Marinaleda ultima 24 viviendas sociales con alquileres de 15 a 20 euros, propiedad municipal y un modelo que reduce suelo, costes y especulación.

Con los 17.000 millones de aumento anual que ha comprometido el gobierno con la OTAN, se podrían comprar cada año 100.000 viviendas para destinarlas al alquiler social

Zaira encara en Vicálvaro un quinto intento de desahucio junto a su familia, con tres menores y sin una alternativa habitacional estable en Madrid

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha presentado su candidatura a las próximas elecciones generales con un enfoque centrado en 'Paz, casa y trabajo', destacando la necesidad de abordar la crisis habitacional en España. En una entrevista para el pódcast 'Leyendo el periódico' de 20minutos, Montero ha defendido la expropiación del uso de viviendas propiedad de fondos buitre para convertirlas en alquiler social, argumentando que el sistema actual favorece a una minoría que acumula riqueza mientras la mayoría lucha por acceder a una vivienda asequible. La política ha señalado que existen 900.000 viviendas turísticas y un millón de viviendas en manos de grandes tenedores, lo que alimenta la especulación inmobiliaria. Montero ha criticado que el Gobierno de España ha permitido que la desigualdad aumente, a pesar de las políticas implementadas para reducir el precio de la vivienda y los alimentos. Además, ha abordado temas como el Sáhara Occidental, cuestionando la política exterior de España en relación con Marruecos, y ha expresado su preocupación por el uso de Algeciras como vía para el transporte de armas a Israel. En cuanto a su paso como ministra de Igualdad, Montero ha reconocido que el movimiento feminista ha logrado avances significativos, pero ha criticado que el PSOE ha 'metido el feminismo en un cajón', considerando que el actual Gobierno no ha priorizado adecuadamente esta cuestión. Montero ha expresado que su prioridad como presidenta sería abordar la crisis habitacional y reducir la desigualdad, a pesar de los desafíos que esto supondría, incluyendo la oposición de los intereses económicos poderosos y la presión mediática. La entrevista refleja una visión crítica de la situación política actual en España, con un enfoque en la necesidad de políticas más ambiciosas para abordar problemas estructurales como la vivienda, la desigualdad y la política exterior.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha presentado su candidatura a las próximas elecciones generales con un enfoque centrado en 'Paz, casa y trabajo', destacando la necesidad de abordar la crisis habitacional en España. En una entrevista para el pódcast 'Leyendo el periódico' de 20minutos, Montero ha defendido la expropiación del uso de viviendas propiedad de fondos buitre para convertirlas en alquiler social, argumentando que el sistema actual favorece a una minoría que acumula riqueza mientras la mayoría lucha por acceder a una vivienda asequible. La política ha señalado que existen 900.000 viviendas turísticas y un millón de viviendas en manos de grandes tenedores, lo que alimenta la especulación inmobiliaria. Montero ha criticado que el Gobierno de España ha permitido que la desigualdad aumente, a pesar de las políticas implementadas para reducir el precio de la vivienda y los alimentos. Además, ha abordado temas como el Sáhara Occidental, cuestionando la política exterior de España en relación con Marruecos, y ha expresado su preocupación por el uso de Algeciras como vía para el transporte de armas a Israel. En cuanto a su paso como ministra de Igualdad, Montero ha reconocido que el movimiento feminista ha logrado avances significativos, pero ha criticado que el PSOE ha 'metido el feminismo en un cajón', considerando que el actual Gobierno no ha priorizado adecuadamente esta cuestión. Montero ha expresado que su prioridad como presidenta sería abordar la crisis habitacional y reducir la desigualdad, a pesar de los desafíos que esto supondría, incluyendo la oposición de los intereses económicos poderosos y la presión mediática. La entrevista refleja una visión crítica de la situación política actual en España, con un enfoque en la necesidad de políticas más ambiciosas para abordar problemas estructurales como la vivienda, la desigualdad y la política exterior.

El Ayuntamiento refuerza su modelo de gestión social, amplía el parque público y prevé incorporar 91 nuevas viviendas de gestión directa en 2027.

