El líder indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales fue asesinado el sábado 1 de agosto en un establecimiento comercial de Florida, Valle del Cauca, en un ataque armado que también resultó en la muerte de su escolta y un comunero. Este hecho representa la masacre número 78 registrada en Colombia durante 2026 según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), elevando el total de líderes sociales asesinados a 88. El contexto del crimen se ubica en un área marcada por conflictos entre grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo, quienes generan amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad. La Defensoría del Pueblo había alertado previamente sobre el riesgo en la zona. La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció una recompensa de 50 millones de pesos para identificar a los responsables, mientras que la Alcaldía de Florida y la gobernación del Valle rechazaron los hechos y dispusieron investigaciones. La senadora Aída Quilcué exigió acciones rápidas contra los autores y el fortalecimiento de mecanismos de protección para liderazgos sociales.