En su columna, el economista Víctor Gómez Ayala analiza los desafíos que enfrenta México para atraer inversión privada, destacando el concepto de restricción de compatibilidad de incentivos y la inconsistencia temporal de las políticas públicas. Explica que un gobierno puede anunciar medidas favorables a la inversión, pero si los inversionistas anticipan que mañana las condiciones cambiarán y el compromiso se romperá, la señal pierde credibilidad y las decisiones de inversión se posponen o cancelan. Los datos del INEGI confirman la gravedad: la inversión acumula 18 meses consecutivos de caídas anuales, con una baja del 2.6% en la privada y 17% en la pública durante 2025, impactando negativamente el crecimiento y el empleo formal, con pérdidas de casi 35,000 patrones ante el IMSS entre 2025 y 2026. Aunque el gobierno actual ha presentado iniciativas positivas como el Plan de Infraestructura 2026-2030, contratos mixtos en energía eléctrica, exploración de gas no convencional y el Plan México para simplificar trámites, estas no bastan si no se cumplen condiciones institucionales clave. El autor enfatiza la necesidad de certidumbre jurídica, predictibilidad en el entorno tributario y mejoras en seguridad pública para que los costos de desviarse de los compromisos superen los beneficios. La revisión del T-MEC añade incertidumbre externa. En conclusión, para que la agenda de apertura genere resultados plenos se requiere reducir la incertidumbre institucional, anclando las expectativas de largo plazo de los inversionistas privados, que representan cerca del 20% del PIB.