Paca Blanco, de 77 años, se enfrenta a una orden de desahucio de la EMVS tras más de diez años residiendo en una vivienda pública en la que ha intentado regularizar su situación.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha vendido cinco viviendas y un local comercial ubicados en la Calle Cubo 10 del Casco Viejo a un promotor por un total de 364.924 euros, lo que equivale a aproximadamente 60.000 euros por vivienda. La operación, anunciada en agosto, ha generado críticas por parte de la oposición política, que denuncia que las viviendas deberían destinarse a alquiler social en lugar de ser vendidas. Según el informe, las viviendas tienen una superficie de 53 metros cuadrados cada una, mientras que el local comercial cuenta con 90 metros cuadrados. Estas viviendas, que habían salido en concurso público sin éxito, fueron vendidas en bloque a la promotora Construcciones y Explotaciones Rogado, propiedad de Jose Luis Marin Cerezo. El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, se negó a dar explicaciones a las preguntas de los partidos EH Bildu y Elkarrekin, limitándose a repetir el proceso de venta sin justificar la decisión. La oposición señala que el Ayuntamiento invirtió más de 98.000 euros en rehabilitar el edificio antes de su venta, lo que consideran un gasto innecesario. Además, se critica la fecha de la venta, realizada a finales de julio, justo antes de las vacaciones de agosto, para evitar que la operación fuera notada por la ciudadanía. Vitoria-Gasteiz cuenta con una lista de espera de 16.376 solicitantes de vivienda de alquiler protegido, lo que hace que la venta de estas viviendas sea especialmente controvertida. Los críticos argumentan que el Ayuntamiento debería haber destinado estas viviendas a alquiler social en lugar de venderlas a un gran tenedor, lo que contribuye a la especulación inmobiliaria. La venta se produce en un contexto de emergencia habitacional, donde el precio de mercado es significativamente mayor que el pagado por el promotor. La oposición denuncia que el gobierno municipal está utilizando viviendas municipales para fomentar la especulación en lugar de resolver la demanda de vivienda protegida.

Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen, ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de gestionar un alquiler social o asequible para la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid. La propuesta se produce tras semanas de rechazo a otras ofertas para evitar el desahucio, incluyendo propuestas del Ministerio de Vivienda y de particulares como el músico James Rhodes. Urbagestión, administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, asegura que no compró el edificio entero sino solo la vivienda de Maricarmen y que ofreció un alquiler con un precio entre un 40 y un 50% por debajo del mercado. La empresa ha presentado una querella por difusión de imágenes de sus administradores y pide 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por denominarlos 'fondo buitre'. El Ayuntamiento de Madrid debe decidir si acepta la propuesta para incorporar la vivienda al programa Reviva, que permite a los propietarios alquilar sus viviendas a través del consistorio a cambio de beneficios como el pago de la comunidad de propietarios. Maricarmen, desde el hospital, expresó su deseo de que se elimine el problema con los fondos buitre. El caso ha generado una gran controversia social, con protestas en la puerta de su casa y una denuncia por posibles excesos policiales. El programa Reviva tiene requisitos que podrían complicar el acceso de Maricarmen, como que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la ocupación o impago de rentas en los últimos cinco años. El Ayuntamiento no ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional más allá de una hospitalización, lo que ha sido criticado por el Sindicato de Inquilinas. Urbagestión ha negado ser un 'fondo buitre' y ha presentado una querella por difusión de imágenes de sus administradores. La noticia destaca la tensión entre los derechos de los propietarios y los inquilinos, y la necesidad de reformas en la legislación de vivienda para evitar casos como el de Maricarmen.

Desalojo de madrugada en Collado Villalba: excavadora, 100 personas fuera y choque entre Ayuntamiento, Sareb, CCOO y la Asamblea de Vivienda. La madrugada del jueves 19 de febrero de 2026, con el frío...

Esta ayuda se destina a aquellas personas que tenían una hipoteca con el banco y que por ciertas circunstancias no pueden pagar dicha hipoteca y por lo tanto corren el riesgo de perder su casa Tienen...

Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen, ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de gestionar un alquiler social o asequible para la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid. La propuesta se produce tras semanas de rechazo a otras ofertas para evitar el desahucio, incluyendo propuestas del Ministerio de Vivienda y de particulares como el músico James Rhodes. Urbagestión, administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, asegura que no compró el edificio entero sino solo la vivienda de Maricarmen y que ofreció un alquiler con un precio entre un 40 y un 50% por debajo del mercado. La empresa ha presentado una querella por difusión de imágenes de sus administradores y pide 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por denominarlos 'fondo buitre'. El Ayuntamiento de Madrid debe decidir si acepta la propuesta para incorporar la vivienda al programa Reviva, que permite a los propietarios alquilar sus viviendas a través del consistorio a cambio de beneficios como el pago de la comunidad de propietarios. Maricarmen, desde el hospital, expresó su deseo de que se elimine el problema con los fondos buitre. El caso ha generado una gran controversia social, con protestas en la puerta de su casa y una denuncia por posibles excesos policiales. El programa Reviva tiene requisitos que podrían complicar el acceso de Maricarmen, como que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la ocupación o impago de rentas en los últimos cinco años. El Ayuntamiento no ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional más allá de una hospitalización, lo que ha sido criticado por el Sindicato de Inquilinas. Urbagestión ha negado ser un 'fondo buitre' y ha presentado una querella por difusión de imágenes de sus administradores. La noticia destaca la tensión entre los derechos de los propietarios y los inquilinos, y la necesidad de reformas en la legislación de vivienda para evitar casos como el de Maricarmen.

Varias comunidades, con Madrid a la cabeza, marcan ingresos mínimos para arrendar vivienda protegida que en algunos casos llegan a superar los 2.000 euros mensuales y máximos de hasta 90.000 euros.

Olga, vecina de L’Hospitalet, murió por suicidio cinco meses después de perder su vivienda. Su familia pide aclarar qué falló durante el proceso.