Varias menores migrantes acogidas en Ceuta denuncian golpes, insultos, amenazas y trabas médicas. La Fiscalía ha remitido los casos al juzgado.

En Cataluña, más del 95% de los menores tutelados residen en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) gestionados por entidades privadas, dejando solo siete centros bajo gestión pública directa. Esto implica que 2.999 de los 3.120 niños y adolescentes en estas instalaciones dependen de organizaciones externas, donde las condiciones de trabajo de los educadores sociales suelen ser duras: salarios bajos, turnos largos y responsabilidades que incluyen tareas ajenas a su labor educativa, como limpieza o cocina. Esta situación genera inestabilidad laboral y dificulta el vínculo entre los menores y sus cuidadores, afectando directamente a su desarrollo. Los CRAE públicos, en cambio, disponen de mejores recursos, instalaciones, transporte y actividades, lo que evidencia una desigualdad significativa entre centros públicos y privados. Además, los niños más pequeños, menores de seis años, siguen residiendo en CRAE pese a las recomendaciones de colocarlos en familias de acogida. El Departamento de Derechos Sociales propone reducir el tamaño de los centros y aumentar la atención especializada, pero la mayoría de las plazas continúan externalizadas. Organizaciones como Resilis, Suara, Eduvic y ACTUA gestionan un tercio de los centros privados, y los educadores alertan del aumento de problemas de salud mental entre los menores y de la falta de personal cualificado para atenderlos. La masificación y las diferencias entre centros generan un impacto directo en la protección y educación de los niños y adolescentes.

La Fiscalía desmonta el relato fácil sobre los menores migrantes y aclara por qué la violencia crece, sobre todo, a su alrededor; en Canarias. La escena se ha repetido demasiadas veces en España: lleg...