zurda inmunda' y 'basura corrupta', lo que llevó a Carrió a solicitar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En su escrito, Carrió también señaló que los hechos denunciados podrían implicar la violación de tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional y reclamó que se respeten los principios republicanos mediante acciones penales. La dirigente destacó que el ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia y advirtió que el lenguaje violento utilizado por el Presidente podría tener consecuencias negativas para él mismo. Carrió comparó la situación con episodios de violencia política de gobiernos anteriores, afirmando que 'independientemente de su origen, la violencia termina afectando al conjunto de la sociedad'. Además, recordó que en el pasado recibió críticas similares, pero quienes las emitieron hoy están presos por delitos de corrupción. La denuncia se enmarca en un contexto de tensiones políticas y críticas hacia el gobierno de Milei, especialmente en relación con su trato a los medios de comunicación y a la oposición.

Un vídeo difundido en Instagram por la cuenta @altavoznecesario muestra un presunto episodio de abuso de autoridad en Benalmádena (Málaga). Las imágenes registran a un hombre que grababa la intervención policial de dos agentes de la Policía Nacional que habían detenido a un tercero en la calle. El ciudadano, identificado como técnico de seguridad privada, asegura conocer sus derechos, pero uno de los policías le habría golpeado bruscamente, arrojándole el móvil al suelo. Aunque no se observa gesto violento previo, usuarios han calificado el incidente como un posible caso de abuso policial. Las autoridades aún no han emitido declaraciones oficiales sobre los hechos. El video ha generado intensa controversia y denuncias por parte de la comunidad, destacando la necesidad de respetar los derechos ciudadanos en situaciones de intervención policial.

Un juez federal del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, enfrenta un juicio político por denuncias de maltrato laboral, abuso de autoridad y violencia de género. La investigación, liderada por el Consejo de la Magistratura, recopiló decenas de testimonios que evidencian un entorno de terror en el tribunal, con insultos, humillaciones y episodios de intimidación física. Un episodio destacado incluye una piedra arrojada por el propio magistrado que impactó en su despacho. El caso, que podría llevar a su remoción definitiva, refleja un escándalo que pone en tela de juicio la ética y el decoro en la función judicial. La denuncia, iniciada en 2023, resalta la gravedad de los abusos y su impacto psicológico en el personal. Este proceso marca un hito en la lucha contra la violencia en el ámbito laboral y la institucionalización de prácticas abusivas en la justicia argentina.

El también exgobernador es acusado de peculado, abuso de autoridad y uso ilegal de facultades al firmar un contrato con Next Energy que costaría 123 millones mensuales por 30 años al erario

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La asociación Acción Contra el Odio (ACO) ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando un procedimiento disciplinario contra el magistrado Carlos Valle.