Concluye que «los hechos respecto de la persona aforada en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella»

La fiscal provincial de Valencia aduce que Llanos Massó está aforada

La jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana ha respost a l'escrit presentat esta setmana per la defensa de Carlos Mazón i ha negat que existisca una "investigació prospectiva" respecte de l'expresident valencià, ja que ha recordat que és una persona aforada per la condició de diputat autonòmic.

La líder PSOE andaluz tiene todas las papeletas para ser designada senadora autonómica junto con sus antecesores Juan Espadas y Susana Díaz, con el objetivo de estar protegida ante los escándalos que acechan a su partido.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz), Alfonso Carlos Moscoso, por proponer como jueza de Paz a su esposa, afiliada al mismo partido político. La causa se abre también a la mujer del senador ya que, aún no siendo persona aforada, los hechos a ella imputados mantienen una conexión material inescindible con los atribuidos al parlamentario.En el auto conocido este jueves se recuerda que el Reglamento de los jueces de Paz impide que estos puedan pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y en igual sentido lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además el artículo 127 de la Constitución española recoge la prohibición absoluta de los jueces de pertenecer a partidos políticos.En la querella de la Fiscalía del Tribunal Supremo se relata que en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario anunció mediante edicto la elección de Juez de Paz. Como ningún ciudadano de aquella población, de un total de 464 habitantes, manifestó su interés en ocupar dicho cargo, la esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud.El 30 de marzo de 2023, el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad la única candidatura presentada para el cargo de juez de paz presentada, la de la mujer, elevando posteriormente la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, cuya Sala de Gobierno, en sesión de fecha 4 de julio de 2023, a la vista del expediente remitido y de la propuesta formulada, acordó su nombramiento, cuya toma de posesión se produjo en fecha 22 de julio de 2023. La mujer había presentado una declaración jurada en la que declaraba que su profesión de sanitaria no presentaba incompatibilidades para ejercer de juez de paz.La Fiscalía destacó también que durante el tiempo en que actuó como juez de paz, la mujer no dejó de asistir a los actos públicos del partido político al que pertenecía. Finalmente, en fecha 2 de mayo de 2025 renunció al cargo.Para el tribunal los hechos imputados al alcalde, de quien provino la propuesta del nombramiento, se enmarcan indiciariamente en el delito del artículo 405 del Código Penal que castiga «a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello». Este precepto castiga esta actuación con penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.Fortalecer el Poder JudicialEn cuanto a la mujer, la Sala considera que puede ser presuntamente imputable por el delito del artículo 406 del Código que sanciona con la misma pena de multa a «la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles».Los magistrados destacan que «los delitos cuya instrucción se acuerda van dirigidos a fortalecer la independencia del Poder Judicial, en todas sus categorías, incluidos los jueces de paz, de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho, definido por nuestra Carta Magna». Concluye que procede admitir a trámite la querella del Ministerio Fiscal porque los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos expresados, sin perjuicio de lo que resulte tras la instrucción de la causa en la fase de investigación judicial.

L'exsecretària general d'ERC ja no és aforada